jueves, 21 de julio de 2016

15:39:00
MÉRIDA, Yucatán, 21 de julio.- Defender los derechos humanos requiere de una constante transformación y decidido compromiso de todos: sociedad y autoridades porque en todos recae la gran responsabilidad de difundir la cultura de la legalidad, respeto a las instituciones y la defensa de las herramientas que nos hagan una sociedad más justa, afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez.

Al firmar el convenio entre el Congreso del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y la minuta con organizaciones civiles para poner en marcha el Código de Conducta que fortalecerá las acciones de apoyo e intervención en comunidades mayas, la legisladora elogió la labor conjunta que actualmente se aborda en torno al tema.

Veintinueve organizaciones civiles que participan en la Fundación del Mundo Maya, luego del trabajo con 13 comunidades rurales, establecieron compromisos para la adopción de conductas apegadas a garantizar el respeto de los derechos humanos.

Acompañada del ombudsman estatal, José Enrique Goff Ailloud y diputados de diferentes fracciones, la legisladora firmó en primera instancia un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), que incrementará la colaboración para fortalecer el marco jurídico de nuestra entidad.

En evento celebrado en la sede del Legislativo, también se firmó la citada minuta que involucra a 29 organizaciones civiles que participan en la Fundación del Mundo Maya que, luego del trabajo con 13 comunidades rurales, establecieron compromisos para la adopción de conductas apegadas a garantizar el respeto de los derechos humanos, tema de gran trascendencia al que se suma el Congreso del Estado para su aplicación y difusión.

Con este Código se buscará crear una cultura de respeto a la igualdad y la no discriminación, a través de la adopción de conductas apegadas a dignificar y garantizar los derechos de los integrantes de las distintas comunidades mayas en suelo yucateco.

Al abundar sobre el convenio entre el Congreso y la Codhey, Rivas Rodríguez elogió el acuerdo pues será vital para capacitar, fomentar, difundir  y fortalecer el respeto a  las garantías individuales, por lo que "caminar juntos tendiendo lazos institucionales es el principio para alcanzar todos aquellos objetivos que provean justicia y paz social.

"Este Congreso está legislando de manera continua para adecuar y crear leyes que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos. Ante ello, nos hemos abocado a las que permitan mejores condiciones en materia de salud, igualdad y equidad entre mujeres y hombres, atención a víctimas de los delitos y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres", subrayó.

En torno al segundo acuerdo relacionado con las comunidades rurales, reconoció el apoyo de las instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan sin descanso en favor de los derechos humanos, por lo que resaltó la firma de la minuta, pues "esta lucha estaría incompleta si no aplicamos medios normativos que abonen a esta tarea conjunta".

El Código de Conducta para la intervención en comunidades rurales o urbanas por parte de organizaciones civiles y que a partir de este día oficializa su aplicación, se basa en cinco ejes rectores: la comunicación, empatía, austeridad, igualdad y honestidad, temas que se consideraron trascendentales al hablar de derechos humanos.

"De nueva cuenta sumamos voluntades y en esta ocasión en coordinación con la Comisión Estatal, daremos continuidad a una labor para el fortalecimiento del marco jurídico de los Derechos Humanos en Yucatán", reiteró.

El ombudsman, Goff Ailloud reconoció la labor y voluntad del Poder Legislativo que, mediante la generación de diversas acciones ha implementado varias iniciativas de ley orientadas a cumplir con las exigencias sociales necesarias para proteger y hacer respetar los derechos humanos de todas las personas.

"No podemos realizar esfuerzos aislados o dispersos, debemos aprovechar las enormes capacidades de los individuos, de las familias, el sector empresarial y las asociaciones civiles para brindar atención a los problemas de nuestras comunidades", coincidió.

En ese sentido también destacó el trabajo y esfuerzo de la Fundación Haciendas del Mundo Maya pues "el respeto de los derechos humanos de las comunidades rurales y urbanas mayas no es un asunto que sólo competa a las autoridades, sino un compromiso de todos".

Carola Diez, directora de Fundación Haciendas del Mundo maya, señaló el trabajo comunitario da la oportunidad de contribuir a la sociedad en la que queremos vivir por lo que resaltó el esfuerzo de quienes, con un trabajo profesional, trabajan para revertir la pobreza, mejorar las condiciones de salud y los servicios en las comunidades mayas.

Las prácticas de carácter humano son vitales, por ellos los códigos de conducta para intervenir en lo técnico y pero también en lo personal con los habitantes de las comunidades mayas son trascendentales.

En torno al tema, Pedro Gamboa, de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, indicó que el proyecto que dio paso al Código de Conducta es el resultado de diversas mesas de trabajo en 13 comunidades durante seis meses, por lo que resaltó que se incluyan aspectos culturales y sociales, que beneficiarán a los habitantes.

Estuvieron presentes los diputados, Elizabeth Gamboa Solís, Verónica Camino Farjat, Antonio Homá Serrano, Jesús Quintal Ic, María del Rosario Díaz Góngora, Evelio Dzib Peraza, Manuel Argáez Cepeda y Enrique Febles Bauzá.

Asimismo, René Contreras Manzanilla, de la unidad de proyectos sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Baltazar Suárez Solís, subdirector del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), Guillermo Marín González, representante de la Fundación del Empresariado Yucateco A.C. (FEYAC), y Carlos Martín Briceño, director de Fundación Bepensa.