José Repetto
La denominada "revisión de rutina" constituye un acto denigrante y atenta contra la dignidad humana.
Ésta consiste en que la policía detiene a una persona -ya sea que vaya a pie o manejando- sin causa alguna para preguntarle de dónde viene, a dónde va, revisar su documentación y el interior de su vehículo o pertenencias.
Hay quienes defienden estos operativos cuando los oficiales son amables con el ciudadano, pero el problema no yace en las formas, sino en el fondo.
Ninguna corporación es ajena a esa mala práctica. Lo hacen las policías municipales -incluyendo a la de Mérida-, la estatal, la federal e incluso los militares en carreteras, estos últimos escudados con la prepotencia que les da la idea de que para ellos no aplican las "leyes de civiles".
No nos meteremos en cuestiones legaloides, en el hecho de que la Constitución en sus artículos 11 y 16 reconoce el derecho al libre tránsito y a no ser molestados sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad. Tampoco abundaremos respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos o lo que dice el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad en su Artículo 409: "Los agentes únicamente podrán detener la marcha de un Vehículo, cuando su Conductor haya violado de manera flagrante, alguna disposición de la Ley o este Reglamento. La revisión de documentos, no será motivo para detener el tránsito de un Vehículo o Peatón..."
Aunque con esto es más que suficiente para decir como hecho, y no como opinión, que las revisiones de rutina son ilegales y atentan contra los derechos del ciudadano, quiero centrarme en el aspecto de la dignidad de la persona y el respeto que ésta merece por el simple hecho de ser persona.
Al ser elegido para revisión de rutina por tu lugar de procedencia o apariencia física estás siendo víctima de un acto de discriminación y menosprecio por parte de la autoridad, que básicamente le está diciendo al detenido que 1) tiene facha de delincuente 2) es sospechoso simplemente por su lugar de procedencia 3) es un ciudadano de segunda.
Ejemplo obligado es el reciente caso de una joven motociclista con placas de Quintana Roo quien, al sentirse justamente agraviada al ser parada sin motivo, se negó a dar su documentación y fue detenida por la fuerza*. El caso generó indignación, pero como ése hay muchos que transcurren todos los días, donde el ciudadano se traga su disgusto o incluso ha llegado al grado de convencerse de que no tiene nada de malo ser blanco de una revisión arbitraria.
¿Qué pasaría si todo ciudadano que sea sometido de la misma manera se opone? Posiblemente esto llevaría a la autoridad a replantear su proceder en estos casos, pero por desgracia la gente ha sido pasiva en torno a este tema -pues aunque toca su dignidad, no toca su bolsillo- por lo cual casos como el citado quedan como incidentes aislados y anecdóticos más que como una auténtica resistencia a una medida sistemáticamente arbitraria.
Defensores de las revisiones de rutina dirán "el que nada debe nada teme", pero no se trata de deber ni de temer. Simplemente tenemos derechos y un refrancito dista de ser un argumento de peso para renunciar a ellos.
Antecedentes
Tras la aparición de varios narcomenudistas decapitados en Chichí Suárez, se intensificaron medidas como los retenes y las revisiones de rutina. Aunque han reducido, aún persiste cierta actitud discriminatoria por parte de las autoridades de todos los niveles al parar a los ciudadanos para revisiones arbitrarias e ilegales.
Desde 2008, hace casi una década, he señalado de manera consistente la naturaleza ilegal y arbitraria de estos operativos.
No se trata de estar en contra de las labores de prevención y vigilancia, tal como la colocación de cámaras de vigilancia, el contar con un padrón vehicular actualizado y la constante vigilancia de nuestras calles, así como evidentemente la detención de cualquier persona que sea captada in flagranti cometiendo un delito.
Pero estas labores no pueden realizarse a costa de los derechos de la ciudadanía.
* Video del incidente.
* Video del incidente.
