MÉRIDA, Yucatán, 4 de febrero.- Por vez primera en su historia, la Contraloría Municipal hizo comparecer a un ex alcalde por presuntas irregularidades cometidas durante su encargo.
Aunque no acudió personalmente, la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara compareció por escrito ante la Contraloría Municipal para dar respuesta a la serie de preguntas que se le hicieron previamente por escrito, por una presunta comisión de hechos durante su encargo, que pudieran constituir responsabilidad administrativa, en relación con el arrendamiento de luminarias del alumbrado público del municipio.
Aunque no acudió personalmente, la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara compareció por escrito ante la Contraloría Municipal para dar respuesta a la serie de preguntas que se le hicieron previamente por escrito, por una presunta comisión de hechos durante su encargo, que pudieran constituir responsabilidad administrativa, en relación con el arrendamiento de luminarias del alumbrado público del municipio.
Por el mismo motivo, también deberán comparecer el ex secretario municipal Carlos Ariel Bastarrachea Lara, ex director de Finanzas y Tesorería; Raúl de Jesús Ricalde Zárate, ex director de Administración; Jorge Ermilo Barrera Jure, ex director de Servicios Públicos Municipales, y Álvaro Omar Lara Pacheco, ex secretario municipal y quien suplió a Araujo Lara en el cargo en el tramo final de la administración 2010-2012, ya que pudieron haber cometido actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Ya fueron notificados y deberán comparecer el próximo viernes 7, a las 9 a.m. y 12 i.m., respectivamente, los dos primeros, en tanto que Barrera Jure lo hará el lunes 10 a las 9 a.m.
En relación con Lara Pacheco, no ha sido posible notificarle debido a que el domicilio que tenía registrado se encuentra deshabitado, ante lo cual la Contraloría Municipal realiza su búsqueda con el auxilio de diversas autoridades.
La notificación se le hizo llegar a la ahora senadora Araujo Lara el pasado 22 de enero, para comparecer hoy a las 9 horas ante la Contraloría Municipal. Sin embargo, argumentando que tiene que estar en sesión del Congreso de la Unión a las 11 horas de hoy, la comparecencia la hizo por escrito, la cual entregó un abogado a las 8:27 a.m.
La Contraloría analizará ahora la respuesta que dio por escrito la ex alcaldesa.
Después de haber reunido los elementos necesarios, la Contraloría Municipal inició los Procedimientos de Responsabilidades correspondientes, por la presunta comisión de hechos que pudieran constituir responsabilidad administrativa a funcionarios públicos.
La Contraloría Municipal actúa como órgano de control interno, realizando investigaciones y sancionando el actuar del servidor público; vigila que su actuar se apegue a lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Yucatán. La investigación la realiza de manera objetiva e imparcial debido a que, como se ha mencionado, esta facultad se encuentra regida por las leyes antes señaladas y son las mismas leyes las que señalan cómo se deben llevar los procesos de responsabilidades y las sanciones aplicables.
Un proceso administrativo, como su nombre lo indica, es de carácter administrativo, no judicial. Es un proceso en el cual se sanciona el actuar de un servidor público, es decir, si sus funciones como servidor las realizó apegadas a la ley y a sus cargos en la administración Pública.
El proceso se realiza de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades, que señala que se citará al servidor público a una audiencia, en la cual se defenderá y ofrecerá pruebas. Posterior a la audiencia, se emite el proyecto de resolución y éste pasa al Congreso para la decisión final y la imposición de la sanción, en caso de ser servidor de elección popular, y al Cabildo a los servidores nombrados por éste, o sea, los directores.
Posterior a la comparecencia y si el servidor resulta responsable, se aplica la sanción correspondiente, la cual, si resulta ser económica, se vuelve crédito fiscal exigible por la tesorería. Los ex funcionarios pueden combatir la resolución mediante recurso de reconsideración que se interpone en el tribunal de justicia fiscal y administrativa (contencioso). Si no son responsables, el expediente se archiva.
