sábado, 23 de julio de 2016

18:52:00
ANKARA, Turquía, 23 de julio.- El primer decreto emitido por el Gobierno turco al amparo del estado de emergencia, vigente desde el jueves, es el cierre de más de 2,300 instituciones, sobre todo colegios privados (más de 2,000 escuelas), vinculadas a las redes de seguidores del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe militar del pasado 15 de julio.

Aunque Gülen, que vive desde 1999 en Estados Unidos, ha negado toda implicación, el Gobierno turco insiste en que es "obvio" que la asonada fue obra de sus simpatizantes, a los que describe como "miembros de la Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ)".

Desde la misma mañana del sábado pasado en la que fracasó el golpe, el Gobierno ha iniciado una purga de gran envergadura en la Administración que se extiende al sector privado.

Autoridades turcas detuvieron hoy a un sobrino de Fetulá Gulen, clérigo de 75 años al que Erdogan considera el autor intelectual del fallido golpe de Estado del 15 de julio. En la foto de Reuters, escuela de Estambul basada en las enseñanzas de Gulen.

El decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial ordena la clausura de 35 hospitales privados, 1,043 colegios privados y hogares de estudiantes, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y 15 universidades privadas.

"Todas esas instituciones cerradas pertenecen a la FETÖ, sin duda. No hay otro grupo afectado por esta decisión y no lo habrá", dijo este sábado el viceprimer ministro Nurettin Çanikli en la televisión CNN Türk, y precisó que los centros confiscados serán gestionados por el Estado.

La cofradía de Gülen, también conocida como 'Hizmet' (Servicio) o 'Cemaat' (Comunidad), lleva muchos años implantada en la vida económica y social de Turquía, sobre todo en el sector educativo, pero también en medios de comunicación y negocios bancarios, hasta 2013 con el beneplácito del Gobierno.

Este sábado fue detenido en Erzurum, en el este de Turquía, el sobrino del predicador Muhammet Sait Gülen, bajo la sospecha de filtrar a los simpatizantes de la red preguntas de un examen estatal en 2010.

Esta filtración habría permitido a los allegados de Gülen entrar a formar parte del funcionariado para ir ascendiendo a puestos clave, según la investigación.

Los miembros de la cofradía y el partido AKP, que gobierna desde 2002, comparten una ideología islamista y conservadora en lo social y liberal en lo económico, y hasta el inicio de su lucha de poder se enfrentaron juntos a la élite turca laica y kemalista.

El decreto de de este sábado obliga a cesar de sus puestos a todos los funcionarios vinculados a Gülen, sin que puedan volver a contratarse, mientras que se cancelarán los pasaportes del personal investigado.

Además, este sábado fue intervenido el conglomerado de empresas Naksan Holding, con sede en la ciudad meridional de Gaziantep, que con unos 7.000 empleados se dedica a la fabricación y exportación de plásticos.

Fueron detenidas nueve personas, entre ellas el presidente de la junta directiva del conglomerado, Cahit Nakiboglu, que pertenece a la familia fundadora de la empresa.

Ya este viernes, las autoridades retiraron la licencia a Bank Asya, hasta su intervención el año pasado, el buque insignia del imperio económico gülenista.

El ministro de Asuntos Europeos, Ömer Çelik, justificó este sábado las medidas alegando que "Fethullah Gülen es más peligroso que Osama bin Laden", el fundador del grupo terrorista Al Qaeda que fue asesinado en Pakistán por un comando de Estados Unidos en 2011.

Mientras continúan las detenciones, este sábado fueron puestos en libertad 1.200 soldados rasos, detenidos a raíz de golpe pero considerados ahora inocentes por la Fiscalía.

Del total de 12.652 personas detenidas hasta ahora, 5.613 han ingresado en prisión preventiva por orden de un juez, entre ellos 3.649 soldados, informa este sábado la agencia semipública turca Anadolu.

De estos, 121 son generales o almirantes, lo que supone un tercio de los militares con este rango en las Fuerzas Armadas turcas.

También hay 1.559 jueces y fiscales en prisión preventiva, mientras que más de 6.000 personas siguen aún en fase de interrogatorio policial.

El decreto del estado de emergencia emitido este sábado amplía de cuatro a 30 días el plazo máximo de detención en las dependencias policiales, antes de que el sospechoso deba comparecer en un juzgado.

Al mismo tiempo, las reuniones de los detenidos con sus abogados podrán ser restringidas por las autoridades, que además podrán grabar y usar las conversaciones entre acusados y juristas.

Solo los cónyuges y los parientes de hasta segundo grado podrán visitar a los arrestados.

Además, el artículo nueve del texto precisa que las personas que tomen decisiones acorde al decreto del estado de emergencia o las lleven a cabo no tendrán que asumir ninguna responsabilidad, legal, administrativa, financiera ni penal por actos realizados en esta función.

El decreto entró este sábado en vigor y ninguna de las decisiones que contiene podrá ser frenada por una denuncia en los tribunales, precisa el artículo 10 del texto. (El Confidencial / Spiegel)