CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre de 2016.- Una propuesta para modificar la tipificación de "extranjero criminal" ("criminal alien") en Estados Unidos podría afectar a los extranjeros que residen legalmente en el país y a los visitantes, de acuerdo con The Hill.
El Secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, conocido por su línea dura en migración, fue fotografiado el fin de semana mientras salía de una reunión con el Presidente electo Donald Trump.
Entre sus manos la cámara captó un documento titulado " Propuesta para los primeros 365 días en Seguridad Nacional de Kobach". El Secretario es considerado una de las opciones para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional federal (DHS, por sus siglas en inglés).
Pese a que las manos de Kobach tapaban un poco el documento, las dos primeras secciones del mismo quedaron al descubierto. La primera trata sobre prohibir la entrada de potenciales terroristas y la segunda, la más polémica, sobre la deportación de un número récord de "extranjeros criminales".
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| El secretario del estado de Kansas y asesor de Trump, Kris Kobach filtró por error el ‘Plan estratégico de Kobach para los primeros 365 días’. Dicho documento incluye una lista de propuestas para cumplir una de las consignas más polémicas del republicano: preservar la seguridad en la frontera. (@CJOnline) |
Puesto que no todo el documento quedó a la vista, no es claro si las propuesta s que eran legibles se desarrollan en profundidad en otra parte del texto, que no se ha hecho público formalmente.
Sin embargo, en la parte que habla sobre deportaciones, es legible una línea que dice "los extranjeros criminales, como cualquier extranjero arrestado por cualquier crimen, y cualquier pandillero".
Bajo las regulaciones actuales del DHS, los "extranjeros criminales" son aquellos que cometen o son sospechosos de cierto tipo de delitos, como terrorismo.
Dado que esa categoría comprende tanto a foráneos documentados como a indocumentados, los cambios en la definición que se sugiere en el texto de Kobach afectarían a cualquier extranjero de visita o que viva en Estados Unidos.
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| Entre los puntos dejados al descubierto por el descuido de Kobach está rastrear la entrada de extranjeros que provengan de zonas de alto riesgo, que pudieran ser potenciales criminales, para lo que se actualizaría y reintroduciría el Sistema de Registro Nacional de Entrada y Salida (NSSER), mismo que en 2011 fue criticado por defensores de derechos civiles pues consideraban discriminatorio juzgar a los extranjeros por su raza, creencias y religión. (@CJOnline) |
Los críticos creen que rebajar los delitos de deportación a arrestos -tan distintos como lo son las acusaciones de las condenas- permitiría a las autoridades deportar a los no ciudadanos basándose en el criterio de cada agente de la ley.
"Habría una seria cuestión de debido proceso. Para las ofensas menores, como las de tráfico, un oficial decidiría a discreción si emitir una citación o detener al infractor", alertó a The Hill Barry J. Pollack, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal.
Si bien los extranjeros en Estados Unidos no tienen derecho a los mismos derechos políticos que los ciudadanos, sí tienen derecho al debido proceso.
"Si es es lo que se propone, haría que cualquier extranjero sea un extranjero criminal ", añadió Pollack.
Ampliar la definición de "extranjero criminal" le proporcionaría el ICE una muestra más grande de extranjeros para realizar una cantidad mayor de deportaciones, pero eso no ayudaría a la persecución de criminales peligrosos.
"En lugar de sacar del país a las personas que han cometido crímenes graves, lo que pasaría es que cualquier extranjero, sin importar cuánto tiempo haya estado en el país, sea removido por cualquier falta, por menor que sea", explicó el abogado.
Trump aseguró en una entrevista en 60 minutes la semana pasada que priorizaría la eliminación de unos dos millones o tres millones de extranjeros criminales.
El DHS calcula que hay alrededor de 1.9 extranjeros criminales extraíbles del país. Éstos incluyen a inmigrantes documentados e indocumentados que han sido condenados por delitos graves o delitos múltiples o graves, y a aquellos que han cometido violaciones de la ley de inmigración.
Si se considera sólo a los inmigrantes que hayan cometido cualquier delito, menor o grave, la cifra baja a 800 mil, y si se considera a los indocumentados que hayan cometido un delito grave, baja a 300 mil. (Reforma / The Hill)
