miércoles, 16 de noviembre de 2016

noviembre 16, 2016
MÉXICO | 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
Carta a La Jornada | Guadalupe Lizárraga

Mireya Cuéllar, Directora de La Jornada de Baja California

A la Opinión Pública

Estimada colega,

Me dirijo a ti con el respeto y admiración que merece tu trabajo en calidad de directora general de La Jornada de Baja California, para solicitarte de la manera más atenta puedas considerar la publicación de esta misiva en tu prestigiado espacio. Apelo a la confianza y honestidad que brinda tu trabajo periodístico, ya que el pasado 11 de noviembre fuiste testigo de calidad, en la violación de mi libertad de prensa cuando dos agentes ministeriales de la PGR allanaron un recinto de la UABC e intentaron llevarme a declarar sobre mi trabajo periodístico porque no coincidía con la versión oficial proveída por Isabel Miranda Torres, mientras desarrollábamos un evento de derechos humanos para crear la Comisión Internacional de Justicia y Verdad en México impulsada por el Frente Refundación.

El propósito de este comunicado es responder puntualmente a la versión inverosímil y contra toda lógica de Miranda Torres, la cual te hace llegar a través de una misiva con la misma táctica manipuladora sobre el caso Wallace. Pero ya es tiempo que México apueste por la verdad y la justicia y cerremos filas a la impunidad de quienes han secuestrado las instituciones en nuestro país, y exijamos el debido proceso para las verdaderas víctimas.

La periodista Guadalupe Lizárraga padeció acoso por parte de funcionarios de la PGR, quienes acudieron a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para entregarle un citatorio. La comunicadora, quien en ese momento participaba en un foro sobre derechos humanos, no aceptó el documento, pues el segundo apellido no correspondía con su identidad. “Yo no soy Guadalupe Lizarraga Montoya, ni si quiera saben quien soy y vienen aquí a acosarme, a hostigarme, a meterme miedo ¿De que? (…) Ustedes no son bienvenidos a este espacio, este es un espacio del periodismo independiente y aquí la señora Wallace no tiene nada que hacer”, enfatizó.

Me aboco al contenido de su misiva. Isabel Miranda Torres, quien ya no es “de Wallace” ni el apellido responde a su identidad oficial, después de saludarte te dice que te pondrá “en conocimiento de la realidad sobre el secuestro y muerte de su hijo” y menciona “los once largos años indignantes porque no han recibido sentencia sus inculpados”.

En este primer punto, sólo quiero destacar que la señora Miranda en efecto ha tenido once largos años pero gozando los privilegios gubernamentales que obtuvo por la fabricación del caso, y no sólo ha sido escuchada, acompañada, premiada, y compensada por mentir a México, sino también ha abusado del poder político cometiendo graves crímenes, incluso de lesa humanidad como es la tortura y el encarcelamiento injusto de siete personas, de acuerdo a lo suscrito por México en el Estatuto de Roma, en su artículo 7º.

Llama la atención que después de tantos años todavía quiera informar de su realidad a un medio como La Jornada, que ha registrado sistemáticamente la historia de violaciones de derechos humanos en nuestro país, y específicamente te quiera informar sobre el presunto secuestro, con detalles grotescos y desordenados lingüísticamente con respecto a los hechos reales ampliamente argumentados y denunciados por las defensas de las víctimas.

Durante todos estos años, Miranda ha desplegado todo tipo de recursos por mantener la mentira del hijo muerto, ha comprado espacios en los medios de comunicación, ha pagado entrevistas a modo, ha usado los espectaculares de su empresa Showcase Publicidad para incriminar a los inocentes en violación flagrante al derecho de presunción de inocencia y ha usurpado facultades exclusivamente judiciales. ¿Quién no sabe la versión de Isabel Miranda Torres, alias “la señora Wallace”, si Televisa era su sede? Si precisamente es lo que le ha permitido escalar en las elites del poder, pese a su nula formación profesional y capacidad política para los asuntos públicos.

El 31 de mayo de 2014, publiqué en Los Ángeles Press una serie de ocho reportajes sobre evidencias de rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda / Hugo Alberto Miranda Torres. En dicha investigación presenté conjuntamente con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, dirigida por David Bertet, documentos oficiales tramitados a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres años después de su supuesta muerte, evidencias de gastos realizados con su tarjeta de crédito, declaraciones ante el Ministerio Público en el que cuatro personas cercanas sentimentalmente a Hugo Alberto reconocieron su voz en una conversación telefónica grabada el 1 de noviembre de 2005, posterior a su supuesta muerte; recogí también siete testimonios de personas que lo vieron en años recientes en el estado de Guerrero, y la increíble acta de defunción que obtuvo Miranda y en la que se indicaban causas y hora de muerte pese a que nunca tuvieron un cuerpo. Describí también las inconsistencias periciales de la muestra de ADN que presentó Miranda como única evidencia pericial del supuesto crimen, descalificada incluso por forenses internacionales, porque resultó ser una muestra de sangre de su hija concebida con Enrique Wallace Díaz, padrastro de Hugo Alberto. Incluso, mucho menos pudo sostener Miranda Torres la versión –un tanto psicópata, por cierto– del desmembramiento del cuerpo con una sierra eléctrica en el minúsculo baño del apartamento de la acusada Juana Hilda González Lomelí. De ese nivel fueron las inconsistencias y falacias en la fabricación de caso Wallace.

Asimismo, publiqué entrevistas que hice a los familiares de las víctimas y testimonios directos de éstas de haber sido torturadas para su autoincriminación, en los que afirmaron además que en algunas sesiones de tortura fueron presenciadas directamente por Miranda, como fue en el caso de César Freyre y los hermanos Castillo. Más aún, obtuve el testimonio de un custodio de penal que tuvo que huir para salvar su vida, después de confirmar lo que decían los inculpados.

No obstante, la Procuraduría General de la República ignoró por completo mi investigación y siguió favoreciendo a Miranda en un claro sesgo de parcialidad en la investigación del caso. Más aún, abrió una investigación previa en mi contra, por órdenes de Miranda, porque mi trabajo periodístico no coincidía con su “versión oficial”. En tanto los familiares de las víctimas pusieron una denuncia en su contra por todos hechos ya mencionados y también fueron hostigados, e ignorados.

Continuando con su misiva, Miranda Torres te recuerda el papel que debe jugar un medio según su entendimiento, y menciona “informar de forma fidedigna, objetiva y con pruebas”. Un punto de vista corto de miras y precario de conocimiento sobre todo para la experiencia mexicana, pero por demás opinión sin fundamento porque tú misma como periodista produjiste la evidencia videográfica más contundente de la violación a la libertad de prensa y a la autonomía universitaria el pasado viernes.

Además, un medio de información, bien lo sabes tú por tu destacada experiencia editorial, puede contribuir a reconstruir el Estado de derecho en una nación fracturada por la corrupción y la impunidad del poder y sus cómplices. Puede incluso ayudar a salvar vidas y liberar las que se encuentran en cautiverio por investigar y denunciar faltas al debido proceso. La calidad de un medio de comunicación se construye con el ejercicio diario de los derechos y libertades de la ciudadanía, entre estos el derecho a informar y ejercer un periodismo independiente sin riesgos. Sin embargo, el reciente acoso del que fui objeto por parte de la PGR evidencia la negación de estas libertades por la fractura del Estado de derecho y sus instituciones.

Posteriormente, Miranda brinca al tema de Brenda Quevedo Cruz quien fue torturada dos veces dentro de los penales, y reitera la relevancia de que sepas que huyó del país después de que fue acusada del secuestro de su hijo, como si eso fuera lo más relevante del caso. ¿Quién no huye de las instituciones judiciales en México conducidas por la corrupción? ¿Quién no quiere salvar su vida? Miranda violó el derecho de presunción de inocencia de los inculpados y utilizó sus propios medios para legitimar la fabricación del secuestro a través de los espectaculares donde exhibió como secuestradores a seis jóvenes, quienes fueron detenidos, torturados y sentenciados a más de cien años de cárcel por un crimen que nunca sucedió.

En cambio, su hijo Hugo Alberto huyó por conflictos con los cárteles de la droga, de acuerdo al testimonio dado al Ministerio Público de dos mujeres que habían sido sus novias y que ambas además reconocieron la voz grabada de él en un celular el 1 de noviembre de 2005, cuando su supuesto secuestro y muerte se habían perpetrado el 11 de julio de ese año. Estas mujeres son Geazul Ponce Juliá y Vanesa Bárcenas, quienes declararon el 14 y 15 de noviembre ante el Ministerio Público que Hugo Alberto traía problemas con Ricardo Escoto, el zar de la publicidad exterior, y con grupos narcotraficantes. Aparte de ellas, la empleada doméstica Isabel Neri Lujano y el chofer de Hugo Alberto, Luis Antonio Sánchez, identificaron también su voz en la conversación grabada en el celular y así lo declararon ante el MP ese mismo 14 de noviembre.

Miranda ahora se pregunta, “si Brenda no es culpable, ¿por qué huir?” Nosotros nos preguntamos, si Isabel Miranda ama a su hijo como dice, ¿por qué lo quiere muerto, si le estamos dando evidencias de que está vivo? Si ella denunció el secuestro y homicidio en 2005, ¿por qué el acoso y la represión para acallar la verdad sobre un crimen que no sucedió? ¿No debería estar feliz como madre ante la posibilidad de volver a ver a su hijo?

Respecto al juicio de extradición de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, Isabel Miranda Torres cometió perjurio contra la Corte de Chicago, al presentar documentos apócrifos para negar que su hijo tuviera antecedentes penales, cuando había sido consignado en 2001 por contrabando, y ella en 1998 por intento de homicidio. Historias bastante difundidas por las redes sociales y algunos medios de comunicación. Al respecto, incluso, yo misma puse la denuncia ante las autoridades migratorias de Estados Unidos por ese delito de Miranda y presenté las pruebas, mismas que te adjunto con la presente misiva.

Miranda miente de nuevo con respecto a la abogada Ámbar Treviño. Ella no “terminó en la cárcel”, Miranda la acusó de falsificación de documentos, acostumbrada a lo que ella misma hace, y se libró una orden de aprehensión contra la abogada, quien estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010. El Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos y le dictó el auto de libertad –el 6 de mayo– bajo el Exhorto Número 67/2010 del Juez Decimoquinto de Procesos penales “por falta de elementos para procesar en favor a Ámbar Treviño por los antijurídicos de falsificación de documentos”. Te adjunto enlace.

La siguiente mentira de Miranda Torres es que le aplicaron dos protocolos de Estambul a Brenda para determinar si había sido torturada y que el resultado fue negativo. Miente. Lo que se le aplicó a Brenda fue una valoración psiquiátrica por parte de la CNDH en la que se determinó en su primera fase que sí había sido torturada:

“La agraviada estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte, o un amenaza hacia la integridad física de ella o de otros… Refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Así mismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos”. Termina la cita.

Sin embargo, no se concluyó el examen por interferencia de la misma Miranda. Por gestión de los familiares de la inculpada Brenda Quevedo se le aplicó un segundo examen, ya propiamente el Protocolo de Estambul, pero estuvo a cargo de la PGR (institución a modo de Miranda) y concluyó que era negativo.

La última mentira en esa misiva de Miranda es respecto a la computadora de Brenda donde dice que encontraron fotografías de “Hugo Alberto vendado”. La realidad es que en febrero de 2006, varios agentes ministeriales allanaron la casa de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda, llevándose la computadora de su hija pese a que ésta ya no vivía con ella. Un año y siete meses después, en 2008, la PGR presentó las fotografías atribuyéndoselas al disco duro de la computadora de Brenda, y argumentando que era una evidencia contundente del secuestro de Hugo Alberto.

Respecto a mi persona, Isabel Miranda se refiere como “una señora de nombre tal …” y que digo una “sarta de tonterías”. Tengo más de veinte años ejerciendo el periodismo independiente, con estudios de doctorado en Humanidades y una maestría en Periodismo en España, fui entrenada en el Mental Research Institute de Palo Alto, California, para trabajar con las víctimas de violencia institucional y doméstica a través de la narrativa periodística. Actualmente estudio el segundo año de maestría en Psicología en Sofia University de California. No soy ninguna improvisada, ni en periodismo de investigación ni en el trato con las verdaderas víctimas. Y mi trabajo lo hago con absoluta responsabilidad y compromiso con la verdad.

Lo que no alcanza a entender Isabel Miranda es que la defensa de mi libertad de prensa y mi derecho a informar no es “miedo a declarar” a las instituciones judiciales que ella manipula. La Corte de California es un espacio neutral para dilucidar si mi trabajo periodístico falta a la verdad y profesionalismo, ya que mi residencia y mi medio están basado en este estado. Porque La única forma de reconstruir el Estado de derecho que personas como Miranda han fracturado es ejerciendo estas libertades, dentro y fuera de México.

Las pruebas de la falsedad del caso se han presentado ante la PGR y ante el juez que lleva la causa penal. Son ellos los que tienen que hacer ahora su trabajo conforme a Derecho; yo ya cumplí el mío al hacer la investigación de manera independiente.

Agradezco la atención a la presente, y celebro esta libertad de expresión que brinda La Jornada de Baja California en medio de tanta oscuridad en nuestro país.

Guadalupe Lizárraga
Escritora y periodista independiente

Los Ángeles Press