ROMA, Italia, 9 de octubre.- A finales del pasado mes de junio, la policía italiana detuvo a un alto prelado del Vaticano, monseñor Nunzio Scarano, por intentar transportar desde Suiza a Italia 20 millones de euros en un jet privado. Aquella operación de película —además del llamado monseñor 500 participaron un exagente de los servicios secretos y un intermediario financiero buscado en España por fraude— dejó tras de sí dos certezas.
La primera —en virtud de las escuchas practicadas por la fiscalía de Roma— es que el banco del Vaticano, cuyo nombre oficial es Instituto para las Obras de Religión (IOR), operaba “bajo un sistema organizado para escapar a los controles de las autoridades”. La segunda es que el papa Francisco estaba firmemente dispuesto a limpiar de una vez por todas el banco del Vaticano y, si era necesario, incluso cerrarlo. A partir de ahora, una autoridad podrá escudriñar todas las cuentas.
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El papa Francisco envió un mensaje a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien le expresó el deseo de su "total restablecimiento. En estos momentos tan particulares, deseo hacerme presente con mi oración por usted y el total restablecimiento de su salud", señaló. (AP) |
Aquella determinación de Jorge Mario Bergoglio, que no hizo nada por sacar de prisión a monseñor Scarano —“no lo han detenido por ser la beata Imelda”, llegó a declarar en el vuelo de regreso de Río de Janeiro—, se vio enseguida respaldada por la publicación, el pasado 8 de agosto, de un motu proprio o documento pontificio en el que dejaba claro: “Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar aún más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.