viernes, 16 de enero de 2015

enero 16, 2015
Dr. Alfonso de Jesús Peniche Manzano

Hace unos días, sin mediar razón, la secretaria de Fernando Rivas, responsable de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en Yucatán (SSY), comunicó a Antonio Plascencia Gómez, dermatólogo del Centro Dermatológico, que por indicaciones superiores al día siguiente ¡ya no se presentara a trabajar! Así de simple, así de informal como irregular la manera de transmitir una orden de esta naturaleza a un trabajador de la salud, así se las gastan las “respetuosas” autoridades de Salud estatal. Pero ¿qué dio pie a este despido tan irregular como fulminante, ilegal y abusivo?

A últimas fechas, el doctor Plascencia Gómez, dentro de sus inquietudes, preocupaciones y motivaciones por aportar su punto de vista a favor de nuestro Estado, inició una serie de publicaciones en el Diario de Yucatán y en la redes, en específico Facebook, de bastante interés político social, de actualidad y bien documentadas, que generaban múltiples comentarios.

Su estilo cuidadoso, entendible y bien relatado empezó a causar escozor a ciertos funcionarios del gobierno del Estado que no entienden que la libertad de expresión no es una dádiva sino un logro conseguido desde hace muchos años con sufrimiento, cárcel y sangre, y que hoy por hoy, en la mayor parte del mundo, es un derecho constitucional y México no es la excepción.

Toño, como afectuosamente le decimos al doctor Plascencia Gómez, en últimas fechas se interesó en el caso de las “Abuelas de la Plaza Grande”, un grupo importante de la tercera edad defraudado por una familia que en conjunto estafó a 800 personas con más de 500 millones de pesos a través de sus cajas de ahorro, que resultaron ser un fraude.

Pese a que hay más de 196 demandas ante la Fiscalía General del Estado, nomás no se ha hecho justicia a estas 800 personas que perdieron los ahorros de su vida laboral y otros inclusive perdieron la vida por el coraje por este fraude bien maquinado y la nula respuesta del gobierno ante la demanda justa de gente bienintencionada que creyó en dichos hampones.

Pues bien, ante el interés de Toño, éste se adentró más en el problema y averiguó lo arriba narrado en forma muy sucinta y empezó a escribir artículos al respecto; poco a poco fue jalando el hilo de la madeja, llegando a encontrar que si esto no avanza es porque detrás de estos hampones hay funcionarios de primer nivel del gobierno del Estado que antes de serlo se embarraron, asesoraron o pidieron prestado grandes cantidades de dinero, sin que hasta la fecha haya pruebas de que las hubieran devuelto.

Pero la gota que derramó el vaso fue una publicación reciente en el Diario intitulada “Yucatán, sin balas pero con impunidad”. En ella -recomiendo su lectura- el autor da nombres de funcionarios estatales de primer nivel, menciona el tejemaneje de los dueños de la caja de ahorro, de la “a” a la “z”, así como la burla de la que han sido objeto las “Abuelas de la Plaza Grande”; prácticamente el doctor desnuda a los implicados en este mayúsculo fraude.

Y es aquí cuando surge la orden canalla, cobarde de quien sin dar la cara mandó el cese, como mencioné al principio, absurdo, ilegal, cobarde y retrógrado.

Acude al licenciado Alberto José Ek Canché, jefe del Departamento de lo Contencioso Laboral de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SSY, quién palabras más palabras menos le dice que con su forma de pensar y escribir, “¿cómo quiere que lo sostengan laborando allí?”, mostrándole a la vez recortes del Diario y copias de Facebook con publicaciones anteriores y recientes.

Una vil canallada si partimos de que su cese se da no por su desempeño profesional, sino por su libertad de expresarse; se da, en pocas palabras y entendiendo al licenciado Ek Canché, por no ser priIsta y punto.

Ningún funcionario de mayor jerarquía ha querido dar la cara ante este atropello a los derechos humanos y constitucionales de este joven profesional. No dudo que le estén cocinando un expediente negativo, pero podría serles contraproducente. Más les valdría entender que Toño da sus conocimientos médicos a la población abierta y de ninguna manera, cuando empezó a laborar allí, vendió su conciencia. ¿Acaso todos los trabajadores de la Secretaría de Salud deben ser necesariamente priistas?

Este atropello abre más las consciencia cívica de los ciudadanos, de los compañeros profesionales y de trabajo, así como de la sociedad que por las redes repudian este acto de represión y exigen su reinstalación inmediata.

Mientras en París el domingo 11 más de un millón de personas llenas de emoción se volcaron en una manifestación reivindicando la libertad de expresión, la tolerancia y la democracia, valores de la República francesa, en Mérida Yucatán dichos valores se reprimen y, lo peor, lo auspician funcionarios en el poder contra ciudadanos con valor que se atreven a denunciar al sistema corrupto y corruptor, so pena de dejarte sin empleo y todo lo que ello conlleva.

Hoy fue el doctor Plascencia Gómez, mañana ¿quién? Las elecciones que se avecinan son un momento propicio para ejercer la sanción social. Ciudadano, tú tienes la palabra.- Mérida, Yucatán.