viernes, 26 de agosto de 2016

agosto 26, 2016
MÉRIDA, Yucatán, 26 de agosto.- El juicio contra los psiquiatras Enrique Lara González y Pablo García Santos como probables autores del homicidio calificado de su colega Felipe de Jesús Triay Peniche, perpetrado en 2014, llegó a su fase final por lo que el Tribunal Segundo de Juicio Oral emitirá su fallo este sábado 27.

Triay Peniche, el predio donde fue ultimado y los acusados Pablo García y Enrique Lara.

El juicio arrancó el pasado 1 de junio en la Sala 7 del Centro de Justicia Oral de Mérida, aunque fue este miércoles que la juez Verónica de Jesús Burgos Pérez, quien preside el Tribunal Segundo, hizo el cierre de la etapa de alegatos. Las partes fueron citadas el próximo sábado para escuchar la sentencia.

La fiscalía pidió para ambos acusados la pena máxima, que es de 40 años de prisión, así como el pago de 68 millones de pesos por concepto de indemnización a los deudos de la víctima.

Lara González y Santos García, quienes al momento del crimen fungían como presidente del Colegio de Psiquiatras de Yucatán y responsable del área de Psiquiatría de la clínica T1 del IMSS, respectivamente, son imputados por la Fiscalía General del Estado (FGEY) como autores intelectual, el primero, y material, el segundo, del asesinato de Triay Peniche.

De acuerdo con la Fiscalía, el también psiquiatra fue asesinado y desmembrado el 16 de agosto de 2014 en un departamento que García Santos rentaba en la colonia García Ginerés de esta capital.

Luego de cinco días de conservarlo en hielo en el lugar del crimen, el cuerpo mutilado de la víctima fue abandonado dentro de su propia camioneta en el estacionamiento de un supermercado en la colonia Ciudad Caucel.

El móvil, argumenta la parte acusadora, era un trato laboral que el occiso tenía con una farmacéutica y que uno de los imputados ambicionaba.

En los alegatos de clausura, los fiscales, el asesor jurídico y los defensores de los acusados expresaron sus respectivas posturas.

La juez informó a los acusados que antes de proceder a escuchar los alegatos finales, podían ejercer su derecho a declarar o a guardar silencio. Optaron por callar.

En la fase final de alegatos, el primer turno fue para los fiscales, quienes manifestaron que con las pruebas ofrecidas el Tribunal podrá emitir una sentencia condenatoria, e insistieron en su petición de que imponga la pena máxima a los acusados, pues en coautoría asesinaron a su colega con premeditación, alevosía, ventaja y traición.

En tanto, el representante legal de la parte coadyuvante y asesor jurídico de las víctimas indirectas, se sumó a la petición de la Fiscalía.

En su oportunidad, la defensa de uno de los acusados insistió en la inocencia de su cliente, pues quedó demostrado que éste se encontraba en Cozumel, Quintana Roo, en un evento en el momento en que se perpetró el crimen.

Asimismo, cuestionó la validez probatoria de las periciales que ofertaron los fiscales, pues no se realizaron con la metodología adecuada. También dejó ver inconsistencias en los indicios levantados. (Rosa Santana para Proceso)