En Yucatán no matan las balas, mata la impunidad. En 2004 se crea el "Sistema Crecicuentas S.A" -cuyo primer director fue Jorge Alberto Argáez López- con el fin de ser "un sistema de cooperativa para dar préstamos a bajo interés y obtener dinero con rendimientos mayores a los de la banca comercial". En 2007 cambian de nombre a "Crédito Mas, SA de CV" y el director invita a sus hermanos y padres a participar en la "sociedad", figuraban entonces - su padre, Miguel Ángel Argáez Ordaz y sus hermanos, Miguel Ángel y Claudia Rubí. Esta "cooperativa" estaba siendo supervisada por la "Federación Fortaleza Social AC" avalada por la CNBV, pero en el 2008 sentenció que Crecicuentas ya no estaba en condiciones de captar recursos de los ciudadanos ya que los Argáez López habían malversado los recursos obtenidos, empero, durante 2009 y 2010 continuaron aceptando y ofreciendo dinero cambiando de identidad comercial sin cambiar de dueño usando prestanombres de los mismos empleados; como los de Ileana Guerrero Castillo, Jorge Rivero Huchim, Lorenzo del Ángel Chay, Edith Chablé, Gregorio Flores, Miguel García, Rainer Schuster Morales, Liza Interián Ramírez, Alejandra Castellanos Perera, David Lugo Segovia, Carlos Cámara Martínez y Rubí Chel Sierra, entre otros. En 2011, Jorge Alberto Argáez López crea otras dos cooperativas ya no figurando él como director, sino Rainer Schuster Morales y haciendo socios a ex-empleados de "Crédito Mas".
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| Víctor Caballero Durán, Secretario General de Gobierno. |
En diciembre de 2012 las sucursales de Crecicuentas o Crédito Mas notifican que no están en condiciones de recibir dinero de ningún socio, pero sí continuaron cobrando el interés de los préstamos dados en municipios como Oxcutzcab. En Febrero de 2013, un grupo de 196 personas (de un total de 800 defraudados) demandan ante la Fiscalía del Estado a esta empresa solicitando puntualmente la relación de los nombres de los socios ante el IMSS y la devolución de casi 500 MDP que la empresa tendría como parte de sus aportaciones en sólo Yucatán.
Mutis hasta septiembre de 2014 en que las Abuelas de la Plaza Grande deciden hacer un plantón cada sábado frente al Palacio de Gobierno para solicitar (amablemente, pacíficamente) que el gobernador cumpla la promesa que hizo al asumir el cargo -guardar y hacer guardar la Constitución. Hasta el día de esta publicación, ninguna respuesta contundente ha habido, respuestas dóciles, parcas, amables de parte de Rubén Valdez Ceh y Pedro Becerra han sido un aliciente poco grato para las Abuelas, respuestas hipócritas por parte de la Fiscal Celia Rivas Rodríguez, han producido desesperanza y respuestas agresivas, dolosas e insultantes de parte del Vicefiscal de Investigación y Procesos de la FGE, Javier León Escalante, llenan de indignación por la apatía y el desinterés político ante este gran fraude que mermaría el patrimonio de muchas familias. A casi 2 años y ninguna resolución hace pensar a los ciudadanos acostumbrados a desconfiar en los administradores públicos que cuando el río suena, agua lleva.
Y la llevó. En 2008, Víctor Caballero Durán, siendo director del COBAY, actual secretario de Gobierno y pre-pre candidato a la alcaldía de Mérida o una diputación, constituyó una sociedad anónima con Jorge Alberto Argáez López en la notaría pública #86 a cargo de Luis Jorge Carrillo Palma llamada "Asesores Laborales Peninsulares". En 2008, Víctor Caballero Durán habría pedido dinero a esta cooperativa -y sin aval- (es decir, que podría no haberlo devuelto) por un monto total de aproximadamente 6 MDP. Cuando en el 2010 Víctor Caballero Durán es electo Diputado Estatal por el I distrito, habría solicitado, por medio de la "Sociedad" creada con Jorge Alberto Argáez López, aproximadamente 23 MDP.
Lo último que se le ha dicho es que su caso fue turnado a la PGR con el expediente Num 140, ¡Sí, PGR!. Acudieron a la PGR y ahí dijeron no saber de qué hablan. Fuentes extraoficiales dan cuenta de que el expediente sí fue turnado a la PGR pero con toda la intención de declararlo improcedente, alargar el proceso y no consignar a nadie.
Desde el Plantón, las Abuelas de la Plaza Grande han sido escuchadas (al parecer por otro órgano, no el oído) por la fiscal Celia Rivas (amiga desde la Preparatoria 1 del Gobernador y el secretario involucrado, Víctor Caballero Durán) y el altanero Vicefiscal Javier León Escalante (a quien vomitaría el recién nombrado presidente de la SCJN). Cansadas, indignadas, algunas fallecidas ya, las abuelas reclaman justicia en nombre de su familia por el patrimonio que por años construyeron -y que asumen- unos pocos están o estuvieron disfrutando. Justicia pronta y expedita no es tema en Yucatán, ese "compromiso cumplido" tampoco está en la boca del Gobernador.
En México ha sucedido un caso similar con una cooperativa llamada FICREA, ni la CNBV ni la CONDUSEF escucharon, los manifestantes optaron por bloquear las instalaciones de esta última y desde el pasado día 2, la CNBV empezó a pagar el seguro (131 mil pesos, por cuenta) a los afectados. Los Defraudadores dueños de FICREA se encuentran prófugos para evitar se les cumpla orden de aprehensión.
En Yucatán ni investigación ha habido, ¿Orden de aprehensión? Menos. Los dueños de la cooperativa se encuentran libres y Víctor Caballero Durán haciendo campaña e impidiendo que este caso salga a la luz pública.
Sr. Gobernador ¿Necesita usted que le bloqueemos la calle 61 para que seamos escuchados?, ¿Si por los cauces que marca la ley no se ha podido resolver el caso a las Abuelas de la Plaza Grande por casi 2 años, necesitaremos salir de éstos para que se les pueda resolver?, ¿Cómo resuelve usted los problemas entre particulares y donde su secretario de gobierno podría estar involucrado? ¿Sentado o desesperado por los plantones, manifestaciones o bloqueos?
Antonio Plascencia Gómez.
Politologoblasto y dermatólogo
dontol@hotmail.com
