domingo, 7 de agosto de 2016

16:29:00
MÉRIDA, Yucatán, 7 de agosto.- En rueda de prensa celebrada ayer sábado, José Hernán Conde Narváez, abogado y representante legal del Instituto Patria, realizó varias precisiones respecto al reciente escándalo que iniciara en la prensa nacional y culminara con un intento de toma del plantel donde se señala a personas en algún punto vinculadas con el colegio, en colusión con la autoridad, de retocar expedientes en el Registro Público de la Propiedad.

José Hernán Conde, abogado del Instituto (foto: José Repetto)

El referido aseguró que la información se ha distorsionado y que muchas personas no relacionadas con estos acontecimientos han sido atacadas en su moral.

Hace unos meses, recordó, un grupo de personas del Estado de México vinieron a Yucatán con la intención de dar a conocer a la directiva del Instituto sus intenciones de adquirir el inmueble para darle mayor interés al sector educativo de la región.

Estas personas dijeron ser integrantes de "Grupo Nacer Global", encabezado por un empresario de apellido Nacer (Jorge Nacer Gobera, también dueño de El Economista). Respecto a este punto, precisó que ellos jamás trataron directamente con Nacer y que él no estuvo involucrado en los hechos a continuación descritos.

Adicionalmente, dijeron ser propietarias de una cadena de universidades a nivel nacional llamadas ISEL y, por esa razón, se le dio importancia al proyecto que ellos venían a presentar.

Tras escucharlos, continuó, se les hizo interesante la propuesta, por lo cual acordaron vender el Instituto bajo ciertas condiciones, las cuales al final llegarían con la consumación del registro de la escritura correspondiente a favor del grupo que manifestaban.

"Ellos, en su carácter de propietarios de varias universidades a nivel nacional iban a propiciar un auge mayor al sistema educativo de la región en beneficio de toda la Península, en virtud que el Instituto Patria no sólo abarca el Estado de Yucatán sino a varios estados vecinos", indicó.

El 3 de mayo, recordó, se presentaron Juan José Aguilera, Juan Pablo Torres y Miguel Franco, integrantes de Grupo Nacer, y hacen las propuestas manifestando al personal directivo del Instituto Patria la necesidad de firmar una serie de documentos a efectos de que ellos empezaran a dar proceso a las condiciones que se habían tomado para lograr la adquisición del colegio.

Se acordó el pago y la liberación de varios créditos pendientes que adeudaba el Instituto para dejarlo totalmente limpio y se procediera al cambio de directiva y propiedad.

Aguilera, notario público, les dijo que se creó una sociedad mercantil con la intención meramente de adquirir el inmueble y que toda la documentación que se iba a girar iba a estar a nombre de la misma.

Se acordó vender las instalaciones por la suma de 80 millones de pesos y que en caso de incumplimiento se cancelara el trato.

El plazo para empezar con el pago de la compraventa era 30 días, sin embargo pasaron 90 sin que cumplieran.

Se procedió a cancelar la operación y abordar otro proyecto con personas "yucatecas, cumplidoras y que realmente tienen la base tanto económica como legal para sostener un proyecto que lleva al Instituto Patria al día de mañana a una superación de toda índole".

"No cumplieron, no pagaron ¿con qué calidad moral una persona va a exigir algo cuando no ha pagado un inmueble, cuando no ha pagado una operación? Creo que desde allá ya estamos mal", dijo.

Tras una investigación, determinaron que la sociedad mercantil creada para adquirir el Instituto tenía un capital social de $50 mil.

"Vimos que estamos realmente cayendo en una tentativa de fraude", observó.

Conde indicó que el 3 de agosto una persona identificada como Juan Galindo Valadez llegó a Mérida con 7 personas "golpeadoras, de protección a su persona" que venían de la Ciudad de México y se introdujo a la fuerza en las instalaciones del Instituto, se nombró director, sacó a las secretarias y encerraron a algunas en un baño y metieron sus maletas.

Ante esta situación, llamaron a la fuerza pública, que invitó a salir a esta persona.

Dichas personas, señaló, sustrajeron varios documentos que los comprometían y se está analizando la posibilidad de denunciarlas, para lo cual se está analizando el daño causado para proceder conforme a la ley contra ese grupo, al cual describió como una "camarilla de delincuentes".

Llegó la fuerza pública y, aunque dicha persona estaba en flagrancia, no se le detuvo. 

Ante estos hechos, el abogado señaló que abusaron de su buena fe.

Conde Narváez se negó categóricamente a hablar del nuevo trato argumentando que era un asunto privado, por lo cual no dio información sobre el nuevo dueño ni la cantidad acordada para vender el instituto.

El cambio de propietario, señaló, no tiene que ver con la cuestión académica y las clases empezarán normalmente. (José Repetto)