sábado, 25 de mayo de 2013

15:42:00
Octavio Rodríguez Araujo / La Jornada

El reciente y merecido homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo me llevó a recordar viejos sucesos, incluido su secuestro en 1985. Dicho secuestro fue calificado por Carlos Pereyra como actividad delictiva y una pretendida actividad política de izquierda, y añadió: Más allá de las vicisitudes anecdóticas de unos cuantos millones de pesos producto de un plagio anterior (el de Rubén Figueroa), llama la atención el desenfado de cierta cultura política para incorporar acciones delictivas como parte de la actividad política (Carlos Pereyra, Atavismos en la izquierda, La Jornada, 26/07/85).

En efecto, los militantes del Partido de los Pobres (PDLP), fundado por Lucio Cabañas, fueron comparados, y no sólo por Pereyra, con delincuentes, por haber secuestrado a uno de sus exmiembros, Félix Bautista Matías, y luego a Arnoldo, entonces dirigente del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Si eventualmente el PDLP de los años 80 no era el mismo de los tiempos de Cabañas, asesinado en diciembre de 1974, eso no impide constatar un hecho objetivo: que el dinero obtenido por el grupo guerrillero por el secuestro de Rubén Figueroa fue en parte entregado, en resguardo, al Partido Comunista Mexicano, y éste lo invirtió al parecer en la compra de un edificio, de algunos automóviles y gastos operativos. Acción que, a mi juicio, no fue correcta.



Algo escribí al respecto en esos meses de 1985, sobre todo polemizando con Hermann Bellinghausen y otros, pero no lo retomo ahora. Lo que me interesa destacar es la indiferencia en aquellos años de lo que había ocurrido durante la guerra sucia iniciada por Gustavo Díaz Ordaz en contra de ciudadanos pacíficos que, por el hecho de protestar, fueron orillados a la insurrección armada. Este tema, vale decirlo, no es el típico dilema del huevo y la gallina. Lo primero fue la represión, lo segundo fue la reacción desesperada y defensiva de quienes se asumieron como paladines de sus compatriotas más cercanos, en ese caso del estado de Guerrero, y más particularmente del municipio de Atoyac de Álvarez. Esto es, los movimientos insurreccionales no fueron gratuitos ni producto de mentes calenturientas. Eran y son consecuencia de muchos años de agravios en contra de los pobres de México, éstos sí tratados de ordinario como delincuentes, especialmente si protestan.

Para quienes no recuerden los hechos cito a continuación a un protagonista, el exguerrillero José Arturo Gallegos Nájera (La guerrilla en Guerrero, 2004): “El año de 1967 fue el parteaguas en la historia de Guerrero por la virulencia con que se manifestaba el Estado en contra de los sectores en lucha. El 18 de mayo padres de familia de la escuela Juan N. Álvarez de Atoyac fueron masacrados cuando realizaban una asamblea para protestar contra las autoridades de la directora del plantel… Un día antes el profesor Lucio Cabañas Barrientos, destacado luchador social que gozaba de mucha simpatía entre la población, fue invitado a participar en esa asamblea… (Lucio) llegó puntual. Apenas había iniciado su discurso se escucharon disparos provenientes de las calles adyacentes y todo se volvió confuso… Aunque no se sabe toda la verdad con exactitud, lo real es que la fuerza pública abrió fuego sin mediar provocación alguna, disparando contra todo y contra todos”. Y también: “Isabel Gómez –narró Cabañas– cayó a unos cuantos pasos de mí. Mientras agonizaba, el niño que llevaba en el vientre se movía y moría con su madre” (citado por Carlos Bonilla Machorro, Ejercicio de guerrillero, 1981).


Lucio Cabañas logró escapar y resolvió tomar el camino de la subversión en la clandestinidad. De ahí surgiría el PDLP y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. No tuvo otra alternativa, como tampoco la tuvieron Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo o, más recientemente, los indios de Chiapas.

Esos años y los siguientes fueron tiempos de represión y de insurrección. No había vías democráticas para la acción política de la oposición y la disidencia. La represión llevó a la radicalización de algunos sectores de la población, y más después del 2 de octubre de 1968. Los derechos humanos fueron violados sistemáticamente y la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales eran el lugar común contra todos aquellos que el gobierno y sus asesores militares (Acosta Chaparro, Quiroz Hermosillo y Nazar Haro, señaladamente) consideraban enemigos de la estabilidad y del gobierno. Fueron los días en que fue detenido y desaparecido Rosendo Radilla por cantar corridos sobre Lucio Cabañas. Su caso, por cierto, sigue abierto ante diversas comisiones de derechos humanos.

Con lo anterior no estoy justificando el secuestro de mi amigo Arnoldo Martínez Verdugo, ni tampoco el de Félix Bautista, a quien no conocí. Lo que estoy tratando de decir es que los guerrilleros de entonces y de ahora no son delincuentes, y que quizá tuvieron razón en presionar al sucesor del PCM, el PSUM, para que les devolviera el dinero que le habían dado a guardar. Lo que entiendo es que nadie se movió por el secuestro de Bautista, quizá porque no era muy importante en la política, pero sí cuando el plagiado fue Arnoldo. Según las crónicas conocidas hoy, fue de tal importancia dicho secuestro que el gobierno de Miguel de la Madrid pagó el rescate de ambos, se dice que 100 millones de pesos.

La Jornada, en agosto-septiembre de 1985, invitó a la polémica sobre el tema, sobre las cosas no habladas que urge dirimir dentro de la izquierda. La polémica fue interesante y un ejemplo de lo que ahora rara vez ocurre entre tantos temas que debieran debatirse con seriedad. Lo que se estila ahora, en el mejor de los casos, es la indirecta y, con mayor frecuencia, el insulto o el calificativo fácil en lugar del uso de argumentos. Una lástima.

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