jueves, 13 de julio de 2017

julio 13, 2017
MÉRIDA, Yucatán, 13 de julio de 2017.- Ante la resolución  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el Ayuntamiento de Mérida deberá pagar al Banco Santander unos 285 millones de pesos por 38 meses de adeudo en el arrendamiento de 82 mil luminarias contratadas con AB&C Leasing, cantidad a la que habría que agregar lo correspondiente a los intereses moratorios generados, lo que implicaría una cantidad cercana a los 400 millones de pesos; por lo que, quienes conformamos Movimiento Ciudadano en Yucatán manifestamos lo siguiente:

- Sin lugar a dudas los principales perjudicados  por la resolución referida, somos los casi un millón de  personas que habitamos el municipio de Mérida, en virtud de que pese a lo que haya expresado, en su momento, el alcalde Mauricio Vila Dosal, en el sentido de que esta definición ya se había contemplado en el manejo del presupuesto municipal, resulta más que evidente que serán impactadas las finanzas del Ayuntamiento de Mérida, lo que se traducirá, en los hechos,  en ajustes en distintos rubros y programas de la administración pública municipal, y que muy probablemente, implicará una mayor cesión de espacios públicos para el usufructo de firmas privadas, con el argumento de que con estas cesiones se atenuarán las limitaciones presupuestales, así como también en la contratación de deuda para poder aminorar el boquete que se abre a las finanzas municipales con la decisión emanada del máximo órgano de justicia de la nación.

Silvia López Escoffié, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano.

- Quien también será impactada, en su credibilidad, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que existe la suspicacia social  de que sus resoluciones no se orientan en la perspectiva de promover la justicia, sino que están sesgadas por atender las sugerencias, las recomendaciones o las gestiones de personeros cercanos o pertenecientes a la clase política de extracción priista, sin importar el impacto que sus resoluciones tendrá para la calidad de los servicios y en los niveles de convivencia que a fin de cuentas influirán  en la vitalidad o no del tejido social del municipio de Mérida.

- Lo que está evidenciando esta resolución es el manejo sesgado, faccioso, y simulador que de las finanzas públicas municipales han efectuado los partidos en el poder, priorizando el servicio y el beneficio a grupos del poder fáctico económico o bien utilizando éstas para acrecentar su imagen pública y cobrar facturas políticas de carácter personal o grupal, sin importar las repercusiones de diversa índole que generan a la ciudadana, concluyendo que, en tanto se mantenga al margen y alejada a la ciudadanía de las definiciones estratégicas en el manejo del equipamiento y los servicios del municipio, se seguirán presentando este tipo de situaciones, lo que en los hechos se traducirá en mayores niveles de precariedad para atender las responsabilidades que contempla el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  deben de cumplir sin ningún tipo de dilación o pretexto los gobiernos municipales de la entidad y del país.

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