MADRID, 23 de mayo.- El Gobierno no investiga las denuncias de tortura y violencia
policial y reprime las manifestaciones que piden un cambio en el sistema
político o protestan contra la austeridad o la corrupción. No se trata
de hechos aislados. Ese es el diagnóstico de Amnistía Internacional, que
este jueves publica su informe anual que centra su capítulo dedicado a España en las violaciones de derechos de los descontentos con el rumbo del país.
"Tanto en 2011 como en 2012 ha habido un uso excesivo de la fuerza en
muchas manifestaciones por parte de efectivos de seguridad", denunció
Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, en un encuentro con
periodistas este miércoles. Hay "un patrón: se produce el uso excesivo
de la fuerza, la gente reclama ante los tribunales y los tribunales
dicen si hubo o no ese uso, pero al no estar identificados [los agentes de Policía] no se sigue ese procedimiento", advirtió.
En su informe, la organización denuncia que "las investigaciones
sobre las denuncias no fueron en general ni exhaustivas ni eficaces",
algo que según Beltrán podría comenzar a cambiar, ya que la Policía ha
anunciado que los antidisturbios lucirán un número de placa.
La medida es a priori "positiva", pero "habrá que ver" si son "todos"
los efectivos los que lo llevan y si eso permite identificar a los
autores de abusos, en palabras de Beltrán.
¿El PP ha endurecido la represión de las manifestaciones? Beltrán rechazó, a preguntas de El Huffington Post,
hacer una "comparación sobre quien reprime más o menos. Hay problema de
uso excesivo de la violencia, lo ha habido siempre y en los últimos dos
o tres años el número de manifestantes y gente reclamando sus derechos
ha crecido mucho. En ese contexto se ha producido uso excesivo fuerza",
aseguró.
BALAS DE GOMA, PERIODISTAS GOLPEADOS
La crítica de Amnistía es amplia, ya que cita la violencia de los
Mossos de Esquadra de Cataluña, cuyo uso de pelotas de goma ha sido muy
polémico, o la de la Policía Nacional, cuyos agentes "sin identificar
golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon balas de goma
contra ellos y amenazaron a los periodistas que cubrían la información
de los hechos" en manifestaciones como la del pasado 25 de septiembre.
A la represión de las manifestaciones se une la nula investigación de
las denuncias de las víctimas y el entorpecimiento de los medios de
comunicación para contarlo, algo en lo que es responsable el Ejecutivo.
"La investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos fue a
menudo inadecuada y así lo reconocieron tribunales y organismos de
derechos humanos", advierte la organización.
También la Justicia falló a la hora de compensar a las víctimas. En
ese sentido, el informe destaca que un juzgado de Madrid ignoró la
denuncia de Ángela Jaramillo, una ciudadana que en 2011 mostró "una
actitud pacífica" durante una manifestación, pero fue "golpeada
repetidamente con porras". En el caso de Paloma Aznar, una periodista,
la agresión fue con una pelota de goma mientras cubría una manifestación
de mineros a pesar de que llevaba "colgada del cuello su acreditación
de periodista".
LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO FUNCIONA
En su capítulo dedicado a España, Amnistía asegura que siete años
después de la aprobación de la ley sobre la violencia de género, las
mujeres siguen sin tener "acceso a remedios efectivos" y no se han
evaluado "los obstáculos" que pueden encontrar las mujeres para "recibir
protección efectiva durante las acciones judiciales". En otras
palabras: las mujeres siguen desprotegidas ante la violencia machista,
también cuando han denunciado y se encuentran en medio de un proceso
judicial.
Amnistía también se fijó en otras amenazas para los derechos humanos:
- Vivienda. Según Amnistía, "el gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de sectores de población vulnerables". Entre ellas están los desahucios y el desalojo de campamentos de personas desfavorecidas o romaníes. En la presentación del informe, Amnistía pidió un cambio de la Constitución para consagrar el derecho a la vivienda de manera efectiva y advirtió de que prohibir de antemano los escraches viola los derechos humanos (más información aquí).
- Medidas antiterroristas. La organización lamenta que el Gobierno pueda tener a los sospechosos de terrorismo "hasta 13 días recluidos, sin acceso a un médico ni a un abogado de su elección y sin poder consultar con su abogado de oficio de manera confidencial ni comunicar su paradero a su familia".
- Plurialidad religiosa. Según el informe, en España se sigue restringiendo "el uso de prendas y símbolos religiosos", algo que afecta "de manera desproporcionada a las alumnas musulmanas". En enero, un juzgado ratificó la decisión de un centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de exlcuir a una alumna por llevar "la cabeza cubierta con un pañuelo".
- Atropellos migratorios. España sigue violando los derechos de los inmigrantes. En septiembre, "expulsó colectivamente a 70" desde "el islote español de Isla de Tierra a Marruecos. Ninguno tuvo acceso a un procedimiento de concesión de asilo individual", según el documento. El informe recuerda que la ONU asegura que España es responsable de la detención arbitraria, discriminación y malos tratos constitutivos de tortura contra un ciudadano marroquí que permanecía recluido en un centro de detención para inmigrantes de Madrid".