José Repetto
Una minoría de conductores de Uber en Mérida han cometido graves errores últimamente y están pasando, poco a poco, de víctimas a victimarios y corriendo el riesgo de demeritar sus peticiones.
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| Protesta de Uber frente al Palacio de Gobierno (foto: LectorMx) |
Estos actos quedan en manifiesto en dos videos: Uno donde durante una protesta frente al Palacio de Gobierno algunos de ellos persiguieron a una patrulla de la Policía del Estado, la rodearon e intentaron intimidar al oficial para que descienda, incluso golpeando a manotazos el vehículo, todo porque presuntamente les tomó fotos a sus coches.
Esto recuerda los sucesos de hace casi un año, cuando varios taxistas retuvieron y agredieron físicamente a un conductor de Uber en proximidad del aeropuerto. En aquel entonces un uber fue el agredido, ahora varios ubers fueron los agresores.
¿No es esa actitud, de prepotencia y de creerse por encima de la ley, lo que criticaban los defensores de la empresa californiana?
En otro video se ve a varios choferes de Uber reteniendo por la fuerza a una persona porque les tomó fotos con su celular y obligándola a borrarlas.
¿Con qué autoridad, con qué derecho, puede un ciudadano obligar a otro a eliminar archivos de su teléfono celular o cámara?
No es ningún secreto que hay taxistas que se han pasado a Uber y algunos trabajan tanto para el FUTV como en la plataforma tecnológica y por lo visto se llevaron consigo las mañas gangsteriles que han hecho al FUTV, con justa razón, tan impopular entre la ciudadanía.
Es particularmente indignante y preocupante que un grupo envalentonado crea que puede privar de su libertad a un ciudadano y obligarlo a borrar archivos de su cámara o celular, lo cual además es inútil pues si éstas fueron tomadas directamente desde WhatsApp o Messenger y enviadas a algún contacto, no tiene el menor caso eliminarlas.
Los choferes de Uber, quienes en su gran mayoría están trabajando pacíficamente, necesitan llamar a sus compañeros a la mesura y repudiar cualquier acto que tan siquiera pueda parecer de violencia o prepotencia.
Asimismo, urge la empresa californiana cumpla con su registro ante la Dirección de Transporte para así poner un fin a las tensiones con el FUTV y garantizar que sus socios puedan trabajar dentro de la ley. En esto coinciden numerosos ciudadanos, varios de los choferes de la plataforma e incluso los representantes del sector educativo y cámaras empresariales de la entidad.
