viernes, 22 de abril de 2016

abril 22, 2016
MÉRIDA, Yucatán, 22 de abril 2016.-La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) inició una queja, a petición de ocho padres de familia de una escuela secundaria de Chichimilá que señalan que sus hijos fueron revisados y desvestidos durante una “operación mochila”.

El Presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud informó que el día de ayer jueves se recibió la queja de ocho padres de familia en la delegación de Valladolid, la cual será calificada como presunta violación a derechos humanos.

Además, informó que se emitió una medida cautelar para que las autoridades se abstengan de realizar este tipo de hechos, en tanto se resuelve el asunto.

El ombudsman José Enrique Goff Ailloud dijo que la "operación mochila" sólo es permitida en circunstancias de riesgo y con anuencia de los padres de familia, pero bajo ninguna circunstancia se debe desvestir a los menores.

Como primeras acciones, además de la medida cautelar, se solicitará informes de los hechos a la autoridad municipal de Chichimilá así como a la Secretaría de Educación del Estado.


Goff Ailloud precisó que acciones como la “operación mochila” pudieran contravenir el Artículo 16 Constitucional que señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia o posesiones sin algún mandamiento por escrito que funde o motive la legalidad del procedimiento.

Este tipo de actos pudiera crear ambientes hostiles en las aulas e inhibir la asistencia regular a la escuela y de aprender en un ambiente de respeto a su integridad y dignidad.

Sin embargo, Goff Ailloud dijo que acciones como operación mochila, pudieran ser consideradas cuando esté en riesgo la salud, integridad física, personal o vida de los estudiantes.

Precisó que actividades de esta naturaleza, se podrían realizar de manera temporal y cuando se cuente con la anuencia de los padres y madres.

Además, que estas acciones extraordinarias debieran realizarse por el personal docente de manera conjunta con la sociedad de padres de familia.

El Ombudsman afirmó que bajo ninguna circunstancia se deben desvestir a los menores pues atentan contra su dignidad.

Consideró necesario personalizar más la educación, de manera que los profesores conozcan de nombre y apellido a los estudiantes y cuando exista sospechen de alguna conducta inapropiada ley por parte de un alumno, se debe dar aviso a los padres y madres de familia a fin de tomar medidas correctivas e inhibir que continúen.