MÉRIDA, Yucatán, 1 de junio.- Silvia López Escoffié, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, y Milagros Romero Bastarrachea, regidora del AYuntamiento de Mérida, dieron a conocer en rueda de prensa celebrada esta mañana la postura de su partido respecto a la iniciativa para reformar la Ley de Transporte presentada el pasado fin de semana por el Ejecutivo Estatal.
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| Silvia López y Milagros Romero. |
Las mencionadas señalaron que Movimiento Ciudadano considera que una de las obligaciones estratégicas de cualquier gobierno es mantenerse atento ante los permanente y sistemáticos avances científicos y tecnológicos los cuales, con el tiempo, se convierten en referentes de apoyo o sustento para su posterior implementación mediante programas de gobierno o de políticas públicas particulares.
Desafortunadamente, continuaron, todo parece indicar que lo anterior poco ha permeado a quienes tienen la responsabilidad de gobernar Yucatán, ya que ante los avances tecnológicos que caracterizan y singularizan a la sociedad de la información y el conocimiento han actuado y están actuando de manera errática, arcaica y desfasada.
Lamentaron que fuera la utilización de la violencia por parte del gremio de los taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) lo que pusiera al descubierto los niveles de rezago del gobierno del Estado en cuanto a la cooptación del servicio de transporte automotriz y la consecuente reacción del gobierno ante la aparición de una modalidad de servicio de traslado de personas.
Ésta, señalaron, está implícitamente considerada en sí misma en los artículos 1564, 1568, 1652 y 1653 del Código Civil del Estado de Yucatán.
López y Romero criticaron que se pretenda usar al Poder Legislativo como “camisa de fuerza” ante una modalidad global, que en sí misma no encaja en los supuestos que pretenden tomar los diputados como base, con el único fin de complacer al Ejecutivo.
Es con base en estos señalamientos que Movimiento Ciudadano considera que las leyes de transporte del Estado no pueden ser modificadas a la ligera, sin realmente estudiarse y analizarse en su esencia.
La ley como tal, continuaron, no puede aplicarse en el mismo sentido aplica al FUTV que a las empresas que brinden el servicio a través de aplicaciones.
Las plataformas digitales, explicaron, permiten monitorear el desempeño de quien presta el servicio y conocer de manera directa por parte del usuario a quién está proporcionando el mismo, por lo que consideran que las empresas del ramo únicamente debería de proporcional a la autoridad una base de datos de quiénes están prestando está modalidad de servicio y actualizarla de manera periódica.
Adicionalmente, indicaron que el mundo ha avanzado hacia la eficiencia tecnológica que supere los rezagos de procedimientos tradicionales y que ésta ha traído consigo competencia más equitativa en terrenos de calidad y precio, así como mejoras en los servicios que se venden.
¿Cuándo se escuchó que se pretenda cobrar impuestos a los canales como you tuve para volver equitativo el servicio de transmitir música y videos como lo hacen las estaciones de radio? Más bien, los grandes consorcios ahora se sumaron a las ventajas tecnológicas, dijeron.
Por ello, señalaron que la intención de cobrar el 10% a quien arrienda su servicio de traslado mediante el uso de las plataformas digitales más bien parece una cuota de pago por el derecho de piso, un intento de anclar a inercias paleozoicas a una modalidad innovadora fresca y libre de dar servicio de transportación privada a los ciudadanos najo el pretexto de apuntalar “Escudo Yucatán”, o cual está indicando toda una lógica de improvisación y carencia de certeza de lo que en realidad se requiere para el funcionamiento de este “programa estrella” de la actual administración estatal.
Además, opinaron que el propósito de controlar a quienes prestan este servicio mediante la autorización anual del permiso de funcionamiento da la impresión de que lo que se pretende es inhibir su funcionamiento u operación.
Las mencionadas también propusieron que se homogenice el servicio que prestan todos los sistemas de taxi en la entidad si se pretende modernizar el sistema de transporte. Esto es: que los taxis modernicen sus unidades, que éstos puedan ser monitoreados mediante plataformas digitales, que todos cobren con medios fiscales rastreables y que todas refrenden su funcionamiento de manera anual.
Movimiento Ciudadano propone que, antes de “correr” a cambiar las reglas del juego para amarrar a las empresas de economía compartida, en un marco inadecuado e improcedente, mejor regulen y fiscalicen al transporte concesionado, que cada día se deteriora más, nos cuesta caro, brinda un servicio infrahumano, agrede las vialidades con su invasión mal planeada y nos cuesta muchas vidas humanas.
En otro tema, dijeron que resulta lamentable que hasta el momento no se hayan fincado responsabilidades y sancionado a quienes nuevamente han hecho ostentación de impunidad con su actuar violento y destructivo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, la semana pasada.
Finalmente, dijeron que en Movimiento Ciudadano Yucatán existe la plena convicción en el sentido de que la autoridades debe de garantizar la seguridad de la ciudadanía pero sin obstruir, limitar o inhibir la incursión en nuestro medio, de formas alternativas de movilidad que ayuden a trascender las inercias del corporativismo, del clientelismo, del influyentismo y del favoritismo que tanto han perjudicado a la ciudadanía yucateca
