lunes, 17 de diciembre de 2018

02:23:00
José Repetto

Hay quienes creen que en el tema del matrimonio igualitario, que el Estado reconozca como matrimonio la unión entre dos hombres y dos mujeres con exactamente los mismos derechos y obligaciones que tiene un matrimonio heterosexual, se puede conciliar, negociar, llegar a un punto medio para darle gusto a ambos bandos. Pero se equivocan, pues este tema es, en una palabra, parte de una guerra de siglos entre dos grupos.

Por un lado está la comunidad LGBT (la diversidad sexual, integrada por homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales, etc.), los activistas en pro de los derechos humanos (entre quienes hay médicos, abogados, investigadores, otros profesionistas y luchadores sociales de diversas ramas) quienes tienen una década ya peleando por el matrimonio igualitario (en la entidad) y la gente común y corriente que, libre de prejuicios, simplemente está a favor de que se reconozca a las parejas del mismo sexo como iguales ante la ley.

Por el otro están los grupos conservadores religiosos, quienes simplemente están en contra de la homosexualidad porque así lo marca su fe y buscan sustentar de alguna manera su oposición al matrimonio igualitario y la adopción para dichas parejas con argumentos etimológicos (sobre el origen de la palabra matrimonio, como si el significado de las palabras no cambiara con el paso del tiempo y éste fuera motivo para negarle un derecho a alguien. Podríamos desmentir sus demás argumentos, pero nos alargaríamos demasiado), falacias naturalistas (el falso razonamiento de que si algo no es natural es malo), simples mentiras (decir que la atracción hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental), sociales (que los hijos de parejas del mismo sexo sufrirían bullying... por parte de los hijos de quienes están en contra de sus derechos, curiosamente) y la clásica pendiente resbaladiza (slippery slope), cuando dicen que "el siguiente paso" sería legalizar la zoofilia, la necrofilia y la pederastia.

Hay quienes creen que pueden conciliar y, con foros y diálogos, o una solución intermedia, satisfacer a ambas partes, pero se equivocan.

Claramente no hay manera de darle gusto al Grupo A, que cree que los homosexuales merecen los mismos derechos que los heterosexuales, y el Grupo B, que ve a éstos como pecadores, desviados, enfermos mentales y un mal ejemplo para los niños y la sociedad en general, y que si tuviera control sobre ello no sólo bloquearía el matrimonio igualitario sino haría ilegal la homosexualidad y usaría al Estado para perseguir y encarcelar a la diversidad, como lo ha hecho en el pasado y como sucede actualmente en las teocracias del Medio Oriente y varios países de África (claramente el ejemplo a seguir para los detractores).

¿Qué hacer entonces? Los derechos humanos no se pueden reconocer a medias, es injusto intentar complacer a un bando cuya exigencia es negarle a una minoría algo que en nada les perjudica, sólo porque no va acorde con sus valores religiosos, para mantenerla oprimida.

La decisión que se tome inevitablemente acabará disgustando a un importante sector de la población, por ello debemos esperar que el Legislativo aplace indefinidamente el tema mientras las parejas del mismo sexo que desean contraer matrimonio tienen que ampararse para ello, pues esta figura ya está reconocida a nivel nacional como un derecho.

Es nuestro parecer que la mayoría de los diputados son unos cobardes temen asumir el costo político de tomar una decisión y hacer públicas sus posturas.

A lo largo de los próximos meses entrevistaremos a legisladores y otras figuras sobre su opinión respecto a este tema y sus implicaciones. Como medio nuestro papel es dar a conocer las distintas posturas y hacer un balance de éstas.

Por lo pronto sabemos, extraoficialmente, que el presidente del Congreso, el priista Felipe Cervera Hernández, no quiere que este asunto avance y por ello él lo ha mantenido "en la congeladora". Lo mismo la coordinadora de los panistas, Rosa Adriana Díaz Lizama de Santos. Sólo las diputadas de Movimiento Ciudadano se han expresado como bancada a favor del tema. El diputado del PRD es abiertamente indiferente, a pesar de que en la legislatura pasada su entonces representante introdujo una iniciativa al respecto. Los de Morena, todos saben, consideran se debería someter a consulta. Contamos a los del PANAL (partido que ya ni existe a nivel nacional) y el PVEM como priistas, pues en la práctica lo son.

Se comenta que también hay gente en el Gobierno del Estado que no desea que este tema avance, pues el Gobernador tendría que firmarlo en ley si es aprobado por el Congreso. Por lo que sabemos, él personalmente no se opone -el asunto no está entre sus prioridades, en un sentido u otro- pero gente clave en su gabinete sí está muy en contra.

Habrá presiones de organizaciones reaccionarias (la Red Pro Yucatán, el Frente Nacional por la Familia y otras asociaciones civiles menores que no hacen nada más que bajar recursos y activarse esporádicamente cuando se les paga por ello), empresarios, la Iglesia Católica y sus sectas para que el tema no avance o, como en 2009, se apruebe una reforma que cierre la puerta a éste, aunque ahora ello ya no tendría el menor caso pues las parejas del mismo sexo pueden casarse con amparos gracias a un fallo de la SCJN que se remonta a 2015 (la primera boda gay en México se avaló en 2013), y una ley local no puede estar por encima de la normatividad federal.

En conclusión, los grupos conservadores ya perdieron la guerra -al menos en México- y sólo falta que se actualice la legislación en Yucatán y otros estados para eliminar el trámite discriminatorio de tener que ampararse para contraer matrimonio por lo civil, al cual son sujetas las parejas del mismo sexo.

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