CIUDAD DE MÉXICO, 16 de enero.- El pleno del primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, con sede en Jalisco, revocó la sentencia que benefició a Rafael Caro Quintero, el cual fue dejado en libertad en agosto de 2013. Y ordenó declarar a los ex líderes del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, penalmente responsables del secuestro y homicidio del agente antidrogas estadunidense, Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quienes fueron ejecutados en febrero de 1985.
El órgano judicial informó también, que Ernesto Fonseca Carillo, a pesar de ser un adulto mayor, no le concede la sustitución de la pena carcelaria por una medida de seguridad como podría ser la prisión domiciliara y deja esta decisión en manos del segundo tribunal unitario decidir si otorga este beneficio.
Como se recordará, Rafael Caro Quintero salió de prisión en 2013 tras haber ganado una resolución judicial en la cual se consideró que las acusaciones por secuestro y homicidio del agente antidrogas y el piloto mexicano, habían sido puestas a consideración de una autoridad incompetente.
La PGR señaló en su momento que los órganos judiciales no le notificaron a tiempo los beneficios otorgados a Caro Quintero y éste tuvo al menos ocho horas para evadirse.
Este viernes, el primer tribunal colegiado referido informó que, en cumplimiento de la resolución dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró a Rafael Caro Quintero penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado, y pidió individualizar la pena, esto es, establecer los grados de participación en que haya incurrido en ambos delitos, en colaboración con Ernesto Fonseca Carrillo.
La resolución del colegiado deja firme y vigentes todas las absoluciones decretadas en favor del narcotraficante en el caso del delito de asociación delictuosa y contra la salud.
También se mantiene el sobreseimiento decretada en el proceso, por el delito de privación ilegal de la libertad de los campesinos que laboraban en los ranchos “El Búfalo”, “Los Juncos” y “Montesco” ubicados en los municipios de Jiménez, Coyame y Julimes, del estado de Chihuahua. (La Jornada / Excélsior)
