viernes, 27 de octubre de 2017

17:52:00
VALLADOLID, Yucatán, 27 de octubre.- Este gobierno rechaza categóricamente la idea de no investigar y menos llevar ante la justicia a quienes dieron uso indebido de los recursos públicos, por lo que impugnará la resolución enviada por la Procuraduría General de la República (PGR), quien determinó el No Ejercicio de la Acción Penal por los hechos denunciados en relación a la no ejecución de obras como la Plaza de la Jarana, Museo Regional, Unidad Deportiva de la colonia San Francisco y una biblioteca pública.


Como se recordará, el 12 de agosto del 2016 el municipio representado por la alcaldesa Alpha Tavera Escalante, en su carácter de administrador de los recursos federales y velando por el interés de los vallisoletanos, detectó la no ejecución de estas obras pertenecientes a los años 2014 y 2015, de la administración municipal 2012 – 2015, por lo que se realizó la denuncia respectiva ante la PGR.

A la procuraduría, encargada de investigar los delitos que se cometan en el país, le correspondió realizar las investigaciones pertinentes para dar una debida integración a las carpetas de investigación, así como determinar si, en su caso o no, existió delito, de acuerdo al Condigo Nacional de Procedimientos Penales

Tras la investigación, que duró varios meses, la PGR notificó en días pasados al municipio, en oficio marcado con el número VAL-AYD-324/2017, la determinación, la cual indica que no se ejercerá acción penal por la denuncia presentada.

Ante ello, este gobierno, a pesar de no ser la autoridad competente para determinar, todavía tiene el criterio de que si existe delito y, de acuerdo a la opinión de esta administración municipal, existen en el expediente los indicios y elementos necesarios para continuar con la investigación.

Consideramos que ante la investigación superficial y deficiente de la PGR, se cuenta con elementos para impugnar esta pretensión de dejar indefenso a los vallisoletanos frente al daño al patrimonio público y permitir otro caso de impunidad.

Si bien es cierto que la entidad fiscalizadora de los recursos, la Auditoria Superior de la Federación, no ha emitido algún dictamen de responsabilidad definitivo, existen probables daños pero no se han definido por el momento, sin embargo esta autoridad impugnará la determinación enviada y continuará con los trámites legales que indican las normas en materia penal. (Boletín)

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