jueves, 20 de noviembre de 2014

14:19:00
Carlos Loret de Mola Álvarez / 20-XI-14

El 6 de agosto de este año se registró un intercambio de información entre el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el gobierno de Guerrero que puede resultar clave para deslindar responsabilidades en el caso de los estudiantes desaparecidos.

Según fuentes involucradas, la delegación del Cisen en esa entidad, la procuraduría local y representantes de la Marina, el Ejército, la PGR y la Policía Federal llevaron a cabo varias reuniones para definir la lista de personas que representaban los mayores riesgos de seguridad para Guerrero. 


A principios de agosto consensaron la “lista negra”. Quedó plasmada en un documento —tengo una copia— casi dos meses antes de la desaparición de estudiantes en Iguala. Se llama Objetivos de Atención Especial. Guerrero.


Y ahí, en el capítulo de Objetivos relacionados con autoridades, figura José Luis Abarca Velázquez. Aparece su fotografía, se señala su filiación perredista, se le ubica en el cargo de presidente municipal de Iguala y con toda claridad expresa: “Vínculos: Guerreros Unidos. Cuenta con dos averiguaciones previas en su contra por los delitos de fraude y lesiones, actualmente en integración”.

Casi dos meses antes de la tragedia.

Hay otros once presidentes municipales señalados de la misma manera por el documento oficial: siete del PRD y cuatro del PRI. La mitad de ellos con averiguaciones previas en su haber.

A los de Chilpancingo, Apaxtla de Castrejón y Taxco se les vincula con el cártel de Guerreros Unidos. Con la Familia Michoacana, a los de Teloloapan y Cuetzala del Progreso. A los de Coyuca de Catalán y La Unión de Isidoro Montes de Oca con los Caballeros Templarios. A los de Chilapa de Álvarez, Tlacotepec y Leonardo Bravo con Los Rojos. Y al de Zihuatanejo con una organización identificada como Granados Beltrán-Leyva.

Además se señala a dos diputados locales: el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, a quien se le pone como vinculado a la banda de Los Ardillos y con una averiguación previa por el delito de ataques a las vías generales de comunicación; y a Olaguer Hernández Flores, del Partido Verde, supuestamente inmiscuido con Los Rojos.

El documento de Objetivos de Atención Especial incluye tres capítulos más. El primero, sobre “Objetivos relacionados a la delincuencia organizada” donde aparecen los nombres de 16 ciudadanos. El segundo, de “Objetivos Relacionados a la Subversión” con cuatro personas. Y el tercero, de “Objetivos Relacionados con Organizaciones Sociales”, en el que enlistan a 14.

Lo tenían los órganos de inteligencia casi dos meses antes.

¿Por qué entonces no pasó nada? O mejor dicho, desgraciadamente sí.

SACIAMORBOS. Claves de un discurso. El Presidente ve un afán concertado para desestabilizar al país, afirma que las reformas han afectado los intereses de los que mucho tienen y de los que se oponen a su proyecto de nación. Dice no saber si el tema de la casa está vinculado a ese afán. El fraseo es casi misil a poderosísimo destino.

carlosloret@yahoo.com.mx