La bancada del PRI en la Cámara de Diputados está marcada por la ilegalidad electoral, ya que 104 de sus 164 legisladores de mayoría, es decir 63%, obtuvieron la representación violando la ley al rebasar el tope de gastos de campaña.
Esa mancha, al ser el priísta el grupo parlamentario más numeroso, se traslada a la Cámara en general, porque de los 300 diputados de mayoría que integran la actual legislatura federal 116, es decir 39%, hicieron trampa para llegar a su asiento.
No es poca cosa lo que concluyó el dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE en su auditoría a los gastos de las campañas federales de 2012. El proceso produjo un Congreso con poca legitimidad y su bancada más grande, la priísta, es resultado de la ilegalidad. 48% del grupo se excedió en el gasto, pero si consideramos que de los 213 diputados de ese partido 104 violaron la ley y otros 49 llegaron por la vía plurinominal y por lo tanto son beneficiarios de la trampa original, llegaríamos a 71% de los representantes tricolores beneficiados por el chanchullo.
Llama la atención que en los 40 distritos federales del Estado de México todos los candidatos del PRI gastaron más de lo permitido y que los que más rebasaron el monto, con excesos superiores a un millón de pesos por cabeza, fueron seis de los siete aspirantes priístas de Hidalgo: José Antonio Rojo, Emilse Miranda, Dulce María Muñiz, Darío Badillo, Mirna Hernández y Francisco González. (La lista completa se puede consultar en www.carlosloret.com)
Los politólogos hablan de calidad de la democracia. Este dictamen pinta un triste panorama en ese rubro. Pocas legislaciones electorales en el mundo son tan estrictas como la nuestra pero pocos contendientes en el mundo tienen un costal de mañas tan grande como los nuestros.
El gasto total de los partidos en el proceso, incluyendo la elección presidencial, fue de 2 mil 572 millones de pesos y hubo un rebase total de 108 millones de pesos.
Los que más violaron los límites fueron la coalición encabezada por el PRI, con 58 millones, y la encabezada por el PRD, con 48 millones. El primero y segundo lugar en la contienda presidencial rompieron las reglas. La consecuencia: una multa que pagarán con dinero que obtienen del erario y a seguirle.
El estilo de contabilidad de los partidos que postularon a Peña Nieto contrastó con el de los que presentaron a López Obrador: los primeros acumularon los gastos en sus campañas de diputados, por lo que al final aparecieron sin rebase del tope en la presidencial y con 179 candidatos a diputados gastando en conjunto 58 millones más de lo permitido (sólo 104 ganaron). Los del Movimiento Progresista concentraron sus erogaciones en la presidencial y por eso AMLO tuvo un exceso de 46 millones mientras que sólo once candidatos al Congreso tuvieron rebase.
Lo cierto es que ambos bandos torcieron la ley sabiendo que todo queda en sanciones mínimas. Ya se habla de una reforma electoral más. Difícil creer que ahora sí los partidos se amarrarán las manos.
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