jueves, 3 de octubre de 2019

octubre 03, 2019
Por Polemón

Unas horas después de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia, las especulaciones sobre su decisión comenzaron a circular tanto en redes sociales como en los rotativos de la mayoría del país.

Especialmente, una de las versiones que tomó fuerza fue la del columnista Salvador García Soto, quien en el diario El Universal explicó dos opciones que podrían haber provocado la abrupta salida de Medina Mora, 11 años antes de lo establecido por la constitución:

A) Decidió irse por un tema médico familiar, pues su esposa murió hace unos meses y según el periodista, desde entonces sus visitas al médico se han vuelto recurrentes debido al estrés que padece.

B) Se siente acorralado porque las investigaciones en su contra han avanzado, luego de que se descubriera que fue beneficiado con transferencias millonarias de procedencia dudosa, realizadas en bancos de distintos países.

Eduardo Medina Mora.

De acuerdo con las fuentes consultadas por García Soto, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña han seguido enviándole a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), información financiera que compromete a Medina Mora por haber cometido presuntos actos de corrupción. 


Todo ello, pese a que Medina Mora había tenido una buena relación con las autoridades de ambos países al haber sido embajador del Gobierno de Enrique Peña Nieto. 


Así, en los últimos días, el expediente judicial en contra de Medina Mora se habría fortalecido, lo cual podría ponerlo en riesgo de ir a la cárcel. 

Por si fuera poco, Medina Mora siguió usando sus influencias para proteger y ayudar a los personajes relacionados con actos de corrupción en la pasada administración. Uno de ellos fue su amigo y socio, el publicista y ex vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero, un personaje que desde el 2006 y hasta el 2018, fue operador de las “campañas negras” en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A Quintero, Medina Mora lo ayudó junto con Alberto Bazbaz y el ex consejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez, mediante el cabildeo con jueces federales, a desbloquear algunas cuentas bancarias que la UIF le había bloqueado.

Para lograr su objetivo, Medina Mora llegó al extremo de exhibir en el juzgado los nombres de agentes norteamericanos encubiertos del FBI y la DEA en la investigación, algo que causó enojo en las agencias estadounidenses y en la pérdida de confianza por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Pero no fue el único caso en el que Medina Mora usó sus influencias. Luego de haberse exhibido como invitado a la boda de la hija del abogado Juan Collado, cercano a Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos, el ministro intervino para ayudar a su amigo a mover 10 millones de euros de sus cuentas, tras intervenir en el descongelamiento de las cuentas bancarias, sin importarle cometer irregularidades judiciales en el proceso.

Sin embargo, un mes después de esa operación, Collado fue arrestado por la Fiscalía General de la República y encarcelado por acusaciones de lavado de dinero en la Caja Libertad.

Este hecho, le provocó la enemistad de algunos de sus compañeros ministros, quienes se enojaron con él por estar metido en “negocios”, utilizando su autoridad en el Poder Judicial.

De esta manera, Medina Mora fue cavando poco a poco su “propia tumba”. Y ni las tres cartas aclaratorias enviadas a las autoridades de México, Estados Unidos y Gran Bretaña, lo salvaron del avance de las investigaciones.

Por el contrario, al ministro que fue procurador de la República con Felipe Calderón le fue peor, pues las autoridades financieras descubrieron recientemente que transfería recursos de sus cuentas a paraísos fiscales ubicados en Centroamérica. Ingresos que jamás coincidieron con el dinero reportado en sus declaraciones patrimoniales.

“Así fue como la polémica historia del ex director del CISEN, ex secretario de Seguridad Pública y ex procurador General de la República, quedó expuesta junto con sus cuentas, empresas y transferencias financieras catalogadas como “sospechosas” por otros gobiernos. El ministro prefirió hacer negocios que procurar justicia, lo que en otras circunstancias hubiera sido muy loable, pero no desde la posición que ocupaba en el Tribunal más alto del país. Su situación se volvió insostenible, cuando los órganos de inteligencia extranjeros, sus antiguos aliados, decidieron enviar información al gobierno de México al sentirse traicionados por él” según relata García Soto en su columna periodística.  (3-X-19)

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