jueves, 20 de junio de 2013

18:18:00
CHIAPAS, 20 de junio.- Integrantes de la comunidad Venustiano Carranza de Chiapas, conformada por más de 5 mil indígenas, realizaron una manifestación ante la representación del gobierno de esa entidad en esta ciudad para exigir la desmilitarización de la comunidad, la liberación de 12 presos políticos, la cancelación de 165 órdenes de aprehensión y la presentación de dos menores de edad que desaparecieron hace cinco días.

Foto de las protestas en Venustiano Carranza (Juan D. Lastra, 19 de junio)

Israel Sampedro, de la Red de la Defensa de los Derechos Humanos de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-CP-FNLS), advirtió que los conflictos en la comunidad se originaron por la venta “ilegal” de ganado y terrenos comunales -“donde hay minas de oro y de uranio”-, al diputado local priísta, Jesús Alejo Orantes.


La venta la realizaron los ejidatarios Bartolo Pérez, Paola García Consuegra y José Martínez Calvo, quienes tras ser expulsados por la asamblea, conformaron “un grupo paramilitar, dirigido por el diputado Alejo Orantes”, dijo Sampedro.

En entrevista, Sampedro y otros destacaron que elementos del Ejército mexicano y de la Marina han incursionado en la comunidad, con la intención de detener a las autoridades comunales y a otros ejidatarios, algunos de ellos “víctimas de tortura física y sicológica”.

Relató: “El pasado martes en un operativo militar, que incluyó a un grupo de granaderos, atacaron la comunidad con gases lacrimógenos, dejando un saldo de varios heridos y otros detenidos, entre ellos Noé Hernández García y Manuel y Juan Daniel Gómez. Asimismo, desaparecieron los menores de 12 y 16 años de edad, Juan Daniel y José Manuel Gómez”.

El conflicto data de septiembre pasado. Desde entonces han solicitado la intervención del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la entidad.

“Velasco ha prometido instalar una mesa de diálogo, pero en lugar de ello se han realizado operativos represivos, y la CDH de la entidad tampoco interviene”.

Otras autoridades a las que han acudido sin que respondan a la demanda de poner orden en el ejido, son el procurador general de Justicia del estado, Raciel López Salazar, y el secretario de Gobierno Noé Castañón León.

A la fecha se encuentran en el penal de mediana seguridad El Amate, de esa entidad, Sebastián Gómez, Miguel y José Manuel Vázquez Mendoza, José Ángel Alcázar Hidalgo, Juan y José del Carmen Mendoza Espinoza, Rodrigo Díaz Solano, Ismael Díaz, Catarina Gómez Martínez.

Los ejidatarios demandan la intervención de Gobernación para dar una salida pacífica al conflicto y se garantice el respeto a los derechos humanos de los indígenas, ya que además de las “ilegales detenciones, actos de tortura y otras violaciones (a sus garantías individuales), han resultado heridos ancianos, mujeres y niños, a causa de los operativos represivos”.

Acudieron también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual dijo no tener competencia para intervenir en el conflicto.

A la fecha han presentado sendas denuncias ante autoridades y organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional; James Anaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; a la representación de la Comunidad Europea en México. (La Jornada)

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