sábado, 27 de agosto de 2016

14:33:00
MÉXICO, 27 de agosto.- El PRI está cerca de sepultar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para modificar la Constitución y legalizar el matrimonio igualitario en todo México. Los líderes del partido en el Congreso han dejado claro que la propuesta no es prioridad para el grupo, que controla la Cámara de Diputados y el Senado. El gesto ha sido interpretado por algunos como una capitulación del partido del poder ante los sectores más conservadores de la Iglesia, que han emprendido una feroz cruzada en nombre de la familia para impedir que los homosexuales contraigan nupcias en los 32 Estados del país.


El Congreso abre un nuevo periodo de sesiones el 1 de septiembre. Ese día la propuesta del presidente Peña Nieto comenzará una carrera contrarreloj para evitar dormir el sueño de los justos. Los indicios no son buenos. César Camacho, expresidente del PRI y líder de los diputados, fue el primero en decir que la iniciativa sería estudiada después de un cúmulo “enorme, casi interminable, inabarcable de asuntos”. Las palabras de Emilio Gamboa, un veterano político y líder de los senadores tricolores, tampoco dieron un futuro halagüeño a la propuesta presidencial. “Mi impresión es que hoy en el país no es un tema prioritario y no es un tema que esté presionando la sociedad de México para sacarlo adelante”, dijo esta semana el legislador.

Los grupos de activistas en favor de los derechos de las minorías aún guardan esperanzas. “No han tomado una decisión como grupo parlamentario”, opina Lol Kin Castañeda, la primera lesbiana que se casó en México en 2010 y una de las mujeres que redacta la primera Constitución de la Ciudad de México. Castañeda cree que dentro del PRI existe un fuerte debate interno entre los sectores progresistas y conservadores. La abogada asegura que ha solicitado una reunión con el presidente del partido, Enrique Ochoa, que asumió el cargo en julio con un discurso modernizador y autocrítico. Las minorías quieren exigirle al dirigente una postura menos ambigua en el tema. “Como partido tienen una responsabilidad con la justicia y la Constitución”.

Otros ven claramente la claudicación del Gobierno frente a la Iglesia. “Los obispos están viendo la debilidad de la actual Administración para hacer avanzar su agenda”, dice Bernardo Barranco, especialista en asuntos religiosos. El sociólogo considera que la laicidad del Estado está en juego en un momento donde el presidente cuenta con una de las aprobaciones más bajas registradas y que tiene varios frentes de oposición abiertos. “Los sectores ultraconservadores están asestando un golpe y lo están colocando en una posición muy incómoda”.

La ultraderecha ha tensado la cuerda. A la oposición a la iniciativa de matrimonio igualitario ha sumado la exigencia de revisar los libros de texto para eliminar los temas de género en la educación preescolar y básica. Estos sectores de la Iglesia católica, considerados por Barranco como los más fascistas e intolerantes, creen que este tipo de enseñanza promueve la homosexualidad en las escuelas. La Iglesia ha convocado a sus fieles a salir a las calles de varias ciudades del país los días 10 y 24 de septiembre para hacerse escuchar.

“Este llamado es una prueba importante para medir el músculo de la Iglesia”, considera el sociólogo. La última gran concentración religiosa, a excepción de las visitas del Papa, fue en la Ciudad de México hace casi 30 años. Cerca de 160.000 personas llenaron el Zócalo en una protesta contra el aborto.

“Están llamando a marchas nacionales para proteger algo que no está en riesgo”, dice Lol Kin Castañeda. “Ningún derecho retrocede cuando se amplían los derechos de otros grupos”, explica. La activista considera que los sectores ultraconservadores han hecho una campaña de “desinformación” donde han recurrido a los “insultos, ataques y agresiones” contra la comunidad LGTB.

El Gobierno ha avalado las movilizaciones religiosas. Las asociaciones LGTB han criticado la tibieza de las autoridades encargadas de vigilar la distancia entre el poder y la Iglesia contemplada en el artículo 130 de la Constitución. En el texto, México apuesta por la laicidad como una herramienta política de convivencia tras las tensiones entre la política y la religión que marcaron el siglo XIX. Ese artículo desató en 1926 la Guerra Cristera, que dejó 250.000 muertos después de que los religiosos tomaran las armas para luchar contra el Gobierno.

Los matrimonios igualitarios han provocado un gran debate en México. Diez entidades los permiten en sus registros civiles. Otros 22 se oponen a modificar sus leyes locales para ajustarlas al fallo de la Corte Suprema mexicana, que avaló estas uniones en junio de 2015. Entre los que muestran resistencias hay gobiernos de los tres partidos principales, incluido el PRD, considerado de izquierdas. (Luis Pablo Beauregard para El País)