jueves, 14 de noviembre de 2019

noviembre 14, 2019
MÉRIDA, Yucatán, 14 de noviembre de 2019.- En comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar el artículo 34 Bis y Ter de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, para que la Secretaría de Seguridad Pública determine cancelar los permisos y licencias de conducir a quien sea responsable de causar la muerte o lesiones permanentes a una persona en un accidente si maneja bajo los influjos del alcohol, drogas, psicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias.

La iniciativa de Miguel Rodríguez Baqueiro específica, en su artículo 34 Ter que, con independencia de lo establecido en el reglamento relativo a las sanciones que pudieren aplicarse a las personas que contravengan las disposiciones de tránsito y vialidad, se dispondrá que:


Si el conductor presenta una tasa de alcohol en la sangre superior a 0.080 miligramos por 100 mililitros o de alcohol en aire espirado superior a 0.40 miligramos/litro o se encuentre bajo el influjo de drogas, psicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias, se suspenderá su licencia o permiso de conducir por un lapso de 18 meses.


Si reincide en una segunda ocasión se suspenderá su licencia o permiso por un período de tres años; en caso de una tercera, será de manera definitiva.


Los diputados del cuerpo colegiado también aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Transporte del Estado, para establecer los derechos de los usuarios, los cuales son que los operadores de las unidades respeten su solicitud de servicio, siempre que se realicen en los paraderos establecidos.

También, recibir el servicio de transporte, previo pago la tarifa autorizada; recibir el boleto con seguro de viajero; el ascenso y descenso en los paraderos autorizados, que el vehículo cubra todo el recorrido por la ruta autorizada; la seguridad de la frecuencia de los autobuses en los horarios autorizados; viajar con un menor de cinco años sin que este pague boleto; abordar el vehículo completamente, antes de que el operador lo ponga en movimiento; entre otros.

Además, define obligaciones como solicitar el servicio en los paraderos autorizados; no ocupar los espacios designados como exclusivos para usuarios con preferencia de género, edad o discapacidad; no proferir insultos o palabras altisonantes cuando se encuentre a bordo del vehículo; no ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o enervantes; no tirar basura dentro de las unidades; no dañar, destruir o pintar los asientos de los vehículos; entre otros.

En otro punto, los diputados de la comisión acordaron realizar una reunión con la Secretaría General del Congreso local para replantear el proyecto de dictamen de la adición del artículo 44 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad, que propone prohibir que niñas y niños menores de cinco años puedan transitar por medio de una motocicleta.

El proyecto de dictamen distribuido este día planteaba la aplicación gradual de esta medida en Mérida y todo el estado con multas al conductor que incurra en esta práctica, con la excepción en calles dentro de los demás municipios donde solo sería una amonestación; para lo cual, Víctor Sánchez Roca (PAN) explicó que después de un análisis con Secretaría General, manifestó que la aplicación de la ley debe ser general y es imposible exceptuar algunos ciudadanos y otros no.

En respuesta, Milagros Romero Bastarrachea (MC) indicó que en la pasada sesión del cuerpo colegiado se acordó que la medida sólo se aplicaría en la periferia de Mérida y en carreteras estatales, ante la existencia de un transporte público no adecuado.

Agregado a esto, Manuel Díaz Suárez (PAN) añadió que estos acuerdos previos fueron con base a que se registran un mayor número de accidentes en la periferia de la capital yucateca y en carreteras estatales, además de que consideró que no afectaría la generalidad de la ley.

Es por ello que la presidenta de la comisión, Lila Frías Castillo (PRI) propuso realizar una reunión el próximo martes con la Secretaría General del Congreso, para ajustar el proyecto de dictamen.

Por último, los legisladores continuaron con el análisis de la iniciativa de Ley de Seguridad Vial, así como otra para reformar la Ley de Transporte, ambas de Movimiento Ciudadano, de las cuales se entregó un documento con las opiniones y propuestas surgidas de las reuniones que han sostenido con autoridades municipales, académicas y representantes del transporte.

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