miércoles, 24 de junio de 2020

junio 24, 2020
WASHINGTON, 24 de junio de 2020.- Ante el derribo generalizado de estatuas en Estados Unidos, el presidente de EE.UU. anunció este martes que firmará un decreto para protegerlas y penalizar a quienes las vandalicen. «Queremos largas penas de cárcel para estos vándalos, matones, anarquistas, agitadores, llámenles como quieran, son mala gente, no aman a nuestro país, pero no voy a permitir que tumben nuestros monumentos, eso que quede claro», dijo Donald Trump a la prensa antes de salir de la Casa Blanca para visitar la frontera.

El martes por la noche, Trump pudo ver claramente desde su residencia en los pisos superiores de la Casa Blanca cómo una turba le ataba unas sogas al cuello a la estatua ecuestre del presidente Andrew Jackson y trataba de tumbarla antes de que interviniera la Policía, que arrestó a varios de los agresores. Antes, estos pintaron en el pedestal de la escultura las palabras «asesino» y «escoria». A pesar del intento, la escultura seguía ayer en pie.

Un manifestante rodea con cadenas y cuerdas la estatua de Andrew Jackson en Washington para intentar derribarla.

«Voy a firmar una orden ejecutiva [decreto] dentro de poco, y lo que voy a hacer con esto es reforzar lo que ya existe, para dejarlo todo más uniforme», dijo el presidente. Se refería a una ley aprobada por el Capitolio en 2003 que, bajo el título de Preservación de los Monumentos a los Veteranos, establece que quien «intencionalmente agreda o destruya, o intente agredir o destruir, cualquier estructura, placa, estatua u otro monumento en propiedad pública que conmemore el servicio de cualquier persona o personas en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos serán multados bajo este título, encarcelados no más de 10 años, o ambos».


Arrestos

Antes, en la red social Twitter, el presidente había amenazado precisamente con esa ley a los que intentaron derribar la estatua de Jackson, fracasaron y fueron detenidos. «He autorizado al Gobierno Federal a arrestar a cualquier persona que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua u otra propiedad federal en los Estados Unidos con hasta 10 años de prisión, según la Ley de Preservación de los Monumentos a los Veteranos, o cualquier otra ley pertinente».

Esa ley en concreto, sin embargo, sólo se aplicaría a aquellos monumentos que representen a líderes militares o políticos que antes sirvieran en las Fuerzas Armadas, como el general Robert E. Lee, comandante del Ejército Confederado; Ulysses S. Grant, comandante de las fuerza de la Unión, o el propio Jackson, que fue general mayor de la milicia de Tennessee. La Casa Blanca trabaja ahora para ampliarla al resto de monumentos. En Twitter, Trump ha compartido mensajes muy críticos con el derribo y la retirada de las estatuas de Cristóbal Colón.

La protesta racial tras la muerte del afroamericano George Floyd bajo custodia policial el 25 de mayo ha mutado en un movimiento contra las estatuas de los generales confederados primero, el legado hispano en toda Norteamérica después y, finalmente, contra presidentes de todo signo, demócratas como Jackson, o republicanos como Grant.

La semana pasada, los manifestantes derribaron varias estatuas de Colón, dos de fray Junípero Serra y hasta pintarrajearon un busto de Miguel de Cervantes en un parque de San Francisco, llamándole «bastardo». En Washington, también se pintó hace tres semanas el pedestal de la estatua en bronce de la Reina Isabel la Católica ante la sede histórica de la Organización de los Estados Americanos, que fue un regalo de España.

Los demócratas se han sumado a esa batalla, y en California, donde controlan tanto el ejecutivo como el legislativo, han retirado una estatua de mármol de la Reina Isabel y Colón del Capitolio de Sacramento. Concejales de ese partido en todo el país han propuesto y defendido la retirada de estatuas de Colón, fray Junípero y otras figuras históricas.

Trump es un gran admirador de Jackson, el séptimo presidente de la nación y primer líder del Partido Demócrata tal y como se entiende a este en la actualidad. Jackson tuvo esclavos y forzó un éxodo masivo de comunidades nativas con una dura ley de expropiaciones. En 1818 invadió la parte de la Florida que todavía estaba bajo la soberanía española, con lo que forzó la anexión definitiva de toda la península por parte de EE.UU. Nada más llegar a la Casa Blanca, Trump colgó en el Despacho Oval un retrato de ese presidente.

Quema de la bandera

En un mitin el sábado en Oklahoma, el presidente dijo que quiere que la quema de banderas sea castigada con pena de cárcel de hasta un año. «Deberíamos elaborar una legislación que establezca que si quemas la bandera estadounidense irás a la cárcel por un año. Debemos hacerlo. Hablamos de libertad de expresión, pero eso en realidad es profanación», dijo Trump. La Corte Suprema, sin embargo, ha fallado en ocasiones anteriores que la quema de banderas entra dentro de la libertad de expresión y por tanto es legal bajo la primera enmienda de la Constitución.

Estas propuestas de Trump han tenido su eco en el Senado, donde los republicanos son, de momento, mayoría. El líder conservador en esta Cámara Baja, Mitch McConnell, dijo ayer en un discurso en el hemiciclo: «Los estadounidenses saben que una nación imperfecta construida por héroes imperfectos sigue siendo la Unión más perfecta que el mundo haya visto», dijo. «Y cuando el polvo se asienta, nunca son las turbas o los matones a quienes honramos. Son los valientes líderes quienes los confrontan».

El senador conservador Tom Cotton, del estado de Arkansas, pidió a la Casa Blanca que tomara medidas urgentes y contundentes ante las agresiones a todas las estatuas, no sólo las de los militares confederados, que se levantaron en armas contra el Gobierno para defender la esclavitud. «Las turbas violentas, en las últimas semanas, han atado y destruido estatuas y monumentos en todo nuestro país. Estos delincuentes se disfrazan de manifestantes que ejercen su legítimo derecho a reunirse pacíficamente, pero no puede haber derecho a destruir la propiedad pública o privada», dijo Cotton en una carta enviada a William Barr, el fiscal general [ministro de Justicia]. (David Alandete / ABC)

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