martes, 14 de febrero de 2017

18:47:00
MÉRIDA, Yucatán, 14 de febrero de 2017.- Intercambio de experiencias, exposición de retos y propuestas de solución fueron los temas que se abordaron durante el tercer Conversatorio interinstitucional que se realizó en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, con el fin de dar seguimiento a la buena marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la entidad.

Ana Gabriela Aguilar Ruiz, secretaria Ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia, resaltó que estos trabajos, donde se reúnen los operadores del nuevo modelo, sirven para afinar y perfeccionar la aplicación del mismo.


Este tipo de dinámicas se intensificarán este año, ya que permiten que nuestro estado se mantenga como referente a nivel nacional en la procuración e impartición de justicia, manifestó la funcionaria.

Las aportaciones de cada institución permitieron conocer los retos que tiene que superar Yucatán en cuanto a la operatividad del nuevo Sistema Penal, que está en plena vigencia en todo el estado. Asimismo, saber cómo agilizar el engranaje e identificar puntos a mejorar, en beneficio de la sociedad.

Participaron en el tercer Conversatorio, la magistrada del Poder Judicial, Leticia del Socorro Cobá Magaña, y los titulares del Instituto de Defensa Pública (Indepey), Beatriz Eugenia Domínguez Medina, y de la Unidad de Medidas Cautelares de la SSP, Jesús Herrera Góngora.

Asimismo, el coordinador Regional del programa Pro Justicia de la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Usaid, por sus siglas en inglés) México, Carlos Villegas, y el encargado del despacho de la Consejería Jurídica, Jose Raúl Pavón Flores.

De igual forma, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Estatal de Investigación de esa dependencia, de la oficina de Enlace para la Implementación de la Reforma Penal de la Fiscalía General (FGE), de la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social de la Secretaría General de Gobierno (SGG), y del Centro de Reinserción Social de Mérida.