miércoles, 30 de octubre de 2013

16:59:00
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre.- Con 73 votos a favor y 50 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó este martes, en lo general, la minuta que contiene la miscelánea fiscal y que forma parte del paquete económico 2014.

La reforma contempla modificaciones a las leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Federal de Derechos, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, además abroga la del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la de Depósitos en Efectivo.


Previo a la discusión en lo particular, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade, informó que originalmente se tenían reservados 78 artículos con la participación de 195 oradores, pero en un esfuerzo de racionalidad se determinó que las propuestas se presentaran por el orador del grupo parlamentario que participe en tribuna.

Con dichas reservas, se busca modificar algunas disposiciones del proyecto.


Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

En la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se prevé gravar con un peso por litro a las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos que permitan obtener bebidas que contengan azúcares añadidas.

De igual manera, se estima necesario establecer un impuesto del 5 por ciento sobre el precio de venta a los alimentos que contengan una alta densidad calórica como las frituras, confitería, dulces, alimentos preparados a base de cereales, entre otros.

También, considera viable aplicar el IEPS a los bienes que se destinen a regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación y para aquellos que se sometan al proceso de ensamble y fabricación de vehículos.

La reforma elimina la facultad de los estados para administrar el impuesto sobre juegos con apuestas y sorteos, cuando se trate de pequeños contribuyentes y se da garantía de audiencia a estos establecimientos cuando sean clausurados.

Por otro lado, obliga a los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, a imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas de estos productos para su venta en México.

Además, se establece el IEPS a la enajenación e importación de combustibles fósiles con base en su contenido de carbono, pero se exentan de este impuesto al petróleo crudo y el gas natural, además se permitirá que este gravamen sea pagado con la entrega de bonos de carbono.

Ley Federal de Derechos

En el documento se contempla que el Servicio de Administración Tributaria lleve a cabo la fiscalización de los derechos sobre minería para reforzar las reformas en materia de derechos mineros y se ejerza una eficiente fiscalización de los mismos.

Además se adiciona el derecho especial sobre minería a los titulares de las concesiones y asignaciones por la producción de minerales y sustancias sujetos a la Ley Minera.

Se derogó el derecho por la expedición del documento migratorio que acredite la condición de “Visitante Regional”, ya que el cobro de dicho derecho desincentiva la obtención de dicha condición de estancia, lo cual dificulta el control migratorio.

También se busca implementar un solo derecho a los trámites relativos al permiso para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal.

Otro aspecto de la reforma es implementar el cobro por la prestación de servicios consistentes en el estudio, trámite, emisión o renovación de un dictamen técnico que presenten los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objetivo múltiple no reguladas.

Además, se pretende modificar el esquema fiscal del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, a efecto de simplificar su cálculo e incentivar el aprovechamiento.

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Con las reformas al Impuesto Sobre la Renta se busca eliminar el régimen de consolidación fiscal, toda vez que “ha motivado una diversidad de criterios de interpretación, tanto por parte de los contribuyentes como de la autoridad fiscal”, que han provocado retrasos en la recaudación del gravamen.

De igual manera, los legisladores intentan aplicar la deducción de hasta 47 por ciento de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador e introducir como requisito, para la deducción de los vales de despensa, que éstos se otorguen a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT.

En el dictamen se menciona que las modificaciones permitirán que la base gravable para calcular la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), sea la que se determine conforme al artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente y, con ello, ajustar la legislación a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para determinar la renta gravable, se plantea, “no se disminuirá la PTU de las empresas ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de la utilidad fiscal que se determine y se dispone que las cantidades que no son deducibles por ser pagos que a su vez son ingresos exentos para el trabajador, podrán deducirse para determinar esta participación.

En cuanto al régimen de maquila se propone que sólo puedan aplicarlo aquellas empresas maquiladoras dedicadas exclusivamente a la exportación y se excluye de este régimen a las prestadoras de servicios, “en virtud de que no están sujetas a una doble imposición por el pago del ISR en distintos países que las ponga en desventaja internacional frente a otras de su tipo”.

Asimismo, las personas con ingresos mayores de 500 mil pesos anuales tributarán a una tasa de 31 por ciento, los ingresos superiores a 750 mil pesos anuales tendrán una tasa de 32 por ciento, quienes obtengan ingresos por encima de 1 millón de pesos anuales serán gravados con la tasa de 34 por ciento y los que perciban ingresos superiores a 3 millones de pesos anuales contribuirán a una tasa máxima de 35 por ciento.

Del mismo modo, se suprime la exención del ISR a los ingresos de las personas físicas provenientes de la ganancia por la enajenación de acciones cuando se realicen a través de Bolsa de Valores.

Se sugiere que el pago de este impuesto sea de forma cedular, aplicando una tasa del 10 por ciento sobre la ganancia que obtengan las personas físicas por la enajenación de dichas acciones y un gravamen similar cuando dichas ganancias sean obtenidas por residentes en el extranjero.

Otro de los objetivos es derogar el beneficio para la industria minera para deducir las inversiones realizadas en periodos pre-operativos en un sólo ejercicio, a diferencia del resto de sectores de contribuyentes que pueden deducir en el ejercicio hasta 10 por ciento de la inversión realizada.

Ley de Impuesto al Valor Agregado

Respecto a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), se propone eliminar el tratamiento preferencial de la tasa de 11 por ciento aplicable en las operaciones realizadas por los residentes de la región fronteriza.

El dictamen también establece la necesidad de gravar con IVA la introducción al país de los bienes cuando se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico.

También se estima apropiado aplicar este impuesto a la enajenación de chicles o gomas de mascar, así como a la venta de perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar.

De igual forma, se considera gravar a los alimentos procesados para dichas especies, toda vez que se trata de bienes cuya adquisición refleja una capacidad contributiva que no justifica un tratamiento preferencial.

Al fundamentar el dictamen, el Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Yunes Zorrilla, precisó que éste contiene más de 276 modificaciones a 91 artículos, con 21 disposiciones transitorias a tres importantes leyes “y tales reformas representan modificaciones al marco hacendario integral, con visión a futuro”.

Indicó que las medidas tributarias que se contemplan incrementarán de forma significativa los ingresos públicos, dan viabilidad a una expansión de los programa públicos y no se limita sólo a una serie de medidas recaudatorias sino que prevé incrementar significativamente la progresividad de la hacienda pública, simplificará el pago de impuestos por parte de las empresas y fomentará la formalidad.

Resaltó el establecimiento de impuestos a los ingresos por distribución de dividendos o por ganancias de capital en la Bolsa, así como la nueva estructura del ISR personal, con incrementos en las tasas aplicables al uno por ciento de las personas con mayores ingresos y una tasa marginal de 35 por ciento para ingresos mayores a tres millones de pesos.

Destacó que con la desaparición del IETU y del IDE, se logrará que los ingresos empresariales estén gravados  sólo en el ISR.

Además, subrayó que la emisión de una nueva Ley del ISR permitirá contar con un solo impuesto al ingreso empresarial, con el objeto de que sea más simple que el actual, pero que tenga el mismo poder recaudatorio.

Explicó que el proyecto propone la creación del régimen de incorporación fiscal, el cual se convierte en un punto de entrada de empresas y trabajadores a la formalidad en los ámbitos tributarios y de seguridad social.

Al fijar la postura del PRI, el senador Gerardo Sánchez García dijo que la reforma hacendaria tiene la finalidad de “tomar las riendas” para impulsar un política pro-cíclica, que fortalezca el crecimiento económico, combata la inequidad social, promueva mayores inversiones, genere empleos y permita que paguen más lo que más tienen.

“Se trata --enfatizó-- de convertir el círculo vicioso del crecimiento de la pobreza en un círculo virtuoso, mejorando la distribución del ingreso”.

Dijo que se requiere una reforma para crear un sistema de seguridad social universal, con impuestos justos, más transparentes y simples, pero para ello, expresó, se requiere “romper viejos paradigmas” e impulsar un nuevo modelo económico que lance al país a mejores niveles de desarrollo, “donde lo que menos tienen y más necesitan sean los beneficiados”.

Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, el senador Martín Orozco Sandoval expresó que hay sorpresa y decepción por la incapacidad del Ejecutivo, “pues no estamos frente a una reforma hacendaria sino ante un parche de miscelánea fiscal”.

Señaló que no se puede aceptar “por ningún motivo” un endeudamiento de 700 mil millones de pesos como propone el Presidente de la República; “advertimos, dijo, sobre el riesgo de recurrir de manera irresponsable al déficit”.

Hizo notar que no se está frente a una reforma de carácter social sino ante medidas paliativas que “toman el camino fácil del populismo a costa de los propios trabajadores y el regreso a un pasado de endeudamiento irresponsable”.

A nombre del PRD, el senador Alejandro Encinas Rodríguez dijo que ante la pretensión de privatizar los hidrocarburos, la electricidad, la renta petrolera y frente a la profunda inconformidad social que frenó el intento de generalizar el IVA en alimentos y medicinas, el Gobierno Federal “pretende imponer una política eminentemente recaudatoria para mitigar el boquete fiscal que implicaría el cambio de régimen impositivo de Pemex”.

Destacó que la mal llamada reforma hacendaria y social rompe con el dogma del déficit cero, alienta el endeudamiento nacional y carga --de nueva cuenta-- la mano a los causantes cautivos, a los sectores medios y en particular al ingreso de los trabajadores, por lo que estamos ante una combinación de impuestos negativa.

Ello --agregó-- tendrá efectos regresivos que alentarán la recesión económica y profundizarán la desigualdad social, además de que estas medidas no ayudarán a dar respuesta al nulo crecimiento de la economía, a la generación de empleos, a la recuperación de los salarios reales y a frenar la tendencia recesiva económica.

Calificó como deleznables las prácticas adoptadas en los últimos años donde se pretende condicionar la asignación de recursos presupuestales por el voto en favor de las reformas impositivas o que las cúpulas partidarias induzcan el voto de legisladores contra sus convicciones.

En tanto, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, precisó que con los ajustes de la reforma se lograría un cambio de paradigma que permitirá construir un nuevo orden fiscal, “donde la redistribución del ingreso por la vía tributaria beneficiará a todos los mexicanos y el gasto público será el motor que genere infraestructura, empleos y desarrollo”.

Dijo que es una reforma social que va a cambiar el paradigma, “porque crea los cimientos de un camino que llevará a México en una dinámica de crecimiento económico, aunque en el corto plazo nos toque pagar los costos políticos”.

Por el PT, el senador Manuel Bartlett Díaz argumentó que el paquete de la reforma en primer término persigue legalizar la privatización del petróleo, la focalización y exclusión de los derechos sociales y grabar a los trabajadores, pequeñas y medianas empresas y sectores medios de la población, “dejando intactos los privilegios de los grandes contribuyentes”.

Afirmó que no existe reforma hacendaria como tal sino una miscelánea fiscal que aumenta impuestos a la población y endeuda a la nación. No es un cambio estructural sino una profundización del neoliberalismo y de la entrega del país a intereses contrarios a los nacionales, denunció.

“Un voto a favor de la reforma hacendaria es un primer paso para la privatización de la reforma energética, es un voto en contra de los intereses nacionales y de la soberanía del país y de traición a los más altos intereses de la patria”, advirtió.

A su vez, la senadora Layda Sansores San Román advirtió: “Cuando hay recesión cobrar impuestos es peligro de insurrecciones”, además, manifestó que “no se puede ser congruente al estar en contra de la reforma energética y votar a favor de la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo federal, pues son dos caras de la misma moneda”.

La legisladora de Movimiento Ciudadano aclaró no estar en contra  del cobro de impuestos, pues son base del funcionamiento del Estado; sin embargo, puntualizó que  la posesión de mascotas no es un lujo como se prevé en la reforma hacendaria y que de éstas, medio millón son guías de invidentes.

La senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, recalcó que el país necesita una reforma fiscal integral, así como una política de gasto transparente, mesurable, eficaz y pertinente y que la actual coyuntura económica exige buscar fuentes de recursos para que el Estado cumpla con sus funciones y brinde servicios de salud, educación y atención a los más pobres.

No puedo estar de acuerdo en una política que afecte a los mismos de siempre, la clase media, asalariados y pequeñas y medianas empresas con decisiones como homologar el IVA en las fronteras, sin una gradualidad que les permita acelerar el impacto y sin ser acompañado de medidas que produzcan los incentivos sustitutos, pues con ello “sólo estamos siendo abusivos y perniciosos”, apuntó.

Al anunciar su voto particular contra el proyecto, el senador panista Carlos Mendoza Davis dijo que el Gobierno Federal apuesta a imponer  una reforma “que nos conduzca directamente no sólo al pasado sino al peor pasado”, pues busca obtener “más recursos que le permitan gastar más a costa del bienestar de las familias”.

En tanto, el senador petista Marco Antonio Blásquez Salinas manifestó que existe una gran preocupación en Baja California por la intención de homologar el IVA al 16 por ciento, además de que la gente “está muy molesta”.

El senador panista Héctor Larios Córdova aseguró la propuesta para que las prestaciones no sean totalmente deducibles es terriblemente” regresiva, afectará más a los que menos ganan y castigará a las empresas que más empleo generan.

Su compañero de bancada, Luis Fernando Salazar Fernández reiteró que “la visión recaudadora que plantea el titular del Ejecutivo Federal” para aumentar la tasa del IVA del 11 al 16 por ciento en la región fronteriza representa “un fuerte golpe a la economía y residente del comercio fronterizo, ya que implica un perdida en su competitividad. (Senado de la República)

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