miércoles, 13 de julio de 2016

17:49:00
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio.- Las organizaciones integrantes de la Misión de Observación (MO) de la Consulta Indígena Maya dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reprobaron  la actuación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI)  -autoridades responsables de la organización de la consulta.

En la segunda sesión de la fase de “Acuerdos Previos” llevada a cabo los días 30 de junio y 1 de julio en los municipios de Hopelchén y Tenabo, de Campeche se detectaron graves irregularidades que han violentado los principios establecidos por la SCJN, generando desconfianza, división social, un ambiente hostil en las comunidades involucradas y restando validez al proceso. Durante la sesión de Hopelchén, desde horas antes del inicio de la reunión, la sede del encuentro estaba ocupada por alrededor de cien agricultores y productores a favor de la siembra de soya genéticamente modificada, lo que impidió el acceso a representantes de la mayoría de las comunidades que debían ser consultadas (31) por falta de cupo, violentando así su derecho a la consulta.

Enlace al reporte de la Misión.

Ante estas circunstancias las autoridades optaron por realizar dos reuniones en espacios paralelos a pesar de la solicitud de los representantes indígenas comunitarios quienes pedían se les entregara el plan de trabajo y se suspendiera la sesión por no haber las condiciones mínimas de seguridad y respeto para llevar a cabo la reunión convocada. Este acto generó de inmediato un ambiente de desconfianza, tensión, hostilidad y división social en ambos espacios, propiciado y avalado por las autoridades de Sagarpa y Cibiogem presentes en la sede inicial quienes incluso permitieron intimidación y violencia verbal en contra del grupo mayoritario de comunidades presentes.

En la sesión ocupada por simpatizantes a la siembra de soya genéticamente modificada, en su mayoría ajenos a las comunidades, se presionó a las autoridades a firmar un acta que permitiera la siembra de soya de manera inmediata, incluso amenazaron con cerrar las puertas e impedir la salida de las personas hasta lograr sus objetivos. En ese espacio, también se expuso que había agricultores que ya estaban sembrando soya genéticamente modificada en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, que de comprobarse se estaría incurriendo  en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN.

En la segunda sala, entre representantes de 31 comunidades y la Secretaria Ejecutiva de la Cibiogem y el delegado federal de la CDI se dio un diálogo respetuoso pese a la tensión y falta de confianza que suscitaba el enterarse de lo que pasaba en la otra sala. Los representantes mayas reiteraron su disposición al diálogo con todo y su interés en la consulta para ser tomados en cuenta y llegar a acuerdos para el bien de todos. Acordaron continuar la fase de acuerdos previos hasta el 15 de octubre.

En la sesión de Tenabo, el 1 de julio, el asesor que representa a comunidades mayas leyó una carta donde informó que debido al antecedente ocurrido en Hopelchén y la reunión posterior convocada por la delegación de SAGARPA en Campeche con productores de soya de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide y representantes de 4 campos menonitas,  sólo recibirían el programa de trabajo de la consulta indígena para analizarlo y continuarían con la fase de acuerdos previos hasta el 15 de octubre al igual que la mayoría de las comunidades de Hopelchén.

Otra cuestión preocupante fue que algunos participantes se transportaron en camionetas de empresas distribuidoras de semillas y herbicidas ligadas a Monsanto, dejándolas estacionadas afuera del lugar y por ende violentando el principio de buena fe y consulta libre. Esta empresa tiene un claro interés económico en presionar la aprobación del proyecto y por tanto debe mantenerse completamente alejada del proceso de consulta. El rol que ha mostrado es  inaceptable y es contrario a los principios rectores de Empresas y Derechos Humanos establecidos por la ONU.

Los hechos citados evidencian que los principios mandatados por la sentencia de la SCJN fueron vulnerados por la dependencias responsables del proceso y por Monsanto. Dichas dependencias no aseguraron condiciones de seguridad para la realización de la reunión, permitiendo que terceros ajenos a la consulta intervinieran en este proceso y coaccionaran a las comunidades. Asimismo, no se han tomado las medidas necesarias para garantizar la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada que ordena la Corte. 

En consecuencia, hacemos un llamado urgente a las autoridades a conducirse con pleno apego a los principios de buena fe, consulta libre e informada y culturalmente adecuada, establecidos por la SCJN y los instrumentos internacionales.