jueves, 10 de julio de 2014

julio 10, 2014
MÉRIDA, Yucatán, 10 de julio.- Verónica Ramayo Chi, funcionaria de la Fiscalía General del Estado y su esposo, Juan Eduardo Maza Poot, en el Jurídico de la Policía Municipal de Mérida, fueron denunciados penalmente por presuntamente confabularse con Elizabeth Dolores Manrique Ancona y Alicia Margarita Ancona para despojar de un predio a Gina Ancona Manrique, sobrina de las dos últimas.

Edificio central de la Policía Municipal (PMM), donde labora hasta la fecha el abogado Maza Poot a pesar de la grave acusación que pesa en su contra (foto: JMRM / Archivo)

En un documento la madre de la afectada, Saydi Beatriz Manrique Ancona, señala que su hija, Gina, fue despojada del predio número 477 de la calle 29 cruzamientos con 42 y 46 letra “A” del fraccionamiento “Gonzalo Guerrero” donde ha vivido durante 20 años.

Dicho predio “le fue entregado por mi hermano Jorge Alberto Manrique Ancona, ya fallecido”.

La informante indica que el día 26 de Febrero del año en curso su hija recibió una llamada a su teléfono celular por parte de Ramayo Chi indicándole que se presentara al citado predio el 27 de febrero de 2014 a sacar sus cosas de la casa.

Ante esa situación “mi hija se trasladó a la Agencia Trigésimo Quinta de la Fiscalía General del Estado, a unas seis esquinas del lugar de los hechos a interponer una denuncia por lo sucedido”. La querella quedo registrada bajo el número 504/Ag. 35ª/2014.

Precisa la informante que al llegar su hija a la Agencia y mencionar que entre los involucrados se encontraba Ramayo Chi empezó a tener problemas.

Agrega que la quejosa no sabía que Verónica Ramayo Chi es funcionaria de la FGEY y que también litiga con su esposo, Juan Eduardo Maza, quien es Coordinador de Asuntos Internos y Averiguaciones de la PMM.

Y es por ese motivo que “el técnico que reibía la denuncia no quería hacer constar en la denuncia que la dirección que aparece en la credencial de elector de mí hija, es la misma del predio del cual fue despojada y en donde se encuentran sus cosas”.

Disimuladamente la auxiliar del Ministerio Público que la atendió hablo por teléfono a otro auxiliar y fotógrafo para que fueran hacer la inspección ocular al predio en cuestión.

En su desesperación por encubrir algo “se pudo escuchar entre ellos que los peritos ya habían hecho una inspección ocular al predio y que según ellos en el interior no se encontraba ningún objeto, es decir, las pertenencias de mí hija”.

Sin embargo, “al día siguiente de la denuncia y la inspección ocular 27 de febrero de 2014 a las 11 horas una vecina avisó a mí hija que en el interior del predio se encontraba una pick up de color roja, tipo ránger de la marca Ford de doble cabina, y que en la caja habían subido varias de sus pertenecías y que se las estaban llevando; por lo que queda claro que sus pertenencias o parte de las mismas aún se encuentran en el interior del predio, mientras que el auxiliar o perito y el fotógrafo que fue hacer la inspección ocular dolosamente no hizo constar ni fotografía de todo lo que hay en el interior del aludido predio”. El litigio pone en evidencia a los citados funcionarios estatal y municipal porque a la postre son juez y parte en los procesos. (Noticias Contrapunto, marzo 2014)