domingo, 21 de septiembre de 2014

septiembre 21, 2014
Eduardo Ibarra Aguirre / Utopía 1446 / 22-IX-14

El presunto fusilamiento, después de rendirse, de 21 civiles en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, población vecina con Arcelia, Guerrero, al parecer pertenecientes a La Familia Michoacana, el pasado 30 de junio, empieza a colocar al Ejército en un escándalo mediático y político de alcances insospechados, en un país donde no existe institución del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial que con singular frecuencia no le rindan honores, con su generalato al frente, como sucedió el 16 de septiembre en el Zócalo capitalino, por medio una transmisión televisiva que lo presentó como una condensación de virtudes cívicas y patrióticas.


Cierto es que tuvieron que transcurrir 2.5 meses para que el gravísimo tema empiece a adquirir la importancia que pretendió evitarse desde el primer día, precisamente por medio del gobernador Eruviel Ávila, quien ni tardo ni perezoso como juez que por supuesto no es, sentenció: “El Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Este doctor en derecho que ni pertenece ni es aceptado en el ahora poderosísimo Grupo Atlacomulco, supone que todo México es territorio no Telcel sino mexiquense y que basta con que sus opiniones las difunda Televisa para que la realidad sea desplazada por su verbo envuelto en tono sacerdotal en un estado que, dice el consorcio de Emilio Azcárraga, trabaja “En grande”, como lo evidencian las altas tasas de feminicidios, secuestros, extorsiones, asaltos y robos que con frecuencia son realizados por los cuerpos policiacos.


Pero la Secretaría de la Defensa Nacional tampoco se quedó atrás, su versión emitida el mismo día del presunto fusilamiento informaba que “los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona”, que “hubo un enfrentamiento entre ambos bandos” y que “los miembros del Ejército mataron a todos durante el tiroteo”.

También es cierto que el gravísimo asunto tuvo que ser investigado por dos agencias noticiosas extranjeras, la AP y AFP, y más recientemente por la revista Esquire, para que la Procuraduría General de la República informara que investiga el caso y no tiene resultados.

Mientras el asunto fue insistentemente reporteado por la columna Ángulo, de Jorge Díaz Navarro, para La Calle, el tema ocupó espacios en los abundantes archivos de la PGR, Sedena y Procuraduría mexiquense.

Ya con la presión encima de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, de organismos civiles mexicanos promotores del derecho humanitario, generalmente ninguneados por los últimos dos titulares del Ejecutivo federal y sus equipos de gobierno, además de la cobertura brindada por medios como La Jornada –de merecida fiesta por 30 años de vida y mil 822 ediciones con las que enriquecieron al lectorado mexicano y del subcontinente–, la PGR declaró que “La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”. Buen párrafo pero demasiados días para no tener nada que compartir con la sociedad, de la que siempre presume ser su abogado, cuando lo es del grupo gobernante.

Hasta la cada vez más oficialista Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por un señor que busca reelegirse casi a cualquier costo, informó que entró en contacto con la mujer que asegura haber presenciado la ejecución de 21 personas, una de ellas su hija de 15 años.

Así que 81 días después, las instituciones voltean a reconocer que saben e investigan la posible existencia de 21 fusilados por el Ejército.

Acuse de recibo

“(…) Cierto que había que cambiar una política económica que después de Zedillo venía administrándose, pero no podían ser sólo reformas a favor del mercado, había que pensar en los millones de hombres y mujeres que han llegado a la edad laboral y no tienen acceso a la educación, a la capacitación técnica ni al mercado del trabajo, lo que hoy constituyen los más de 33 millones de personas que sobreviven vendiendo cualquier cosa en las calles, en el Metro, en los autobuses, o en el peor de los casos, delinquiendo y trabajando para el crimen organizado (…)” La opinión es del economista José Luis Ortiz Santillán en torno a Reformar no es hacer magia (12-IX-14)… “Este artículo tuyo sobre las utopías, me gustó mucho, felicidades y saludos”, dice la lectora Elia Ramírez acerca de La tensión entre lo real y lo ideal (5-IX-14)… Y agrega la veracruzana Nidia Sánchez Hernández: “Es un honor ser parte del creciente círculo de lectores de Utopía; diez años fiel a la pasión de escribir y muchos que están por venir y que esperamos festejar contigo, al disfrutar cada una de tus columnas, donde desmenuzas nuestra realidad objetivamente. Con una carrera que inició en junio de 1970 (…), y que te llevó a colaborar en distintos medios nacionales y extranjeros como corresponsal, mi admiración y cariño por siempre. Gracias por arrojar luz a muchos lectores (…)”

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