La SSP y la Codhey, cómplices en la violación de los derechos humanos

José Repetto

Por muchos años, la policía del estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) han operado de la mano, en descarada complicidad, para violentar los derechos de la ciudadanía, encubrir y proteger a los responsables, emitir el menor número de recomendaciones posibles y asegurarse de que las políticas que dan pie a estos abusos, que no son aislados sino sistemáticos, sigan en pie "por el bien de nuestra seguridad".

Luis Felipe Saidén Ojeda, Jorge Victoria Maldonado y José Enrique Goff Ailloud.

Mi caso es sólo uno de muchos que, me consta, suceden hasta la fecha.

En diciembre de 2008 recorría en bicicleta el norte de la ciudad tomando fotos, esto lo hacía para completar mi galería en Panoramio (un sitio ahora inexistente que permitía a cualquier persona en el mundo subir fotos y geolocalizarlas para que salieran en Google Earth). Era una de mis aficiones, y terminó volviéndose parte de mi vocación.

Habían pasado menos de 4 meses del hallazgo de los decapitados, las autoridades aprovecharon dicha situación -que tenía nerviosa a la gente sin razón, pues los ejecutados eran delincuentes y no gente común y corriente elegida al azar- para tratar con mayor severidad y rudeza a la ciudadanía. Los retenes de revisión, inconstitucionales y violatorios de los derechos humanos, así como las paradas arbitrarias de vehículos foráneos y "sospechosos" y de gente que no parece pertenecer a la zona donde está se volvieron la norma. No ayudó el cambio que se hizo al iniciar el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco en 2007, cuando la Secretaría de Protección y Vialidad (SSP) pasó a llamarse la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y usar un negro intimidatorio en todos sus vehículos y uniformes.

Ese día fui parado por agentes de la SSP y tratado como si fuera un delincuente sin motivo, pues tomar fotos a calles y edificios no es ilegal (para los ciudadanos lo que no está prohibido está permitido). Revisaron mi bulto -no tenían justificación legal para hacerlo- y el contenido de mi cámara. Aparte me hicieron las mismas preguntas una y otra vez, como si tuvieran problemas de comprensión.

Luego llegó un comandante de nombre Ángel Ocejo Castillo, quien me ordenó no tomar fotos a comercios (no tenía derecho a darme tal orden, la cual a la fecha ignoro por ser simplemente ilegal) y dijo a sus subordinados que borraran todas mis imágenes (a lo cual tampoco tenía derecho).

Indignado por tal arbitrariedad y abuso de poder le reclamé, y él ordenó que me llevaran a la central (entonces en la Avenida Reforma, todavía no estaba completado el edificio en Periférico, que hoy ocupan) por un "Siete siete" (disturbios). Me esposaron atrás de un antimotín y pasé unas horas en una celda. Me dijeron que estaría 36 horas privado de mi libertad y me negaron el derecho a hacer una llamada.

Ahí hablé en un cuarto con un abogado que dijo ser de la Codhey, y descaradamente admitió que ellos están con la SSP en "mantener la seguridad del estado", lo cual no sorprende a nadie. Cuando le pregunté si eso significaba suspender las garantías individuales y derechos humanos cambió su tono y me aseguró que no, y me liberaron con una disculpa. Aún así, tuve que recuperar mi bicicleta del corralón (por suerte tenía mi nota, si no la hubiera perdido) y usar un software especial para recuperar de mi memoria SD algunas de las fotos que me habían borrado (eran varias de Altabrisa, Vista Alegre Norte y la Av. Cámara de Comercio).

Fui a la Codhey a interponer una queja y la actitud de la persona que me atendió fue lamentable. Defendió el proceder de la policía, dijo que me esposaron "por mi bien" e intentó conmoverme con la historia de un oficial al que le clavaron un cuchillo. En otras palabras, debería estar agradecido por lo que "nuestros héroes" me hicieron pasar. En una reunión posterior recibió al abogado de la policía, entonces Renán Aldana, como si fuera su mejor amigo de toda la vida.

Peor todavía fue un licenciado cuyo nombre sí recuerdo, un tal Jorge Osorio Aguilar, quien conforme "avanzaba" mi caso fue a mi casa a hablar conmigo y mi padre y dijo en tono casi burlón que yo no tenía caso y no podía probar nada, que para qué le movía. Intentó convencerme de desistir. Le pedí que se fuera de mi casa. Espero algún día este mal abogado pierda su cédula profesional, pues no dudo sea la única vez que actuó irregularmente ya sea en la Codhey o en el INAIP, donde trabajó posteriormente.

La Codhey me presionó para conciliar el caso y en la SSP me ofrecieron una carta especial para que no me molestaran si me veían tomando fotos en la calle, y digo yo ¿por qué necesita un ciudadano una carta que le permita hacer algo perfectamente legal? ¿por qué no podía la SSP simplemente dejar de violar la ley y sus oficiales de actuar como delincuentes? ya sé, eso es mucho pedir.

Ése no fue el único incidente. En abril de 2009 fui detenido por la SSP tras ser perseguido en el fraccionamiento Francisco de Montejo por un sujeto al que luego identifiqué como Fernando José Gual Gamboa, quien me siguió en su motocicleta varios kilómetros, todo por tomarle una fotografía a un árbol cerca de su casa (ni siquiera dentro de su propiedad), que entonces era un Comité de Participación Ciudadana o algo similar. Ni recibí ni una disculpa de las autoridades, quienes me trataron con lujo de prepotencia, le mostraron mi credencial de elector y el contenido de mi cámara al trastornado sujeto.

Como esos incidentes hubo otros menores y luego no me volvió a pasar nada. No creo que la autoridad se haya vuelta respetuosa de los derechos humanos, sino que simplemente ya me tenían plenamente identificado.

Esto pasó siendo secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saidén Ojeda (de los peores errores de los gobiernos de Rolando Zapata y Mauricio Vila fueron ratificarlo en el cargo, dado el largo historial de violaciones a los DD.HH. cometidas bajo su mando y qué decir de sus antecedentes en Quintana Roo. Una sociedad menos pasiva hubiera exigido su salida) y la gestión de Jorge Victoria Maldonado en la Codhey. Su sucesor, José Enrique Goff Ailloud, básicamente continuó su labor (no hacer ni decir nada que incomode al gobierno en turno), así que es seguro decir que nada ha cambiado.

Casi diario veo en la calle a una patrulla hostigando e interrogando a una persona por el hecho de ser joven, ser pobre o ser de otro estado. La SSP sigue parando y molestando a la gente sin motivo, sometiéndola a un trato como si fueran ciudadanos de segunda. Y, lo peor, nadie dice nada al respecto.

Por algunos años hubo un esfuerzo por difundir la ubicación de los retenes, puntos de revisión violatorios de los derechos humanos, en Twitter, pero con el paso del tiempo y la pasividad de la ciudadanía ya prácticamente nadie cuestiona su legalidad o moralidad.

Y mientras la gente no cuestione por qué la policía la paró sin motivo, por qué revisaron su coche, por qué le preguntan de dónde viene y a dónde va, por qué a ellos, etc. mientras crea que es "por su bien", nada va a cambiar.

Qué decir de casos peores, donde la policía entra a domicilios ilegalmente, golpea y tortura a ciudadanos y tantas otras situaciones que no se dan a conocer porque las víctimas, comprensiblemente, están aterradas.