MÉXICO, 16 de octubre.- La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que dar a conocer los apoyos económicos y los beneficios legales otorgados a testigos protegidos en 2008 y 2010, desglosados por caso, lo anterior por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Al responder la solicitud de información la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, dijo que sólo cuenta con información estadística anual e informó que en 2010, 15 personas se incorporaron como testigos protegidos, en 2008, dijo que 23 y en 2007, 12 personas.
No obstante, al analizar el caso la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard encontró una inconsistencia en el número de testigos protegidos reportado por la PGR para 2008, pues en otra solicitud de información dijo que para ese año 57 personas se habían incorporado al programa.
Sobre los beneficios legales otorgados por cada caso, PGR dijo que éstos se encuentran estipulados en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y que no lleva un control o estadística de indicadores de ese tipo.
La dependencia precisó que los testigos protegidos no son incorporados a la Institución como servidores públicos y que el apoyo económico brindado no puede considerarse como un salario.
La ponencia de la comisionada Peschard señaló que en respuesta a una solicitud presentada con anterioridad, PGR informó que eran 57 y no 23, como lo hace ahora, por lo que propuso modificar su respuesta e instruirle a indicar al recurrente la cifra correcta.
Por lo que hace al pago que recibieron dichos testigos para el 2008 y 2010, la comisionada dijo que la dependencia no interpretó adecuadamente la solicitud porque si bien estas personas no reciben un salario, sí se les otorgan apoyos como asistencia económica, médica, educacional, laboral y de habitación.
Respecto de los beneficios legales otorgados, la comisionada Peschard advirtió que, en cumplimiento a la resolución del recurso RDA 2654/13, la PGR proporcionó una tabla con el número de personas ligadas a la delincuencia organizada que recibieron algunos beneficios previstos en la Ley.
Por ello, concluyó que la dependencia cuenta en sus archivos con la información sobre los beneficios otorgados a testigos protegidos, desglosada por caso.
La comisionada consideró que la PGR no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia porque no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, por lo que el pleno del IFAI revocó la respuesta de la dependencia. (Alberto Morales para El Universal)
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