jueves, 8 de agosto de 2019

14:31:00
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto de 2019.- La ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, se presentó este jueves en el Reclusorio Sur para comparecer en la audiencia inicial que solicitó la Fiscalía General de la República para imputarle el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Acompañada por su hija Mariana Moguel, sus hermanas y su ex directora de Comunicación Social en Sedesol, Rocío Bolaños, Robles aseguró que asistió a la audiencia “para dar la cara” y defendió su inocencia frente a los medios de comunicación.

Durante su llegada al Reclusorio Sur, fue recibida con gritos de "¡corrupta!" por dos ex trabajadores de la Ruta 100, mientras era seguida por un tumulto de medios de comunicación.

(Foto El Economista)

Una de sus familiares encaró a los manifestantes, sin que el incidente pasara a mayores.

La denuncia penal contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, se robusteció. Este miércoles las organizaciones Tojil, A. C. y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentaron a la Fiscalía General de la República un convenio de colaboración que firmó la exfuncionaria con la Universidad Autónoma del Estado de México y que permitió la entrega de 304 millones de pesos para la realización de supuestos servicios del programa de Adultos Mayores, que formó parte del esquema conocido como La Estafa Maestra.


Los denunciantes entregaron el documento al fiscal Alejandro Gertz Manero y al Ministerio Público para que valoren esta información en la investigación del caso, y por el cual Rosario Robles deberá presentarse a una primera audiencia prevista para este jueves 8 de agosto en los juzgados del Reclusorio Sur.

Animal Político obtuvo y entregó a dichas organizaciones el convenio que Rosario Robles firmó el 19 de junio de 2013 con el rector de la UAEM, Jorge Olvera –actual ombudsman del Estado de México– y, como testigo de honor, el entonces gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, ahora senador por el PRI.

La intención del documento, dice, fue “establecer los mecanismos y acciones de coordinación entre las partes para la realización de proyectos y programas en áreas de interés común”, desde esa fecha y hasta el 30 de noviembre de 2018.

Si bien un convenio de colaboración es legal y una práctica común entre entidades de gobierno, el matiz en este caso está en lo que ocurrió posteriormente gracias a éste documento. (Aristegui / Animal Político)

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