MADRID, 24 de agosto de 2018.- 43 años después de la muerte del dictador, el Gobierno socialista inicia este viernes el proceso para exhumar sus restos del monumento que ideó para glorificar su victoria en la Guerra Civil. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con el que da comienzo una operación política de gran complejidad que debe terminar con el dictador fuera del mausoleo del Valle de los Caídos. El decreto, que deberá ser convalidado en el Congreso, da amparo jurídico a la exhumación de Franco, a través de una modificación puntual de la Ley de Memoria Histórica. El Ejecutivo procederá después a sacar los restos del dictador de forma discreta, mientras el consenso político se enturbia por la fórmula elegida por el Gobierno.
 |
| Tumba de Francisco Franco |
La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dado a conocer el contenido del mecanismo legal que se ha ideado para dar cobertura jurídica a la exhumación de Franco y evitar litigios judiciales promovidos por la familia del dictador, que se niega a que se le saque del Valle de los Caídos. Los grupos parlamentarios aguardan los detalles de esa norma para definir sus posicionamientos en una votación que será histórica y en la que PP y Ciudadanos ya han anunciado que no respaldarán la decisión del Ejecutivo.
La Moncloa tiene, no obstante, confianza en que el decreto saldrá adelante porque su convalidación exige solo mayoría simple (más votos a favor que en contra) y cuenta en principio con sus votos y los de Unidos Podemos y sus socios catalanes (ERC y PDeCAT), con los que ha acordado además la anulación de los juicios del franquismo, así como con el PNV, lo que suman 177 síes; uno más que la mayoría absoluta. El PP ha anunciado que recurrirá el decreto al Tribunal Constitucional por no corresponderse con una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
La operación es en todo caso compleja, porque además de los grupos políticos la exhumación requiere el consenso de la familia del dictador y de la Iglesia que gestiona la basílica. La familia se opone pero no podrá actuar jurídicamente contra el decreto. Sí podrá recurrir la decisión administrativa ante la Audiencia Nacional.
La fecha exacta en la que los técnicos levantarán la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba del dictador es una incógnita. Y el Gobierno quiere que así sea hasta el final. La vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, explicó ayer que la intención es que no se informe del día concreto para evitar protestas e incidentes. Lastra calculó que los restos del dictador podrían estar fuera del monumento en el mes de septiembre. La intención inicial de Pedro Sánchez era la de acometerlo el pasado mes de julio. Las complicaciones de la operación han retrasado la fecha, si bien este viernes se da finalmente el primer paso del proceso 43 años después. (Elsa García de Blas / El País)
0 comentarios:
Publicar un comentario