jueves, 29 de mayo de 2014

mayo 29, 2014
MÉXICO, 29 de mayo.- El día de ayer Silvia López Escoffié, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC), se reunió con Humberto Hevia Jiménez, encargado de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán (DTEY) para presentarle las quejas recibidas a través del Centro de Denuncia del Transporte Público y un listado de 8 propuestas para mejorar el servicio brindado por los concesionarios.

Milagros Romero Bastarrachea, Silvia América López Escoffié, Ramsés Navarro Alonzo y Conrado Sánchez Barragán (fotos: JMRM)

En rueda de prensa realizada esta mañana en las oficinas del partido y acompañada por los integrantes de la comisión estatal, López Escoffié explicó que las principales quejas están relacionadas con el trato de los operadores a los usuarios.

80% de las quejas, explicó, son debido a que los conductores no respetan el subsidio para grupos vulnerables, maltratan a los usuarios, discriminan, manejan a exceso de velocidad y son prepotentes con los demás guiadores, además de que seis personas han fallecido en lo que va del año a causa de su imprudencia.

"Es una ciudad muy insegura en relación a que hay una amenaza en la calle: los autobuses de servicio urbano", remarcó.

Aseguró que la DTEY está enterada de las situaciones planteadas, y que las quejas que han recibido son casi idénticas a las presentadas por MC.

"Los choferes son el gran problema para la ciudad", expresó, señalando sin embargo que la situación es causada por sus malas condiciones laborales ya que reciben un mal salario, están sometidos a un horario inhumano, les falta capacitación y carecen de prestaciones.


"Los concesionarios ven esto como una empresa y no como un servicio público", sentenció.

Recordó que en 2009 los transportistas se comprometieron a mejorar las unidades y el servicio.

"De todo esto podemos deducir que no cumplieron su parte", aseveró.

Señaló que por más de 5 años los concesionarios recibieron un subsidio que asciende a un total de 200MDP sobre el cual no se han rendido cuentas.

López Escoffié aseguró que al presentar al Director de la DTEY dicho argumento él respondió que "no era de su año" y le dijo que pidieran la información al INAIP.

"Uno cuando está al frente de una institución se hace cargo de responder", opinó la coordinadora del partido.

Milagros Romero mencionó la problemática de los transportistas en Tizimín, indicando que el encargado de la DTEY aceptó que sí tienen la concesión y que la agrupación está reconocida por las instituciones pertinentes pero simplemente "no quiere darles un reconocimiento porque no va con su orden".

"Nos parece una actitud cerrada, omisa, prepotente y hasta cierto punto inconstitucional", remarcó.

Al final de la conferencia, hizo especial énfasis en el problema de la impunidad, señalando que a pesar de que existen leyes éstas no son aplicadas en la práctica.

Conrado Sánchez señaló que el Consejo Consultivo de Transporte sesiona en secreto y no está abierto a la ciudadanía, por lo cual propusieron que realice sus sesiones de manera pública y acepte propuestas externas.

También indicó que el Consejo no informa sobre sus acuerdos ni el seguimiento que se da a éstos.


López Escoffié añadió que ahí están representados los empresarios y la Cámara de Comercio, cuyos miembros no utilizan el transporte público, y el sindicato de obreros que, opinó, no representa a los trabajadores.

"La ciudadanía se encuentra indefensa ante esta situación. Se toman decisiones que finalmente se dan en la oscuridad", remarcó.

Ramsés Navarro mencionó que el encargado de la DTEY aseguró que no se incrementará la tarifa del tansporte público durante la actual administración estatal.

"De todas las cosas que no respondió, ésa es la rescatable", remarcó.

López Escoffié recordó que fue durante la gestión del alcalde César Bojórquez Zapata (2007-2010) que se cedió el control del transporte al Gobierno del Estado.

"Fue un alcalde que no quiso cumplir a los ciudadanos... este alcalde dejó tirados a los ciudadanos", opinó.

Explicó que, al estar el Ayuntamiento a cargo de aplicar las tarifas, el tema se discutiría en las sesiones de Cabildo, que están abiertas a los medios de comunicación y por tanto son más transparentes.

Señaló que recuperar el control del transporte en Mérida dependería del cabildo y la buena voluntad del alcalde. (JMRM)

Las propuestas

Se reproduce íntegramente el contenido del oficio entregado el día de ayer al director de la DTEY por los integrantes del partido:

Propuestas de Movimiento Ciudadano Yucatán para mejora de servicio de transporte público

1.-Considerando que el 29 de agosto del 2009 se expidió el Decreto 222 a través del cual el gobierno del estado y los permisionarios suscribieron compromisos mutuos, consistentes en un aumento significativo en la tarifa por parte del gobierno y el mejoramiento sustancial del servicio por parte de los permisionarios, y que derivó en el incremento de $5 a $6 pesos a la tarifa aplicable al servicio de transporte público en el municipio de Mérida y su zona conurbada y sin que a la fecha fueran cumplidos ninguno de los puntos acordados por parte de los transportistas.

PROPONEMOS:

Que el gobierno no otorgue bajo ninguna circunstancia ningún otro aumento o subsidio ni les transfiera nuevamente recursos al transporte público hasta que los concesionarios no hayan cumplido a cabalidad los compromisos contemplados en dicho decreto los cuales son: mejorar la seguridad, modernizar el servicio renovando el parque vehicular y prestar una buena atención al público usuario.

(ANEXAMOS COPIA DEL DECRETO)

2.-Sabemos que desde la gestión municipal 2007-2010, el ayuntamiento se deslindó de ocuparse de la autorización de las tarifas del servicio, cediendo la decisión por completo al gobierno del estado. Desconocemos cuál pudo haber sido la razón para tal hecho.

PROPONEMOS:

Que la actual autoridad municipal solicite que dicha atribución retorne a sus responsabilidades.

3.- Año con año y de manera reiterada los concesionarios se acercan a la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, a fin de solicitar su autorización para incrementar las tarifas del transporte público, argumentando que ya es prácticamente imposible mantener la operación de sus empresas. Ante los crecientes aumentos de precios de los combustibles, refacciones y demás insumos, se muestran preocupados de que la baja rentabilidad de sus empresas, afectan la calidad de la prestación del servicio. Y hay que considerar que en el mes de Enero de este año, se autorizó un nuevo incremento de un peso, pasando la tarifa de $ 6 a $ 7 el cual es el precio en la actualidad.

PROPONEMOS:

Si la operación de las rutas concesionadas ya no le es conveniente a los empresarios actuales del ramo, solicitamos que sean devueltas al estado y que éste mismo abra una nueva licitación pública y transparente, a fin de otorgarlas a nuevos prestadores de servicios.

4.- Se sabe que desde el gobierno anterior, se ha otorgado un subsidio por unidad a todas las empresas concesionarias a fin de que estas sean aplicadas a la mejora de las unidades. De acuerdo a lo publicado en un rotativo estatal en el periodo 2009 a 2012 se les transfirieron 122 millones de pesos. (Se anexa copia de la nota informativa) sin embargo tanto el gobierno anterior como el actual nunca han dado a conocer como se aplicó, cuando se aplicó y los alcances obtenidos del subsidio con el que se les apoyó.

PROPONEMOS

 Que a la brevedad posible se dé a conocer todo lo concerniente al subsidio señalado.

5.- Los problemas no son sólo en la Ciudad de Mérida sino también en la zona conurbada como Tamanché y Paseos de Itzincab. En el caso de Tamanché no se respeta la tarifa autorizada para Mérida y que debería ser la misma. Y se les llega a cobrar el doble con el argumento de que es una ruta foránea. En el segundo caso, los vecinos se quejan de que el servicio es de muy mala calidad ya que le dan preferencia de atención al fraccionamiento denominado PIEDRA DE AGUA, dejándolos a ellos en cierta forma aislados del centro de la ciudad.

PROPONEMOS

Que los inspectores no se limiten a llevar sus actividades a la zona céntrica de la ciudad de Mérida. Si no que también se desplacen a los barrios, las colonias, los fraccionamientos y las comisarías de la zona conurbada de Mérida y se sitúen dentro de las irregularidades que cometen a los usuarios y las usuarias los choferes de las líneas que llegan a estas localidades.

6.- En el caso de municipios del interior del estado, en la ciudad de Tizimín existe una asociación de taxistas legalmente constituida que cuentan con concesiones propias, a la cual no le permiten operar, ya que la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán argumenta que no está regularizada. Sin embargo, ya cuentan con el reconocimiento de INSEJUPY (Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán) y la SSP (Secretaría de Seguridad Pública, razón por la que se desconoce por qué la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán aún no lo ha hecho. Además las autoridades locales han autorizado la entrada de unidades de municipios circunvecinos, arrebatándoles rutas y clientes.

PROPONEMOS:

La intervención inmediata y directa de esta Dirección para que se regularice dicha situación ya que se está dejando a muchas personas sin el ingreso diario que sirve de sustento para mantener a sus familias. Pero sobre todo, que efectué las gestiones necesarias ante los alcaldes para que estos no se excedan en sus facultades y garanticen el libre ejercicio de las concesiones otorgadas.

7.- Como es del conocimiento público la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, forma parte de un Consejo Consultivo del Transporte que rige todos los temas relacionados con este servicio. Dicho Consejo está integrado por cámaras empresariales, académicos y funcionarios estatales, quienes tienen la potestad de regir lo concerniente a este servicio en el Plan Estatal de Desarrollo.

PROPONEMOS:

Que estas reuniones se realicen de manera pública, tengan una agenda que se conozca con antelación y que sean abiertas sobre todo a los medios de comunicación, y que se permita la presentación de propuestas externas dentro de la orden del día. .

8.- Se ha informado a la opinión pública que el titular del Ejecutivo Federal destinará 1800 millones de pesos para la modernización del servicio de transporte público en Mérida y su zona conurbada. Por lo que MOVIMIENTO CIUDADANO en YUCATAN

PROPONE y EXIGE

Que la aplicación de los recursos señalados se haga con total transparencia, especificando:

• Que este presupuesto se aplique para la elaboración e implementación de manera incluyente, plural y corresponsable en una Estrategia de Movilidad para Mérida y su zona conurbada.

Firmaron el documento los integrantes de la Comisión Operativa Estatal (Silvia América López Escoffié, Milagros Romero Bastarrachea, María Guadalupe Ancona Rosas, Ramsés Navarro Alonso Priscil Ceballos Pinto y Conrado Sánchez Barragán) y la Coordinadora Ciudadana Estatal (Martha Elena Rosel y Rodrigo Mendoza Martínez).