miércoles, 15 de enero de 2014

enero 15, 2014
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero.- Con el objetivo de sentar un severo precedente contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, en especial cuando los agresores son autoridades, la senadora yucateca Rosa Adriana Díaz Lizama pidió a la Comisión Permanente del Senado que se exhorte a la Cámara de Diputados de Hidalgo a retirar a la brevedad el fuero al alcalde que agredió a su esposa y le causó fractura de mandíbula.

Hasta donde se sabe es la primera vez que el Senado solicitaría desaforar a un alcalde para ser juzgado por agredir a su esposa.

La propuesta de Rosa Adriana Díaz Lizama sentaría precedente contra la violencia a las mujeres, pues por primera vez el Senado solicitaría el desafuero de un alcalde (recuadro) por agredir a su esposa. Que los agresores sean funcionarios o servidores públicos es doble motivo de vergüenza, sostiene la legisladora federal yucateca.

La legisladora federal subrayó que el alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito, debe ser consignado ante las autoridades correspondientes para afrontar un proceso donde se le investigue y se le dicte la sentencia, como a cualquier otro ciudadano, que el o la juez que lleven su caso determinen.


Como es del dominio público, hace unas semanas el alcalde hidalguense atacó a su esposa, María Virginia Ortiz Monroy, mientras la presidenta del DIF Municipal preparaba los desayunos escolares, ocasionándole fractura de mandíbula, además de propinarle diversos golpes y patadas en la cara y estómago, lo que ocasionó que la mujer casi perdiera el sentido. Por la agresión, la víctima requirió una intervención quirúrgica. El ataque ocurrió ante numerosos testigos.

De acuerdo con versiones de prensa, la Procuraduría de ese estado ya presentó al Congreso local la solicitud de juicio de procedencia contra Mendoza Benito, pero los diputados locales informaron que tienen un plazo de hasta 70 días para determinar el dictamen respectivo.

--Este caso ha sido motivo de escándalo, pero sobre todo doble motivo de vergüenza porque estos actos de violencia contra las mujeres han sido cometidos públicamente por funcionarios o servidores públicos, que tienen en su investidura el nivel de autoridad.

--Basta con recordar la violencia económica que sufrió Ana María Orozco, ex pareja del Ministro de la SCJN en retiro Genaro Góngora Pimentel, o casos como los que lamentablemente se han suscitado en Yucatán, donde hace 20 años un policía asesinó a balazos a su esposa y a sus 2 hijos.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado indicó que con este exhorto del Senado se establecería un precedente para evitar que se repitan estos actos.

--Estos hechos no sólo dañan a una mujer, sino a todas las mujeres. Más aún cuando el agresor es una autoridad --concluyó.