lunes, 24 de diciembre de 2018

18:33:00
MÉXICO, 24 de diciembre.- Donald Trump volvió a imponer sus condiciones a México. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para evitar problemas en la relación bilateral, aceptó que las autoridades estadunidenses devuelvan a México a quienes pidan asilo y permanezcan en el país hasta que un juez de migración estadunidense determine sus casos.


Esas condiciones –que aceptó el gobierno mexicano por lo menos de manera provisional– son idénticas a las que se evocaron en las negociaciones bilaterales para convertir a México en Tercer País Seguro (TPS). De hecho, se iniciaron a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto y continuaron durante el periodo de transición en el plan conocido como “Quédate en México”.

El gobierno estadunidense no puede obligar a su contraparte mexicana a aceptar personas extranjeras, por lo que López Obrador estaría en su derecho de no recibir a los solicitantes de asilo, comenta Roberto Velasco Álvarez, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según él, un rechazo “provocaría un problema para los migrantes y para ambos países… Que México no acepte a los migrantes generaría un problema en los puntos fronterizos. Por eso, “se consideró que la mejor solución fue la que se comunicó”, dice en entrevista con Proceso. 

Asegura que “desconoce” si Washington ofreció una compensación financiera a México a cambio de que se convierta en una sala de espera para los solicitantes de asilo.

Un grupo de organizaciones estadunidenses y mexicanas envió a López Obrador una carta el viernes 21 en la cual expone que, de concretarse las medidas propuestas por Trump, el gobierno mexicano sería “cómplice de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”. La misiva exige al mandatario que rechace cualquier trato o colaboración que convierta a México en “filtro migratorio” para Estados Unidos.

Durante su tiempo de espera en México –que puede durar meses–, el gobierno otorgará a los solicitantes de asilo una “visa humanitaria” que les permitirá buscar un empleo y agilizar su situación para que tengan su audiencia con un juez estadunidense, informó la SRE el jueves 20.

Tanto la cancillería como su titular, Marcelo Ebrard, insistieron en que las medidas fueron tomadas de manera “soberana” por el gobierno mexicano, como respuesta “humanitaria” a una “decisión unilateral” de la administración de Trump; y reiteraron que no se firmó ningún acuerdo con la administración Trump.

Según Velasco, a las ocho de la mañana del jueves 20 llegó a la cancillería una notificación del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) de que empezaría a devolver los solicitantes de asilo a México. Su titular, Kirstjen Nielsen, lo presumió como “una acción histórica para enfrentar la migración ilegal”. Momentos después vino una confirmación del Departamento de Estado.

“Eran medidas de aplicación inmediata, según se nos comunicó”, asegura. Afirma que la notificación tomó al gobierno de “sorpresa” y no dejó a la cancillería “el tiempo de comunicarse adecuadamente con agencias, como el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que generó la confusión”.

“Confusión” es poco decir: un par de horas después que la cancillería anunciara sus medidas, el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén López, afirmó que no existían las condiciones operativas ni jurídicas para acatar la decisión de Washington:

“No puede empezar a operar. No sé si soy claro: no estamos en condiciones de recibir (a los solicitantes de asilo). Uno, porque no tenemos el marco normativo; dos, porque no tenemos las condiciones operativas todavía”. Y con razón. Si la medida se hubiera aplicado este 2018, el gobierno estadunidense hubiera devuelto a México más de 93 mil solicitantes de asilo –que pidieron protección en la frontera–, quienes hubieran esperado en el país entre seis meses y cuatro años a que un juez determinara su caso, ya que las autoridades estadunidenses tienen alrededor de 300 mil solicitudes pendientes.

La polémica y el desorden cundieron en el gobierno, hasta que, en su conferencia de prensa matutina del viernes 21, López Obrador dijo que las medidas anunciadas por la cancillería eran una postura, “vamos a decir, provisional, transitoria”, y que el gobierno dará una posición más definitiva el lunes 24.

Diversas organizaciones, como la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas y Sin Fronteras, señalaron que varias preguntas quedaron en el aire. No se sabe, por ejemplo, si la medida aplicará también a solicitantes de refugio de países no hispanohablantes, quienes enfrentarían dificultades para trabajar en México, y los niños. 

El alineamiento de Peña Nieto

El acuerdo para convertir a México en TPS empezó a negociarse a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Luis Videgaray Caso encabezaba la cancillería, como lo documentó en mayo pasado Jesús Esquivel, el corresponsal de Proceso en Washington.

No sonaba ilógico: académicos y activistas concuerdan en que Peña Nieto alineó su política migratoria con los intereses de Washington. A través del Programa Frontera Sur, lanzado en verano de 2014, el INM detuvo y deportó de manera sistemática a los migrantes centroamericanos para impedir su llegada a Estados Unidos; durante el sexenio, 691 mil centroamericanos fueron regresados forzosamente a sus países.

En un principio, el gobierno de Peña Nieto estuvo dispuesto a aceptar la medida de TPS a cambio de que Trump mantuviera la extensión de aranceles sobre las importaciones de aluminio y acero mexicanos en la renegociación del acuerdo de libre comercio; además, funcionarios del DHS declararon a The Washington Post en julio pasado que Trump ofrecería a México una ayuda financiera significativa para atender a los solicitantes de asilo.

El pasado 24 de noviembre, el ­rotativo estadunidense informó que Ebrard –todavía en el equipo de transición– había acordado con su homólogo Mike Pompeo el plan llamado “Quédate en México”. El periódico entrevistó a Olga Sánchez Cordero, quien confirmó la información, aunque desmintió sus dichos el mismo día de la publicación.

Ante el riesgo de que este plan entre en vigor, el grupo de organizaciones estadunidenses y mexicanas exigió a López Obrador el 1 de diciembre, el día de su toma de posesión, que rechace “cualquier acuerdo que implique la obstaculización, directa o indirectamente, para que las personas puedan solicitar asilo o protección internacional en Estados Unidos, toda vez que dichas acciones van en contra de la legislación nacional e internacional”.

Todavía el miércoles 19, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, dijo a este reportero que de “ninguna manera” el gobierno de López Obrador aceptaría un trato de TPS, pues se trata de “una política de Estado y, por lo tanto, soberana”.

La cancillería insistió en las medidas adoptadas “de manera soberana” no convierten a México en TPS. “El Tercer País Seguro significaría que firmamos un tratado y que todo el procedimiento de asilo se haría en México. Entonces, ni hemos firmado un tratado ni lo vamos a hacer ni se va a hacer todo el procedimiento de asilo en México”, insistió Ebrard el viernes 21.

Dijo que su equipo de trabajo revisó los documentos relativos a la relación con Estados Unidos que heredó de las administraciones anteriores, incluso planteó que “hasta este momento no hemos encontrado ningún documento que sea secreto, que nos obligue a tomar decisiones en materia migratoria o en alguna otra materia”.

Ana Saiz Valenzuela, directora de la organización Sin Fronteras, opina que, si bien la política anunciada no es “formalmente” un acuerdo de Tercer País Seguro, “encamina” el gobierno mexicano a un pacto de esta naturaleza, “porque están manteniendo en territorio mexicano a gente que considera que su vida e integridad están en peligro en sus países y en México”.

La activista deplora el “caos” que envolvió los anuncios en materia de política migratoria que se sucedieron la semana pasada. 

El martes 18, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron inversiones históricas en México y Centroamérica como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica; el miércoles 19 la administración de López Obrador presentó una “nueva política migratoria” que abandona el enfoque represivo y se centra en los derechos humanos, y el jueves 20, la SRE aceptó la medida de Estados Unidos.

“Estamos confundidos y no entendemos: suenan totalmente contradictorios”, dice Saiz. Recuerda que hasta el momento el gobierno mexicano no ha dado a conocer documentos que respalden los anuncios. “Ninguno está disponible: ni el plan, ni ninguna política que se haya aprobado. Exigimos transparencia, necesitamos ver los documentos que se están firmando, no tenemos información suficiente. Nos preocupan mucho las señales contradictorias”, añade.

Anuncio inflado

El alineamiento de López Obrador con las medidas antiinmigrantes de Trump eclipsó los discursos triunfalistas que Ebrard expresaba en los días anteriores, cuando presumió que el gobierno estadunidense respaldó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, con el compromiso de invertir hasta 10 mil 600 millones de dólares a partir de 2019.

El político lo calificó de “muy buena noticia para México”, y provocó los aplausos del gabinete federal: López Obrador se dijo “contento, satisfecho, porque es una forma nueva, distinta de enfrentar el fenómeno migratorio”, mientras que Sánchez Cordero alabó una “magnífica noticia… en esta relación tan magnífica que el gobierno de AMLO ha estado construyendo con Estados Unidos”.

Sin embargo, la “noticia” estaba inflada: De los 10.6 mil millones de dólares anunciados, 6 mil millones ya fueron invertidos desde 2015 o se están canalizando, mientras que los 4.6 mil millones restantes provendrían de fondos privados aún por definir.

Velasco Vázquez admite que el equipo de Ebrard sólo cuenta con la información contenida en la “nota para los medios” que el Departamento de Estado emitió junto con la declaración bilateral. Según el documento, de los 4.8 mil millones de dólares de inversiones que se anunciaron para México, 2.8 mil millones fueron comprometidos en el periodo de Peña Nieto.

Respecto a los 5.8 mil millones de dólares que se anunciaron para Centroamérica, el Departamento de Estado señaló que 3.2 mil millones ya fueron invertidos desde 2015 –a través de distintos instrumentos financieros– y que, en realidad, el gobierno de Trump pedirá solamente “180 millones de dólares adicionales en asistencia bilateral para la región en 2019”.

El resto del dinero anunciado consiste en recursos de hasta 2 mil millones de dólares para invertir en proyectos en el sur de México y otros 2.5 mil millones para Centroamérica. Esos fondos, añadió la dependencia estadunidense, provendrán de fuentes privadas y se canalizarán a través de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC).

El vocero de la cancillería niega que Ebrard haya intentado presentar el monto como un logro propio. “Algunos recursos estaban contemplados, pero no existían los proyectos para invertirlos. Por esto abrimos el diálogo con los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos para construir estos proyectos”, asevera. 

Recuerda que en octubre pasado, mientras la caravana migrante avanzaba rumbo a Estados Unidos, Trump amenazó con recortar sus apoyos a los países centroamericanos. “Queríamos blindar estos recursos, que son muy importantes para estos gobiernos”, dice.

El papel de la OPIC consiste en atraer inversionistas privados para financiar proyectos previamente identificados y validados en países emergentes –deben cumplir con ciertos estándares de derechos humanos y no afectar empleos en Estados Unidos, entre otros–. La institución garantiza las inversiones, pero no pone dinero por sí misma, y los inversionistas terminan cobrando dividendos.

En los últimos tres años, la OPIC canalizó cientos de millones de dólares a México a través de inversiones en varios proyectos, ya sean energéticos, de viviendas o en instituciones de crédito. En dos ocasiones incluso ofreció a los inversionistas participar en la empresa Financiamiento Progresemos, propiedad del Rafael Moreno Valle Suárez, padre del exgobernador poblano Rafael Moreno Valle. (Este reportaje se publicó el 23 de diciembre de 2018 en la edición 2199 de la revista Proceso)

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