miércoles, 7 de agosto de 2013

agosto 07, 2013
MÉXICO, 7 de agosto.- Será un tribunal federal el que determine si la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación está obligada a verificar, antes de aprobar la exhibición y comercialización de películas cinematográficas, “si se respeta la vida privada de las personas cuya imagen se exhibe”.


Y es que, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó en votación dividida (tres a dos) ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo presentado por Víctor Daniel Reyes Bravo, quien demandó a los productores de la cinta Presunto culpable, ya que no autorizó la filmación de su persona durante el juicio referido, ni que se utilizara su imagen para presentarla en público.

Reyes Bravo fue primo de la víctima de homicidio y el único testigo de la comisión del delito, tema central de la película.

La cinta se estrenó el 18 de febrero de 2011.

Al responder la demanda, Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación señaló que la exhibición de la cinta estuvo apegada a la ley.

El juez de distrito dictó sentencia el 29 de febrero de 2012 y consideró que la autoridad responsable tenía la obligación de verificar, previamente a emitir las autorizaciones respectivas , si se infringía el derecho del quejoso a su vida privada.

La mayoría de ministros consideró que el determinar si la Dirección referida tiene la obligación de verificar si las cintas respetan la vida privada de las personas cuya imagen se exhibe, “no de trascendencia jurídica, debido a que se reduce a temas de legalidad”.

Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Alberto Gelacio Pérez Dayán resolvieron enviar el asunto al tribunal colegiado para que resuelva el asunto; en contra votaron, Fernando Franco y Sergio Valls Hernández. (Jesús Aranda para La Jornada)

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