Eduardo Ibarra Aguirre / Utopía 1466 / 10-XI-14
La quema deliberada de una de las puertas principales de Palacio Nacional, la noche del 8 de noviembre después de una manifestación pacífica de la Procuraduría General de la República al Zócalo, puede ser el punto de quiebre de la escalada de acciones violentas, vandálicas y/o provocadoras atribuidas al movimiento o a uno de los múltiples actores de él, que desató la matanza de cinco personas, decenas de heridos y las 43 desapariciones del 26-27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Lo será o no en la medida que los actores del movimiento social que brindan solidaridad en México y el extranjero, a los padres de familias y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en particular a los de la Normal Rural de Ayotzinapa, dejen de guardar silencio sobre esta preocupante cadena de hechos vandálicos que comenzó en Chilpancingo, continuó en Iguala y otros puntos de Guerrero, para ser trasladados a la capital del país, donde no tengo duda que serán rechazados por una ciudadanía que por más demandante y mejor informada entiende muy bien que destruyendo bienes e inmuebles públicos y privados lo único que se logra es desatar la acción represiva de las autoridades y el malestar creciente de los afectados en forma directa e indirecta.
