Eduardo Ibarra Aguirre / Utopía 11-IX-15
Prácticamente dos de cada tres mexicanos –64 por ciento– no cree en la versión de la Procuraduría General de la República, dada a conocer el pasado 27 de enero por Jesús Murillo, respecto a que las investigaciones federales sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa proporcionaban elementos suficientes para concluir que fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.
Lo anterior se desprende de la Encuesta Nacional en vivienda, aplicada por Parametría del 22 al 26 de agosto del año en curso con la pregunta: “¿Usted cree o no cree la versión de la Procuraduría de que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados?”
Si bien es cierto que de febrero a agosto de 2015 se incrementó en cuatro puntos porcentuales, de 32 a 36 por ciento, el número de crédulos en la famosísima verdad histórica dictada por un abogado y todo parece indicar que por un grupo gobernante donde no hay ningún historiador. Salvo que exista algún improvisado como lo evidencian varios secretarios de Estado promovidos a nuevas responsabilidades por Enrique Peña Nieto. O de plano el escandaloso caso de Arturo Escobar y Vega, ahora subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, al que dirigentes del Partido Acción Nacional y del Movimiento Regeneración Nacional califican como “delincuente electoral” al del partido de las tres falsedades en su nombre.
Enlace al Informe Ayotzinapa completo. |
Por el contrario, la desaprobación al trabajo de la PGR sobre el mismo tema, pasó del 58 por ciento en febrero al 77 por ciento en agosto de 2015, lo que explica con toda claridad por qué el titular de la PGR fue removido por quien lo llamaba maestro, el mismo que lo refugió en la Secretaría de Desarrollo Agrario como premio de consolación, de donde también lo removió y la posibilidad de improvisarlo como embajador en Portugal o Italia, se desvaneció ante los planteamientos de senadores del PAN y del partido de sol azteca para someterlo a juicio político.