viernes, 22 de julio de 2016

14:43:00
MÉRIDA, Yucatán, 22 de julio.- Raúl Paz Alonzo, presidente estatal del PAN y coordinador de la bancada panista, anunció esta mañana que el grupo parlamentario a su cargo interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para invalidar la reciente reforma a la Ley de Transporte, aprobada el 14 de junio por el legislativo local y promulgada el 22.

Manuel Argáez, Moisés Rodríguez, Raúl Paz, Elías Lixa y Rafael Montalvo, diputados locales del PAN (foto: José Repetto)

Los legisladores panistas reiteraron su petición de que es necesario dar marcha atrás en ciertos aspectos de la nueva norma que consideran restrictivos contra el transporte de pasajeros contratado vía aplicaciones.

Dar marcha atrás al valor mínimo de $200,000 por unidad, que no sea el gobierno quien determine el número de vehículos y sus rutas, el retiro de la restricción de que sólo los dueños de los vehículos puedan conducirlos y que no se limite la modalidad de pago exclusivamente a tarjetas de crédito.

Elías Lixa Abimerhi indicó que ayer acudieron ante la SCJN pues hoy es la fecha límite legal para promover la acción de inconstitucionalidad.

Sobre el primer punto, indicó que creen que es inconstitucional pues se trata de una condición inequitativa que se le pone a unos sí y a otros no, dejando en desventaja la libertad de competencia que se prevé en el Artículo 25 Constitucional y la Ley Federal de Competencia Económica.

En el segundo, señaló que se afecta el derecho al libre tránsito de todos los mexicanos "porque si el gobierno puede determinar las rutas, pues el ciudadano no puede llegar hasta donde quisiera".

"Esto pudiera servir como una medida para el transporte colectivo pero no como una medida para el transporte individual porque ningún gobierno puede determinar por dónde puede trasladarse, o no, un ciudadano de manera libre", dijo.

Respecto al tercer punto, aludió a la libertad que tienen todos los mexicanos de trabajar en cualquier industria, comercio o servicio que sea legal, reconocido en el Artículo 5 Constitucional.

"Toda vez que no se trata de una actividad ilegal es totalmente violatoria de los derechos fundamentales de los mexicanos y estamos convencidos de que tenemos que dar marcha atrás", explicó.

Finalmente, en el cuarto punto indicó que no corresponde a una legislatura estatal decir dónde se puede usar el papel moneda y dónde no.

"Lo decíamos desde el principio. No son cupones, no son ningún tipo de corcholatas ni mucho menos. Es dinero, es fruto del trabajo de los mexicanos, en este caso de los yucatecos, y ni una mayoría priista puede decir en dónde vale y en dónde no", señaló Lixa.

"Creemos que estos 4 puntos deben de ser invalidados porque son violatorios de la Constitución o porque no son facultad de un estado, una legislatura estatal, regularlos o bien porque contravienen normas federales que son de mayor envergadura en cuanto al esquema de legislación que tenemos en el país", agregó el diputado.

Añadió que quienes promovían esta ley dicen que van a tener un reglamento más flexible, pero ningún reglamento está a la altura de la ley ni por encima de la misma.

"Los reglamentos tienen que estar acorde a lo que dicta la ley y en este caso este engaño que se pretende es netamente temporal porque en cualquier momento el gobierno tendría la facultad de darle vuelta como quisiera", remarcó, asegurando que agotarán todas las instancias necesarias para poder garantizar la libre competencia en igualdad de oportunidades que se traduzca en mejores servicios que se reflejen en la calidad de vida de los meridanos y los yucatecos.

El legislador precisó que la SCJN no tiene un término establecido para emitir su resolución, estimando un período aproximado de seis meses para ello.

Entrevistado tras la conferencia, Lixa negó que estén defendiendo el interés particular de Uber, opinando que el gobierno busca crear esta percepción y recordando que la reforma también incluye a Cabify, Ryde & Go y cualquier otra competencia que pueda tener "el monopolio".

"El único favorecido con la ley como la ha aprobado el PRI es el monopolio que hoy tenemos", indicó, señalando que los diptuados del PAN buscan favorecer la opinión ciudadana y la exigencia de más y mejores servicios de transporte.

A la acción de constitucionalidad se sumó Jazmín Villanueva Moo, diputada de Morena, pues su participación era necesaria para alcanzar el 33% que por ley requiere la acción de inconstitucionalidad, según señalaron los panistas. (José Repetto)