sábado, 20 de mayo de 2017

20:28:00
MÉRIDA, Yucatán, 20 de mayo de 2017.- Movimiento Ciudadano reprueba la violencia ejercida contra habitantes del municipio de Celestún, quienes fueron reprimidos cuando exigían transparencia al alcalde Leonel Gonzalo Mena por la presunta venta ilegal de dos mil metros de terreno en la playa y pide a las autoridades competentes indagar y sancionar a quienes corresponda, en caso de haber incurrido en actos de corrupción.

Solicitamos al Congreso del Estado, a través de su Comisión de Asuntos Municipalistas, exigir al Ayuntamiento de Celestún que aclare este hecho para evitar que se repita la jornada violenta que se vivió la noche del viernes, donde hombres, mujeres y menores por igual, fueron agredidos por las fuerzas policiales, coartando su libre derecho a la manifestación.

Los legisladores tienen que demostrar que en Yucatán ningún alcalde, sin importar su filiación partidista, puede transgredir la ley de manera impune, obteniendo beneficios personales con el patrimonio público; por lo tanto, Leonel Gonzalo Mena debe ser llamado a rendir cuentas.

Leonel Rosado Mena, alcalde de Celestún. sobre los sucesos, ver Al menos 40 detenidos tras disturbios en Celestún y Confirma la SSP quince detenidos por bronca en Celestún.

Asimismo, en virtud de que en fecha reciente ha sido eliminado el fuero a diversos funcionarios públicos, entre ellos a presidentes municipales, pedimos la intervención de la Fiscalía General del Estado para iniciar una exhaustiva investigación al respecto y, en caso de que los pobladores tengan razón, el alcalde deberá afrontar las consecuencias de sus actos.

Cabe mencionar que, de acuerdo con los lugareños, en la venta de los predios están involucrados también los hijos del presidente municipal, hecho que debe esclarecerse a la brevedad.

Es responsabilidad del Estado dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y vigilar que los gobiernos locales cuiden el patrimonio público y sigan los procedimientos estipulados por la ley para la compra-venta de bienes del Estado, e informar de manera puntual a la población, con el objetivo de evitar caer en actos de corrupción que tanto están dañando al país y provocan la pérdida de confianza en las instituciones.