martes, 31 de enero de 2017

enero 31, 2017
LOS ÁNGELES, California, 31 de enero de 2017.- El fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, demandó este martes al presidente de EEUU, Donald Trump, y a su gobierno por considerar que la orden ejecutiva que amenaza con retirar fondos federales a las ciudades santuario es "inconstitucional" y "antiestadounidense".

San Francisco -una ciudad declarada santuario- recibe 1,200 millones al año en fondos federales que se utilizan para servicios de salud, nutrición y seguridad.

El fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera.

"Esta demanda no es un paso que demos a la ligera", dijo Herrera, quien consideró que era necesario para "defender a la gente de esta ciudad", así como el estado y el país de lo que llamó "sobreuso salvaje del poder que tiene un presidente".

Trump firmó el pasado miércoles dos órdenes ejecutivas relacionadas con seguridad fronteriza e inmigración. En una de ellas se especifica que las ciudades declaradas santuario -que rechazan colaborar con las autoridades federales en operaciones contra la inmigración irregular- podrían dejar de contar con financiación federal.

"La orden ejecutiva del presidente no es solo inconstitucional, es antiestadounidense. Es por eso que nos oponemos. Somos una nación de inmigrantes y una tierra de leyes. Debemos ser los 'guardianes de nuestra democracia' que el presidente Obama nos urgió que fuéramos en su discurso de despedida", manifestó Herrera.

A juicio del fiscal, las acciones del presidente Trump demuestran "poco respeto" por la Constitución de EEUU.

"ESte país fue fundado sobre el principio de que el gobierno federal no puede forzar a los gobiernos locales y estatales para que hagan su trabajo, como ejecutar la política migratoria", añadió Herrera, quien amparó su demanda en la Décima Enmienda de la Constitución.

Esa enmienda determina que el gobierno federal solo tiene los poderes especificados en la Carta Magna, el resto son competencias estatales.

La demanda pide a los tribunales que determinen que San Francisco cumple con las leyes federales y por tanto tiene derecho a recibir los fondos federales.

Herrera indicó que San Francisco comenzó a aplicar políticas de amparo a indocumentados hace 28 como respuesta a la vulnerabilidad de los residentes en esa situación, quienes no denunciaban abusos -como violencia doméstica- porque tenían miedo de que les fueran a deportar.

El caso fue presentado en la Corte Federel del Distrito Norte de Calfornia esta mañana en contra del presidente Trump, Estados Unidos, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, y la fiscal general de EEUU en funciones, Dana Boente.(Univision)