jueves, 28 de marzo de 2019

marzo 28, 2019
MÉRIDA, Yucatán, 28 de marzo.- Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, acompañaron este jueves a trabajadoras de estancias infantiles a los Juzgados del Poder Judicial de la Federación de Yucatán, para entregar un segundo paquete de 77 solicitudes de amparo para exigir al gobierno federal que se les apliquen las reglas de operación 2018, y les pague los salarios caídos desde enero del presente año.


López Escoffié señaló que de las 212 estancias infantiles que operan en Yucatán, han cerrado el 50%, mientras que de la otra mitad, el 75 por ciento están siendo amparadas por Movimiento Ciudadano.

Dijo que en esta ocasión se presentaron 77 solicitudes de amparo que se realizarán de manera colectiva y a las que se suman 5 que ya fueron admitidas, para un total de 82.

López Escoffié informó que este organismo político está luchando para defender los derechos de dos mil 812 niños y padres de familia que están siendo afectados por esta medida.

Por su parte, Rebeca Lugo Fleites, una de las encargadas de las estancias infantiles, comentó que muchas de las afectadas desistieron de último momento en presentar sus amparos, ya que estuvo circulando información de que la Secretaria del Bienestar estará dando apoyos de hasta 50 mil pesos de manera inicial, únicamente para las estancias que no se hubieran amparado.

“Es lamentable que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaria de Bienestar no haya dado una postura al respecto ni contestado informes judiciales hasta el momento, pues esta desinformación ocasionará que muchas responsables de estancias se queden sin la oportunidad de recibir apoyo de este programa” manifestó.

Dijo que otra de las irregularidades que se presentó en el censo que hizo la Delegación de Bienestar Social en Yucatán es que la información que tenía no estaba actualizada, ni tenían los expedientes con la documentación correspondiente, pues varios padres de familia comprobaron que los menores formaban parte del programa y no eran “niños fantasma”, sin embargo la dependencia no contaba con los comprobantes de los menores que estaban inscritos, por lo que se les dijo que quedaban fuera, y que intentaran aplicar para el próximo año.

Destacó que de las 9 mil 500 estancias infantiles que hay en el país, solo 600 presentaron irregularidades, es decir un 6.3%, por lo que consideran injusto que se les quiera desaparecer en su totalidad este programa.

Comentó que muchas de estos centros operan con dificultad, debido a que los padres de familia no cuentan con este apoyo, incluso algunos han optado por entregar despensas y pequeñas cuotas para poder cubrir el pago de este programa debido a que hasta el día de hoy ninguno ha recibido el apoyo correspondiente.

Por su parte la diputada Milagros Romero Bastarrachea destacó que lo que se busca con estos amparos es dar mayor seguridad y certeza a los menores, y que se salvaguarden los derechos de las mujeres a tener un trabajo y poder apoyar en la economía familiar.

“Es lamentable que municipios con mayor población como Mérida, Kanasín y Progreso se hayan quedado fuera de las reglas de operación actuales del programa, y a los municipios pequeños se les haya dejado este apoyo” finalizó. (Boletín)

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