CIUDAD DE MÉXICO / TORREÓN, 9 de julio de 2017.- Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no sólo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.
La implicación de los Moreira fue denunciada el jueves 6 ante la Corte Penal Internacional (CPI), en una comunicación bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo al menos otras 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Además, otras organizaciones civiles y ciudadanos han solicitado de manera particular la intervención del tribunal ante la impunidad con que se cometen esas graves violaciones a los derechos humanos en México.
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| Los hermanos Rubén, gobernador de Coahuila, y Humberto. (Archivo El Siglo de Torreón) |
La comunicación a la CPI, titulada “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, indica que los juicios contra zetas en Estados Unidos “dan cada vez más detalles sobe la colusión y la corrupción que llevó a que altos mandos del gobierno de Coahuila implementaran una política de omisión en apoyo a Los Zetas, comunicando paralelamente sobre su supuesta lucha en contra de estos grupos”.
El documento, entregado en la sede de la CPI en La Haya por el obispo Raúl Vera; el subdirector del Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, así como por las abogadas Ariana García Bosque de Familias Unidas y Jimena Reyes de la FIDH, detalla los testimonios en uno de sus 11 anexos: “Control… sobre todo el estado de Coahuila. Reporte sobre los testimonios analizados de miembros de Los Zetas en San Antonio y Austin”, al que este semanario tuvo acceso.
Sistematizado por las investigadoras Anna Smulders y Stephanie Corte, el informe fue supervisado por el director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, Ariel Dulitzky, expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI).
Defensa de Humberto Moreira
El exgobernador Humberto Moreira acusó que está plagado de falsedades el informe que presentó la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, ante la Corte Penal Internacional sobre asesinatos y desapariciones forzadas de personas en el Estado en el período de 2009 a 2016.
Afirmó que el documento es un "traje condenatorio a la medida" donde primero se eligió al responsable y luego se llenaron las pruebas.
En un texto enviado desde la oficina de prensa de Humberto Moreira, el exgobernador llamó a la FIDH a debatir abierta y públicamente los argumentos contenidos en el informe, y convocó al actual Gobierno de Coahuila a solicitar lo mismo.
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| El exgobernador, Humberto, llama a la FIDH a debatir abierta y públicamente los argumentos contenidos en el informe. (El Siglo de Torreón) |
"En un documento de la FIDH, que actúa en representación y/o asociación de una serie de entidades, se hacen afirmaciones referentes a mi persona, no sólo falsas, sino carentes de toda consistencia, prueba y solvencia, que hacen impropia su acogida por la Federación Internacional de Derechos Humanos, sin haber procedido a la más mínima contrastación previa", dice el comunicado.
"Entiendo que tal falaz informe, se ha ejecutado sin ánimo alguno de llegar a la verdad, sino de provocar una condena mediante la aplicación de derecho penal del enemigo. Se ha elegido al responsable y a continuación se rellenan las supuestas pruebas, como una especie de traje condenatorio, hecho a la medida".
El informe presentado ante la Corte Penal Internacional busca que esta autoridad se pronuncie si existieron delitos de lesa humanidad en asesinatos, desapariciones forzadas y tortura por parte de miembros de los Zetas en colaboración con policías estatales.
Moreira recordó que Roberto Uribe Tapia, quien en una corte federal, declaró que los Zetas entregaron sobornos al Gobierno de Coahuila, y dijo que son declaraciones falsas, otorgadas a cambio de beneficios en su condena.
"No es esta nota el lugar adecuado para contestar a la sarta de inexactitudes y falsedades que se realizan, por lo que ofrezco a los representantes de la FIDH, un debate abierto y público en donde expongan las pruebas de que dispongan y no las meras referencias periodísticas, desmentidas hasta la saciedad".
Moreira ofreció respeto y consideración a los familiares de las víctimas que participaron en el informe junto a la FIDH, y recordó que, al ser padre de un hijo asesinado por los Zetas, él también es una víctima.
Anunció que se defenderá por escrito ante la Corte Penal. "Deseo también, poner de manifiesto que presentaré el correspondiente escrito en el que quedarán demostradas las falsedades que, de forma reiterada, se vienen profiriendo en mi contra con un grave perjuicio moral y económico".
"El meritado escrito será enviado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, si se presenta esta denuncia y también a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a quien emplazo de nuevo para debatir de una vez por todas estas acusaciones. Invito a las demás autoridades citadas a que también lo hagan".
La Administración Estatal emitió un comunicado donde refiere que Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila; donde reiteró su compromiso de trabajo en el tema de personas desaparecidas.
Trabajo en donde se ha involucrado a todos los servidores públicos de Coahuila y que se ha fortalecido con el acompañamiento de los familiares integrantes de los diversos colectivos en la entidad.
"Coahuila es considerado a nivel nacional como punta de lanza al construir políticas públicas en el rubro de personas desaparecidas. Es un estado que se ha diferenciado del resto gracias al trabajo que se ha realizado en el tema de desaparición forzada y de Derechos Humanos", puede leerse en el documento.
Establece que la inercia generada por la creación de políticas públicas y acciones relacionadas con este tema no puede revertirse.
"Parte del legado que dejará el Gobierno del Estado, producto de la voluntad de Rubén Moreira Valdez, es la estrategia de seguridad que se implementó en todo Coahuila, gracias a la cual las desapariciones cesaron y se han creado los instrumentos necesarios con los cuales se han podido atender todos y cada uno de los casos presentados por los colectivos", puntualiza el comunicado.
Posteriormente, se detallan las acciones que se han emprendido durante la presente administración estatal; como la creación de la Sub Procuraduría de personas no localizadas y se incrementó su capacidad al doble; con lo que se han localizado tres mil 119 personas con vida, y 171 personas sin vida.
"Ha habido 70 consignaciones, más de 30 personas están cumpliendo una sentencia por casos de desaparición forzada", puntualiza el comunicado.
También se indica que el compromiso con las familias y con resolver su problema de desaparición, ha quedado comprobado e inclusive ha sido reconocido por diversas instancias nacionales e internacionales expertas en el tema. Además de atender todas las recomendaciones hechas en diversos informes por dichos organismos.
El documento es enfático en señalar el compromiso de Rubén Moreira, a través de acciones concretas en la localización de personas, en el seguimiento de las investigaciones, en las detenciones, en las consignaciones, en el diálogo abierto y total con las organizaciones que representan a personas desaparecidas.
Y refiere que tales acciones se han llevado a cabo con el acompañamiento de las familias; como en las reformas penales en materia de desaparición, las nuevas leyes en la materia y que son únicas en el país, como: la ley de declaración de ausencia, la ley de identificación forense, el Programa Integral para la Asistencia de Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), campañas de difusión, etcétera.
"Todo se ha hecho en coordinación con las familias. No hay una sola propuesta que las familias hayan realizado y que el gobernador haya rechazado; al contrario, las mismas se han convertido en políticas públicas", comentó Federico Garza Ramos, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. (Gloria Leticia Díaz / Proceso/ El Siglo de Torreón)
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