martes, 1 de julio de 2014

julio 01, 2014
PARÍS, 2 de julio.- El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ha sido imputado hoy por «corrupción activa», tráfico de influencias y encumbrimiento de la violación del secreto profesional.

El anuncio de la fiscalía a la prensa llegó en un comunicado después de que Sarkozy pasara quince horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un exjefe de Estado francés.

(Foto Repubblica)

El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150,000 euros (205,000 dólares) de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.

En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han sido imputados hoy su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.

Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión.
Escándalo histórico

Por vez primera en la historia de la V República, un expresidente fue detenido ayer por la mañana y trasladado a los locales de la Oficina Central para la Lucha contra las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, en Nanterre, al oeste de París, para intentar esclarecer su posible implicación en un escándalo de escuchas telefónicas y tráfico de influencias.

Tras declarar durante más de quince horas, pasó a disposición del juez de instrucción, ante el que fue trasladado para prestar declaración. El magistrado inculpa al expresidente por «corrupción activa, tráfico de influencias y revelación de secretos». Posteriormente deberá decidir sobre su puesta en libertad con cargos o su eventual ingreso en prisión, con o sin fianza.

Dos jueces instructores y la Policía Judicial sospechan que Sarkozy y su abogado pudieron beneficiarse de las filtraciones de dos magistrados amigos, que les habrían comunicado informaciones sensibles sobre la instrucción de otros escándalos en los que está implicado el expresidente. Algunos medios hablan de una «red de topos», instalados en el corazón de la magistratura, consagrados a informar discretamente a Sarkozy sobre la evolución procesal de varios casos que le afectan

El interrogatorio de Sarkozy no comporta culpabilidad. Pero parece subrayar unas sospechas de final imprevisible. El expresidente es interrogado en el marco de una investigación sobre posible «tráfico de influencias» y «violación del secreto de la instrucción».

En la noche del lunes, los inspectores de la PJ registraron los despachos y detuvieron, de manera provisional, sin cargos, al abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y a dos magistrados del Supremo, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, que pasaron la noche del lunes al martes en una celda especial de la OCLCIFF. Según varias fuentes fiables, Herzog ha sido inculpado de posibles delitos relacionados con la violación de secretos de instrucción.

Sarkozy se considera víctima de un «acoso judicial sin precedentes», que comenzó el 2013, cuando la fiscalía parisina ordenó a la policía pinchar, poner bajo vigilancia y escucha secreta, todos los teléfonos personales del ex presidente.

Sarkozy considera ilegales unas escuchas que han sido prolijamente filtradas a la prensa, con revelaciones de cierto alcance político y jurídico. La filtración del contenido de conversaciones privadas, grabadas por orden judicial, puede ser un delito de violación del secreto de la instrucción de un proceso en curso.
Opciones

Tras su interrogatorio por el juez, Sarkozy se enfrenta a un calendario jurídico que complica mucho su calendario político personal. La guardia pretoriana del expresidente estima, sin embargo, que «nada lo detendrá, ni modificará sus proyectos políticos».

El juez podría dejar en libertad al expresidente con cargos, considerando que su testimonio es relevante en la instrucción de un escándalo de posible tráfico de influencias, entre un ex jefe del Estado, su abogado y dos magistrados del Tribunal Supremo. No obstante, le puede anunciar que no debe descartar otro interrogatorio como «testigo privilegiado» de un escándalo en curso de instrucción.

Las tribulaciones personales y judiciales de Sarkozy caen en el peor momento para su propio partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), víctima de otro escándalo interno, relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2012 con facturas falsas. Ese escándalo ha precipitado la dimisión de todo el equipo dirigente del partido de Sarkozy durante la campaña presidencial que concluyó con la victoria de Hollande.

En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han sido imputados hoy su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.

Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión.

Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo.

Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007.

Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.

Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.

"Thierry Herzog es libre. Sigue siendo el abogado de Nicolas Sarkozy, no le afecta ninguna prohibición", dijo a la prensa Paul-Albert Iweins, defensor de quien habitualmente ejerce de abogado de Sarkozy y que ahora comparte imputación con el expresidente.

Uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil.

Sospechan que a través de esas llamadas, que detectaron pronto, intentaba comunicarse discretamente con su abogado sobre los avances de los procesos judiciales de los que le informaban supuestamente los citados magistrados.

De esa forma nació el llamado "caso de las escuchas", un dossier que deriva de una investigación original diferente, para determinar si el político recibió para su campaña presidencial dinero negro del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.

Sarkozy, de 59 años, había llegado a primera hora de la mañana del martes en un coche con los cristales tintados a los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París, y no hizo declaraciones.

Pero la familia política del jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 afirmó durante el día que la medida judicial responde a un plan de caza y derribo que se activa cada vez que Sarkozy amaga con regresar a la política.

Sarkozy se plantaba anunciar su retorno tras el verano, según "BFM TV", a lo que el diario "Le Parisien" añade que el expresidente planea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.

Esa formación conservadora se encuentra ahora sumida en una profunda crisis interna, en grandes dificultades financieras y salpicada por varios escándalos de corrupción.

"Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo", declaró la delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben "ir hasta el final" porque "Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás".

Sarkozy, vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado por el "caso Bettencourt", que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L'Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadafi.

Sin embargo, no declaró ante los jueces sin pasar por la policía, lo mismo que el también ex presidente conservador Jacques Chirac (1995-2007).

Chirac fue condenado en 2011 a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por malversación de fondos y otros delitos cometidos en los años noventa como alcalde de París y juzgados tras perder su inmunidad parlamentaria, pero nunca estuvo detenido. (Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC)