lunes, 29 de diciembre de 2014

diciembre 29, 2014
Si a nivel federal la libertad de expresión puede verse comprometida en ciertas ocasiones, en los gobiernos estatales no existe una suerte distinta para los periodistas.

Miguel A. Sangineto
Corresponsal en Mexico de ABC Mundo

La libertad de expresión en México, pese a que es un valor vigente, se mantiene como un ideal. “La realidad, y sobre todo en los gobiernos locales, (la libertad de expresión) es un valor no realizado”, según Víctor Reynoso, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).


Cada 7 de junio desde 1951 se celebra el Día de la Libertad de Expresión en México, pero ¿cuántos periodistas han sido asesinados o censurados desde entonces? Reporteros Sin Fronteras (RSP), entre otras organizaciones, ha informado por años que en México no existe la misión de proteger a periodistas.

Si a nivel federal la libertad de expresión puede verse comprometida en ciertas ocasiones, en los gobiernos estatales no existe una suerte distinta para los periodistas.

“Vamos a encontrar estados donde gobiernan partidos, llámese PAN, PRD o PRI donde hay gobiernos autoritarios que se atreven a hacer cosas propias de repúblicas bananeras”, agrego en entrevista Víctor Reynoso; aunque toda acción tiene una reacción.

En una democracia existe un mecanismo de rendición de cuentas que son las elecciones y “cuando un mandatario gobierna excesivamente mal es muy probable que pierda los comicios”, dijo el académico.

Al parecer la violencia impune que se ejerce contra los Periodistas en distintos Estados de la Republica, ha contagiado a algunas autoridades de Estados que son catalogados como “tranquilos”, como es el caso de Yucatán.

En la ciudad de Mérida, se han registrado tres agresiones documentadas a periodistas de distintos medios en los últimos dos meses, de las cuales participaron trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, policías estatales y supuestos funcionarios de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Pero lo que más llama la atención, es que ninguna autoridad Estatal, Municipal, y de la Universidad de Yucatán, hayan repudiado estos hechos, y que ni siquiera se hayan manifestado al respecto. Dejando un vacío de seguridad para el ejercicio de la profesión, como así también la puerta abierta para que las agresiones se sigan sucediendo.

Las asociaciones que supuestamente defienden los derechos de los periodistas en Yucatán, tampoco han repudiado los hechos, dando por sentada una auto censura o poco interés por defender los derechos de los trabajadores de prensa.

Los Estados han realizado protocolos de seguridad para el ejercicio periodístico, donde autoridades y trabajadores de prensa han acordado las medidas de seguridad a seguir para crear un ámbito más seguro. Pero las agresiones, amenazas, secuestros y asesinatos se siguen sucediendo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en conjunto con la Secretaria de Gobernación, han creado guías para implementar medidas cautelares en beneficio de Periodistas y Comunicadores en México, pero su aplicación no es preventiva y en muchos casos los delegados Estatales, la desconocen.

Al parecer las Autoridades del Gobierno Federal, Estatales y Municipales no entienden todavía que agredir a un Periodista o a un Comunicador en el ejercicio de su labor, es agredir a la sociedad en su derecho a ser informada, comunicar y tomar decisiones libres, autónomas e informadas.

Porque cuando se agrede a un Periodista no solo se violan sus derechos individuales, también se violan, como sociedad, nuestros derechos colectivos. Y es que la libertad de expresión constituye uno de los ejes sobre los que se fundamenta la democracia.

Gracias a la libertad de expresión y de información, podemos construir nuestra exigencia para el pleno ejercicio de otros derechos, ejercer de modo más eficaz nuestra ciudadanía y fortalecer el tejido social.