CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2015.- Hablando de enfermedades catastróficas nos topamos con el reportaje de Elena Reina para el periódico El País en que documenta una ocurrencia trágica de Julio Sotelo Morales o Julio Everardo Sotelo Morales, quien según la Wikipedia es una eminencia reconocida mundialmente por sus investigaciones acerca de la cisticercosis, con unas 400 publicaciones en journals serios y recipiendario de varios premios nacionales. Con ese currículum es sorprendente que haya usado a 194 pacientes que le sirvieron de ratas de laboratorio o cobayos en su "experimento cerebral".
Pero el caso lo dio a la luz pública Ángeles Cruz Martinez, de La Jornada, el 21 de septiembre de 2014, bajo el título "Experimentaron con pacientes de Neurología, sin autorización", que se reproduce aquí, para seguir el caso en orden cronológico:
Durante cerca de 13 años, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez se realizaron procedimientos quirúrgicos de tipo experimental sin cumplir con los protocolos de una investigación científica; entre otros, contar con autorización de los comités de investigación y bioética, así como el consentimiento informado de los pacientes, afirma una denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Algunas personas que fueron sometidas al procedimiento murieron y otras quedaron con daño neurológico permanente, explicó el neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira, quien en 2006 presentó la denuncia ante instancias nacionales, con el fin de que se haga una investigación. Nada ocurrió, y en 2012 llevó el caso, junto con el obispo Raúl Vera, a la CIDH.
Este lunes el prelado estará en Washington para solicitar al organismo internacional que en el caso se aplique el criterio Per saltum, es decir que le dé prioridad y acepte realizar la investigación correspondiente.
El obispo, en su calidad de presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, se reunirá con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, y también entregará la solicitud para que el organismo realice una visita al Instituto de Neurología, a fin de constatar las violaciones a leyes y tratados internacionales.
Dispositivo implantado a por lo menos 500 enfermos
Ondarza Rovira señaló que el objetivo es esclarecer lo que ocurrió con al menos 500 pacientes de ese instituto a quienes se les implantó un dispositivo denominado sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo, patentado por Julio Everardo Sotelo Morales, investigador y ex director del INNN.
Dicho dispositivo tenía la finalidad de controlar el padecimiento de hidrocefalia (acumulación de líquido céfalorraquideo en el cerebro). El problema fue que el sistema de derivación de Sotelo carecía de seguridad y eficacia para garantizar el éxito del tratamiento y se utilizó sin cumplir con los requisitos de un protocolo de investigación.
La denuncia señala que además de los casos de 500 pacientes que lograron documentar, existe información de que a algunos recién nacidos también se les colocó el aparato, así como de que se utilizó en otros hospitales del país.
Ondarza, también diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien ha recibido diversos premios internacionales por su actividad en favor de la salud, ha llevado el caso a varios congresos en el extranjero.
Explicó que la colocación del sistema derivativo experimental se realizó sin tener el consentimiento informado de los pacientes y sus familiares, lo cual es violatorio de la Ley General de Salud y su reglamento en materia de investigación.
Durante la realización de estos procedimientos experimentales no hubo un protocolo aprobado por una comisión de investigación, ni por una de bioética; tampoco de las autoridades de la Secretaría de Salud, ni un seguimiento por ellas, subrayó. (Aquí concluye la nota de La Jornada)
Algunas personas que fueron sometidas al procedimiento murieron y otras quedaron con daño neurológico permanente, explicó el neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira, quien en 2006 presentó la denuncia ante instancias nacionales, con el fin de que se haga una investigación. Nada ocurrió, y en 2012 llevó el caso, junto con el obispo Raúl Vera, a la CIDH.
Este lunes el prelado estará en Washington para solicitar al organismo internacional que en el caso se aplique el criterio Per saltum, es decir que le dé prioridad y acepte realizar la investigación correspondiente.
El obispo, en su calidad de presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, se reunirá con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, y también entregará la solicitud para que el organismo realice una visita al Instituto de Neurología, a fin de constatar las violaciones a leyes y tratados internacionales.
Dispositivo implantado a por lo menos 500 enfermos
Ondarza Rovira señaló que el objetivo es esclarecer lo que ocurrió con al menos 500 pacientes de ese instituto a quienes se les implantó un dispositivo denominado sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo, patentado por Julio Everardo Sotelo Morales, investigador y ex director del INNN.
Dicho dispositivo tenía la finalidad de controlar el padecimiento de hidrocefalia (acumulación de líquido céfalorraquideo en el cerebro). El problema fue que el sistema de derivación de Sotelo carecía de seguridad y eficacia para garantizar el éxito del tratamiento y se utilizó sin cumplir con los requisitos de un protocolo de investigación.
La denuncia señala que además de los casos de 500 pacientes que lograron documentar, existe información de que a algunos recién nacidos también se les colocó el aparato, así como de que se utilizó en otros hospitales del país.
Ondarza, también diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien ha recibido diversos premios internacionales por su actividad en favor de la salud, ha llevado el caso a varios congresos en el extranjero.
Explicó que la colocación del sistema derivativo experimental se realizó sin tener el consentimiento informado de los pacientes y sus familiares, lo cual es violatorio de la Ley General de Salud y su reglamento en materia de investigación.
Durante la realización de estos procedimientos experimentales no hubo un protocolo aprobado por una comisión de investigación, ni por una de bioética; tampoco de las autoridades de la Secretaría de Salud, ni un seguimiento por ellas, subrayó. (Aquí concluye la nota de La Jornada)
He aquí el reportaje de Elena Reina, publicado ayer en El País: Un dispositivo para tratar la hidrocefalia implantado en el cerebro de al menos 194 mexicanos carecía de autorización para emplearse en seres humanos. Así lo dictamina un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México (enlace al sitio de la CONAMED, no hay enlace directo al informe, así que aceptamos la palabra de Elena Reina) que señala que el aparato estaba en fase experimental y que se implantó sin el consentimiento firmado que requiere este tipo de operación. Las intervenciones las llevaron a cabo residentes sin supervisión y los daños que han sufrido las víctimas son irreversibles. Después de 10 años de batallas legales, los afectados exigen una indemnización.
"Eso era", pensó María de Lourdes Walkup, de 54 años, cuando recuerda los dolores insoportables de cabeza, los vómitos y la sorprendente recomendación de tener que dormir sentada. "Fuimos un experimento", añade esta abogada casi 10 años después de ingresar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), para que le extirparan un tumor benigno. Después de la operación, su nariz comenzó a derramar líquido cefalorraquídeo. Lo que le colocaron en su cerebro el 18 de abril de 2006 fue un aparato para drenar el exceso de fluido cerebral provocado por el meningioma que padecía. El problema de este sistema, según denuncian las víctimas, es que no disponía de una válvula para regular la presión. Es decir, constaba de un simple tubo que comunicaba el cerebro con la zona peritoneal. De esta manera, el dispositivo sólo funcionaba si estaba de pie. Los pacientes no podían tumbarse porque sentían que les iba a estallar la cabeza. Y en posición vertical sentían que se vaciaba.
El inventor de este aparato fue Julio Sotelo Morales, director del INNN en el momento en el que se colocaron estos aparatos y único dueño de la patente. Sotelo Morales se ha negado expresamente a hacer algún tipo de declaración a este diario. El informe de la comisión arbitral critica su actuación: "Debió informarse plenamente a la paciente de que se trataba de una investigación (...) No hay evidencia de que se hubiese otorgado esa información, de hecho, ni siquiera, pese a tratarse de una persona mayor de edad, con capacidad para ejercer su autonomía, el consentimiento le fue solicitado directamente (...) Se obtuvo la autorización como si fuese un recurso ordinario de atención médica que, reiteramos, no lo es."
El INNN implantó este tipo de dispositivos durante al menos seis años, desde 2004 a 2009, según los casos recopilados por un grupo de médicos que enviaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (otro enlace al sitio, no directo) con el número de expediente de cada paciente. El material del tubo es de uso común en los catéteres convencionales, pero, según varios neurocirujanos, "no está diseñado para usarlo dentro del organismo". "Mucho menos de manera permanente", remata el exdiputado de la Asamblea del Distrito Federal y neurocirujano del INNN, Rodolfo Ondarza.
El dictamen que publicó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico hace especial hincapié en que estas operaciones las llevaron a cabo médicos residentes sin ningún tipo de supervisión. "Imagínese, las cirugías salían prácticamente gratis al Instituto: el aparato, que lo armaba el mismo camillero, no debe costar más de 40 pesos y no había que pagarles a los profesionales porque eran estudiantes del centro", señala una enfermera que lleva trabajando en el Instituto desde hace más de 20 años. La actual directora del INNN, Teresa Corona, fue durante la dirección de Sotelo jefa de residentes y tampoco ha querido hacer ningún tipo de declaración a este diario.
Los pacientes no recibieron, sin embargo, ningún tipo de descuento. La hermana de Walkup, Silvia, recuerda perfectamente aquel fatídico 18 de abril de 2006 como si fuera ayer. "La operación nos costó más de 300,000 pesos [unos 17,750 dólares]", apunta decidida la familiar que lleva cuidando de María de Lourdes desde aquel día. "Jamás nos dijeron que se le iba a colocar un aparato experimental. Sólo firmamos unos documentos para que la intervinieran de urgencia. Dimos nuestro consentimiento, pero confiamos en los que supuestamente eran los mejores especialistas del país", señala Silvia Walkup.
Juan Manuel Armenta, de 50 años, recorre todo el Distrito Federal con un maletín cargado de papeles. Guarda en él todas las facturas y recibos que ha podido recopilar en más de 10 años: tanto de medicamentos, como de camas de hospital, intervenciones quirúrgicas, varias demandas que quedaron archivadas en la Procuraduría General del Distrito Federal. Todo. También el último recibo de la luz de su casa de la que debe más de 23.000 pesos (unos 1.300 dólares), empleados en cuidar a su esposa, Yolanda Guerrero, de su misma edad.
Armenta se ha hecho especialista en medicina, farmacia y derecho. Vive junto a su familia en una humilde vivienda en el centro del Distrito Federal, y desde que en 2004 le insertaron el dispositivo a Yolanda no ha dejado de exigir una indemnización. "Sólo pedimos que por lo menos se hagan cargo de los gastos médicos que le ha provocado ese aparato a mi mujer", cuenta desesperado.
Yolanda Guerrero es de los pocos pacientes que conserva una prueba definitiva en su cerebro. El tubo que le colocaron hace más de 10 años no ha podido ser extraído aunque ya no esté en funcionamiento. Una válvula es la que ahora regula el líquido desde el otro extremo de su cabeza. "Llevo a Sotelo ahí dentro. Este tubo que tengo todavía me da punzadas dolorosísimas", asegura Guerrero, que habla lento como si cada palabra que pronuncia se le clavara en la frente.
El dictamen de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, emitido específicamente para el caso de Walkup en 2010, establece que se cometió "mala praxis del personal administrativo del INNN al permitir el empleo de un dispositivo en fase de investigación como un recurso de atención médica ordinaria". Para el caso de Guerrero, se emitió un escrito ante la Secretaría de Salud. De momento, la demanda ante la PGR se encuentra archivada. Los pacientes y sus familias denuncian que sólo ellos están sufriendo las consecuencias de la creación del exdirector del centro.
"Eso era", pensó María de Lourdes Walkup, de 54 años, cuando recuerda los dolores insoportables de cabeza, los vómitos y la sorprendente recomendación de tener que dormir sentada. "Fuimos un experimento", añade esta abogada casi 10 años después de ingresar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), para que le extirparan un tumor benigno. Después de la operación, su nariz comenzó a derramar líquido cefalorraquídeo. Lo que le colocaron en su cerebro el 18 de abril de 2006 fue un aparato para drenar el exceso de fluido cerebral provocado por el meningioma que padecía. El problema de este sistema, según denuncian las víctimas, es que no disponía de una válvula para regular la presión. Es decir, constaba de un simple tubo que comunicaba el cerebro con la zona peritoneal. De esta manera, el dispositivo sólo funcionaba si estaba de pie. Los pacientes no podían tumbarse porque sentían que les iba a estallar la cabeza. Y en posición vertical sentían que se vaciaba.
El inventor de este aparato fue Julio Sotelo Morales, director del INNN en el momento en el que se colocaron estos aparatos y único dueño de la patente. Sotelo Morales se ha negado expresamente a hacer algún tipo de declaración a este diario. El informe de la comisión arbitral critica su actuación: "Debió informarse plenamente a la paciente de que se trataba de una investigación (...) No hay evidencia de que se hubiese otorgado esa información, de hecho, ni siquiera, pese a tratarse de una persona mayor de edad, con capacidad para ejercer su autonomía, el consentimiento le fue solicitado directamente (...) Se obtuvo la autorización como si fuese un recurso ordinario de atención médica que, reiteramos, no lo es."
El INNN implantó este tipo de dispositivos durante al menos seis años, desde 2004 a 2009, según los casos recopilados por un grupo de médicos que enviaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (otro enlace al sitio, no directo) con el número de expediente de cada paciente. El material del tubo es de uso común en los catéteres convencionales, pero, según varios neurocirujanos, "no está diseñado para usarlo dentro del organismo". "Mucho menos de manera permanente", remata el exdiputado de la Asamblea del Distrito Federal y neurocirujano del INNN, Rodolfo Ondarza.
El dictamen que publicó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico hace especial hincapié en que estas operaciones las llevaron a cabo médicos residentes sin ningún tipo de supervisión. "Imagínese, las cirugías salían prácticamente gratis al Instituto: el aparato, que lo armaba el mismo camillero, no debe costar más de 40 pesos y no había que pagarles a los profesionales porque eran estudiantes del centro", señala una enfermera que lleva trabajando en el Instituto desde hace más de 20 años. La actual directora del INNN, Teresa Corona, fue durante la dirección de Sotelo jefa de residentes y tampoco ha querido hacer ningún tipo de declaración a este diario.
Los pacientes no recibieron, sin embargo, ningún tipo de descuento. La hermana de Walkup, Silvia, recuerda perfectamente aquel fatídico 18 de abril de 2006 como si fuera ayer. "La operación nos costó más de 300,000 pesos [unos 17,750 dólares]", apunta decidida la familiar que lleva cuidando de María de Lourdes desde aquel día. "Jamás nos dijeron que se le iba a colocar un aparato experimental. Sólo firmamos unos documentos para que la intervinieran de urgencia. Dimos nuestro consentimiento, pero confiamos en los que supuestamente eran los mejores especialistas del país", señala Silvia Walkup.
Juan Manuel Armenta, de 50 años, recorre todo el Distrito Federal con un maletín cargado de papeles. Guarda en él todas las facturas y recibos que ha podido recopilar en más de 10 años: tanto de medicamentos, como de camas de hospital, intervenciones quirúrgicas, varias demandas que quedaron archivadas en la Procuraduría General del Distrito Federal. Todo. También el último recibo de la luz de su casa de la que debe más de 23.000 pesos (unos 1.300 dólares), empleados en cuidar a su esposa, Yolanda Guerrero, de su misma edad.
Armenta se ha hecho especialista en medicina, farmacia y derecho. Vive junto a su familia en una humilde vivienda en el centro del Distrito Federal, y desde que en 2004 le insertaron el dispositivo a Yolanda no ha dejado de exigir una indemnización. "Sólo pedimos que por lo menos se hagan cargo de los gastos médicos que le ha provocado ese aparato a mi mujer", cuenta desesperado.
Yolanda Guerrero es de los pocos pacientes que conserva una prueba definitiva en su cerebro. El tubo que le colocaron hace más de 10 años no ha podido ser extraído aunque ya no esté en funcionamiento. Una válvula es la que ahora regula el líquido desde el otro extremo de su cabeza. "Llevo a Sotelo ahí dentro. Este tubo que tengo todavía me da punzadas dolorosísimas", asegura Guerrero, que habla lento como si cada palabra que pronuncia se le clavara en la frente.
El dictamen de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, emitido específicamente para el caso de Walkup en 2010, establece que se cometió "mala praxis del personal administrativo del INNN al permitir el empleo de un dispositivo en fase de investigación como un recurso de atención médica ordinaria". Para el caso de Guerrero, se emitió un escrito ante la Secretaría de Salud. De momento, la demanda ante la PGR se encuentra archivada. Los pacientes y sus familias denuncian que sólo ellos están sufriendo las consecuencias de la creación del exdirector del centro.
